La Universidad tardó nueve meses en personarse como acusación

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) tardó nueve meses en personarse como acusación particular en la causa abierta por el tráfico de exámenes, hechos que habían sido denunciados por las dos profesoras ante la Guardia Civil en julio de 2014 pero por los que la institución no ejerció acciones legales hasta el 6 de abril de este año. Tras la apertura de la investigación, el juzgado decretó el archivo provisional por falta de autor conocido, pero en junio de este año procedió a la reapertura y a la imputación de los cuatro estudiantes a los que la UPO acusó del fraude. La denuncia de la Universidad contra estos estudiantes, que habían reconocido que tenían el examen final un día antes de su celebración, apunta a que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal, que castiga con penas de dos a cinco años de prisión la "difusión, revelación o cesión a terceros" de los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas.

El mismo artículo castiga con penas de uno a tres años de cárcel y multa de 12 a 24 meses al que, "con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita" en el apartado anterior. El rector de la UPO, Vicente Guzmán, resolvió el 24 de noviembre de 2014 suspender la tramitación del expediente disciplinario contra los cuatro estudiantes imputados, a los que se reprochó que, pese a la "oferta de colaboración a los expedientados para esclarecer los hechos y evitar incidencias futuras, éstos han incumplido sus compromisos de colaboración".

En esa resolución, el rector acordó formular denuncia en los juzgados de Instrucción de Sevilla. Antes de esa decisión, el departamento de Economía Financiera y Contabilidad realizó un informe en el que se recogían los indicios respecto al acceso al correo personal de alguno de los profesores y se había accedido al Dropbox. "Estos indicios estaban fundamentados en el hecho de que en las convocatorias de los dos últimos años alumnos que en la última semana de curso habían obtenido una calificación muy baja, por ejemplo de dos puntos sobre 10 en una prueba, una o dos semanas más tarde habían alcanzado calificaciones brillantes", señalaba el informe, que recordaba lo que había ocurrido en la asignatura de Contabilidad de Gestión I, en la que se "había comprobado que los alumnos tenían acceso a las claves de los profesores". Los cuatro imputados confesaron al decano que disponían del examen previamente, pero "al menos diez personas más, algunas de ellas en las academias de contabilidad" también lo tuvieron.