Alrededor de un centenar de funcionarios de prisiones de la provincia de Sevilla se han sumado al movimiento nacional Tu abandono me puede matar, ya constituido oficialmente en asociación. Con esta iniciativa, los empleados públicos de las cárceles buscan varios objetivos para mejorar sus condiciones laborales. La gran reivindicación histórica de este colectivo es el que puedan ser considerados agentes de la autoridad dentro de la prisión, como lo son los médicos o los profesores en el ejercicio de sus profesiones.

Los funcionarios de prisiones denuncian las carencias de personal que padecen en casi toda España, y que se sufren también en las cárceles de la provincia de Sevilla. Aquí es habitual que haya uno o dos funcionarios para atender a más de 70 internos, una situación que puede derivar en un colapso en caso de que se registre algún incidente. No todos los funcionarios están en el interior de los módulos con los presos, lo que hace que en las estadísticas figure una ratio mejor de empleados públicos por interno. Sin embargo, este dato es irreal porque aquí se incluyen al personal de oficinas, secretarios y demás trabajadores que no están en contacto con los reos.

Fuentes de Tu abandono me puede matar en Sevilla explicaron a este periódico que la edad media de los funcionarios está en torno a los 50 años, con algunas cárceles en las que se supera esta edad. Esto supone una dificultad añadida a la hora de controlar una población reclusa más joven y fuerte, ya que una de las principales actividades en prisión es el gimnasio. Durante un periodo, explicaron las fuentes, se impartían cursos de boxeo en las cárceles, lo que aumentaba la potencial peligrosidad de los reclusos en caso de incidentes.

El 75% de la plantilla de Instituciones Penitenciarias en España tiene más de 40 años. De ellos, el 40% iguala o supera los 50 años. En los últimos nueve años, por cada tres jubilaciones sólo se ha incorporado un funcionario nuevo. En sólo ocho años se han perdido unos 3.400 empleos, pese a que se han inaugurado nuevos centros.

El colectivo pide también que se les dote de unos uniformes más operativos y que cuenten con una mayor formación. Los guantes, por ejemplo, son los típicos de jardinero que pueden adquirirse en cualquier ferretería, que no garantizan una protección anticorte en caso de ser atacado con un punzón. En uno de los centros penitenciarios de Sevilla hay fallos en el arco detector de metales de la entrada, que llevan meses sin arreglarse.

Estos trabajadores apenas han realizado breves cursos de defensa personal o antiincendios a lo largo de años de trabajo, pese a que están expuestos a numerosos peligros a lo largo de su jornada. En el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, por ejemplo, se han registrado ya al menos seis incendios en lo que va de año. 

También han sido numerosas las agresiones a los funcionarios en los últimos años, dado que la conflictividad en las cárceles ha ido en aumento. La entrada de droga en prisión, a través de las visitas de familiares y de los vis a vis, es otro problema difícil de combatir. Los funcionarios no pueden registrar las partes íntimas de los presos ni de los familiares, donde suelen introducirse los estupefacientes. Esto ha desembocado en numerosas muertes por sobredosis en los últimos años en la provincia de Sevilla.

El colectivo denuncia también las carencias del personal médico en las prisiones sevillanas y pone de manifiesto la necesidad de una unidad de psicología para atender a los empleados públicos, que se tienen que enfrentar a diario a situaciones de gran estrés como intentos de suicidio, autolesiones de presos para conseguir una cita urgente con el médico, sobredosis de drogas o peleas entre internos.

A esto se le une la falta de visibilidad de estos problemas, que no llegan a ser de conocimiento de la sociedad. Recientemente hubo en una cárcel una pelea entre internas. Una de ellas introdujo el puño en la vagina de la otra para robarle lo que llevaba en su interior. Ese incidente fue hecho público por Instituciones Penitenciarias, pero lo hizo recurriendo a un eufemismo y asegurando que una interna había sufrido una "revisión ginecológica forzada", cuando en realidad esto podría ser considerado por la Justicia como una violación.

Los funcionarios aseguran que se sienten muy desprotegidos, ya que no llevan consigo armas ni defensas, y son sometidos a investigaciones internas cada vez que un preso les denuncia. El hecho de no tener presunción de veracidad, como sí lo tendría un policía en la calle ante un conflicto similar, les resta mucha autoridad a la hora de ejercer sus funciones.

Cada vez hay más mujeres en la plantilla de las cárceles de Sevilla, y a veces se ven obligadas a aguantar insultos machistas, agresiones verbales o abusos sexuales por el mero hecho de ser mujer. Las funcionarias lamentan que, lo que en la calle sería un delito, dentro de la prisión no sea considerado así. 

Tu abandono me puede matar denuncia también el "agravio comparativo" al que los funcionarios han sido sometidos por la administración penitenciaria. Mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil han conseguido subidas salariales importantes en los últimos años, los funcionarios de prisiones no lo han hecho pese a que dependen también del Ministerio del Interior. Hay en esta profesión muy pocas posibilidades de hacer carrera y ascender. Además, se han dado unos incentivos económicos, que en el gremio se conocen como bufandas, que sin embargo han quedado a discreción de los directores de las prisiones, con lo que en la práctica se ha generado un mal ambiente de trabajo entre los funcionarios que han recibido el premio y los que no. Hay incluso quien ha decidido donar esa cantidad.

Los trabajadores públicos de las prisiones se sienten olvidados no sólo por el Gobierno, sino por todos los partidos políticos, que les han mostrado su apoyo estando en la oposición y sin embargo luego han ignorado sus reclamaciones. Incluso sufrieron en el año 2018 la brutalidad policial en una carga de los antidisturbios a las puertas de la prisión de Morón, donde había una protesta de funcionarios. Uno de los manifestantes ha perdido un ojo.

Este colectivo tiene previsto realizar una serie de actos reivindicativos y de protesta para los próximos meses, siempre con las medidas de higiene y distanciamiento social, para hacer visible el malestar de los funcionarios de prisiones de toda España.