Las sospechas de supuestos tratos de favor en las contrataciones municipales de los distritos volvieron ayer a ocupar protagonismo en el pleno extraordinario celebrado a instancias de la oposición para debatir sobre cinco casos concretos de presunta corrupción, los relativos a las contrataciones del primo del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, su ex cuñado y la mujer de éste y del primo segundo del ex edil de Juventud, Lolo Silva, y su madre. La novedad, en cambio, no tuvo que ver con el orden del día, sino con los expedientes desvelados por el PP relativos a nuevas contrataciones adjudicadas por los distritos a una empresa relacionada con Evaristo Troya, militante del PSOE que perteneció en el anterior mandato a la junta municipal del distrito Macarena Norte.

El portavoz adjunto del PP Beltrán Pérez desveló que el Ayuntamiento ha adjudicado otros 21 contratos en un solo año a una empresa creada por Troya en la primavera de 2007 y puesta a nombre de su hermano, Juan Ramón, "para evitar así que apareciesen sus datos en los expedientes municipales". Pérez avanzó que esta nueva empresa, Gabinete de Eventos del Sur S. L., es la continuadora de la anterior, La Casa de Troya S. C., " para seguir poniéndose las botas", como demuestra, a juicio del edil, que la primera contratación municipal se produjese en agosto de 2007 a tan sólo tres meses de su constitución legal.

Este nuevo lote de contratos adjudicados en 19 de los 21 casos "a dedo" al tratarse de obras y servicios menores se produjeron mayoritariamente en el distrito de Macarena Norte, aunque también hay algunos de la Delegación de Participación Ciudadana, para la organización de encuentros sociales y culturales y la celebración de distintas velás. Sucedió así, por ejemplo, en las velás de Valdezorras, San Jerónimo, Pino Montano y Huerta del Perejil, la fiesta de otoño de la barriada Los Arcos, un encuentro del pueblo colombiano en el parque de Miraflores, un concurso de graffitis en el mismo entorno, la velá del Agua Buena y actividades navideñas , entre otras.

La oposición utilizó estos nuevos datos para poner la sombra de la duda en el peso de los contratos librados con Troya, que con las dos empresas suma ya 69 adjudicaciones municipales por valor superior a los 440.000 euros, de las cuales "67 fueron concedidas por el riguroso procedimiento de la designación a dedo". Para el PP, ésta es "la demostración palpable de que existe una trama dentro del gobierno para continuar con el trato de favor a sus hombres", y agregó que los dos socios de gobierno "se reparten cada uno su parte de la tarta; el PSOE con los contratos a familiares del alcalde y ahora con Troya, al que se le permite todo por ser el hombre fuerte del partido en la agrupación de San Jerónimo, y en IU, con los adjudicaciones a la empresa del primo segundo de Lolo Silva, Arecón Eventos y Deportes del Sur".

El delegado de Presidencia y Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, afrontó la nueva denuncia popular de soslayo al final de casi cuatro horas de sesiones plenarias. No aludió directamente a las adjudicaciones de contratos municipales a Troya, pero la incluyó en su argumentario al defender en tono sosegado que "todos los procesos están avalados por los servicios técnicos y jurídicos del Consistorio, y si tienen alguna duda, ya saben lo que tienen que hacer..."

Celis utilizó la misma excusa que el valió al gobierno para eludir la presión mediática y ciudadana en los casos Bermejales y Macarena, la de derivar cualquier responsabilidad contractual en los funcionarios: "Estamos tranquilos porque los políticos no contratamos, eso lo hacen los servicios técnicos de los que ustedes -dijo dirigiéndose a la oposición- dudan constantemente". El concejal que acumula la mayor cuota de poder delegada por el alcalde, tanto en presupuesto como en capacidad de gestión, reseñó incluso que "no miramos el carné a la hora de contratar", y que lo único importante "es que nuestros servicios jurídicos nos digan que [los contratos] son legales". Más a más, Gómez de Celis aludió a un informe elaborado por la consultora Garrigues Walker que sitúa a Sevilla como séptima capital española "en transparencia administrativa".