El gran tabú está a punto de caer. Y probablemente cuando lo haga será de forma definitiva. Irreversible. Sin posibilidad alguna de dar marcha atrás. El gobierno municipal que preside Juan Ignacio Zoido (PP) planea utilizar los fondos públicos del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) para financiar un hipotético programa propio de inversiones a través de la Gerencia de Urbanismo durante lo que resta del presente mandato de gobierno.

Así, al menos, se recoge en la hoja de ruta que el Partido Popular elaboró, junto a un alto cargo de este departamento municipal, desde casi un año antes de llegar al poder. Dicho documento, que es la guía secreta con la que el ejecutivo de Zoido está tomando casi todas sus decisiones en materia de urbanismo, ha comenzado a aplicarse en relación a las cuestiones de personal y a la reestructuración de Urbanismo, aunque sus principales estrategias de fondo -la reforma encubierta del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla o la nueva gestión financiera de la Gerencia- se mantienen en secreto a la espera de que las elecciones autonómicas de marzo despejen la incógnita de quién gobernará Andalucía. Todo hace indicar que si Javier Arenas triunfa en dichos comicios, la aplicación de estas medidas pasará a ser una prioridad inmediata, ya que automáticamente pasará a contar con el aval de la administración pública que tutela la política urbanística de los ayuntamientos.

El plan, sin embargo, todavía está bajo estudio jurídico. El alto cargo que guía las decisiones del PP en la Gerencia lo explica con todo detalle en el documento interno en el que, entre otras cuestiones, sugiere distintas tácticas para sacar a Urbanismo del bucle financiero en el que se encuentra: con un alarmante descenso en los ingresos -consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria- y un nivel de gastos estable -demasiado alto, ya que procede de tiempos de bonanza- que prácticamente hipoteca su margen de movimientos. Esta circunstancia es la que explica que los presupuestos de la Gerencia para 2012 se hayan inflado, en base a unos hipotéticos ingresos por venta de patrimonio cuya realización pone en duda hasta el interventor municipal, para dar la impresión de que la ciudad no se ha detenido y Urbanismo seguirá invirtiendo.

Bajo esta idílica estampa oficial late, en realidad, el verdadero problema de fondo: el PP puede mantener la Gerencia funcionando como un zombi -pagando sus gastos fijos y poco más- pero difícilmente podrá, si no aborda a medio plazo un plan de ajuste, acometer ninguna inversión propia de cierta enjundia durante el mandato municipal. Lo que obligaría a presentarse a las próximas elecciones locales con un balance demasiado pobre.

La estrategia prevista en la hoja de ruta para darle la vuelta a la situación emula una de las vías que en su momento ya exploró el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín: utilizar parte del Patrimonio Municipal de Suelo (el único músculo financiero propio que tiene el Ayuntamiento) para financiar un plan extraordinario de inversiones urbanas. La fórmula, por tanto, no es nueva. Sí lo es su impacto: Monteseirín utilizó hasta un 25% de los fondos de suelo del Consistorio para pagar parte de sus Planes de Barrios, dos programas urbanísticos de ejecución dispar que contemplaban diversas operaciones de regeneración en la urbe consolidada: pequeñas obras, rehabilitación de núcleos residenciales privados (con un nivel de renta bajo) y otras iniciativas de regeneración urbana.

El anterior alcalde tuvo que hacer una lectura sui generis de la legislación andaluza de urbanismo -la LOUA- para poder acometer estos proyectos. ¿El motivo? Que dicha normativa fija estrictamente por ley el destino de estos fondos económicos. El Patrimonio Municipal de Suelo, a efectos jurídicos, es una bolsa de dinero segregada del presupuesto ordinario y procedente de los ingresos de la gestión urbanística. Además, es de carácter finalista. Se nutre de la venta de solares, suelo y patrimonio inmobiliario público, incluidas las cesiones inherentes a la actividad urbanística (el 10% de los aprovechamientos lucrativos), y sólo puede utilizarse para invertir en terrenos, urbanizar suelos públicos y facilitar las promociones oficiales de vivienda protegida (VPO). Cualquier otro destino de este dinero supone una heterodoxia en términos urbanísticos. Y legales.

Monteseirín encargó en su día un informe a los servicios jurídicos de Urbanismo para poder utilizar parte de estos fondos a fines distintos, ya que derivarlos para asumir gastos corrientes es, legalmente hablando, imposible. Los servicios jurídicos validaron la fórmula pero no fue suficiente. El anterior Ayuntamiento necesitó además un aval expreso de la Junta de Andalucía, que fijó la cuantía exacta en la que estos fondos se destinarían a fines distintos a los previstos por la ley. La Junta limitó entonces dicha desviación a un máximo del 25% del dinero disponible. Una forma de dejar hacer al Consistorio pero sin poner en peligro la estratégica hucha del suelo público municipal. Usar en mayor medida esta bolsa económica hubiera implicado, además de un fraude de ley (pues convertiría en norma una excepción), la despatrimonialización del Consistorio.

La importancia estratégica del Patrimonio Municipal del Suelo está fuera de toda duda: sin esta herramienta jurídica un ayuntamiento ni puede impulsar la gestión urbanística ordinaria de una ciudad ni, en caso necesario, regular mediante la puesta en el mercado de terrenos públicos el precio medio de la vivienda. Por otra parte, al financiarse en buena medida con las aportaciones de los derechos urbanísticos públicos -las compensaciones que un municipio obtiene para la sociedad de la gestión inmobiliaria privada- cualquier destino de dicho dinero que no sea declarado de interés general constituye una grave anomalía jurídica.

El PP, según su hoja de ruta para Urbanismo, tiene la intención de seguir la misma lógica que Monteseirín: detraer de la partida presupuestaria del Patrimonio de Suelo de Sevilla fondos suficientes para gastar en operaciones en determinadas barriadas, un destino que, en su día, el propio PP censuró al ex alcalde asegurando que su Plan de Barrios sólo buscaba obtener réditos electorales en determinados distritos. Ahora, sin embargo, el impacto que esta medida tendría en el principal instrumento de la política urbanística será mucho mayor. El informe secreto que explica la política urbanística del PP habla de destinar a fines ajenos a los admitidos por la ley entre "un 35 y un 40% de los fondos de suelo disponibles". Entre 10 y 15 puntos porcentuales más que el PSOE.

¿Es viable la fórmula en estos términos? Existen dudas. El alto cargo de Urbanismo que ha estado asesorando al PP sostiene que sí. Da sus razones: la modificación del artículo 75 de la LOUA introducido por la Ley 11/2010 de medidas fiscales para la reducción del déficit público y la sostenibilidad. Según la lectura del asesor interno del PP, esta normativa levantó el tope del 25% existente hasta entonces y abrió la mano para que con este dinero, además de los usos ortodoxos [inversiones en suelo, urbanización de terrenos y VPO] se financien otras cuestiones de interés social y "actuaciones privadas", preferentemente en áreas urbanas degradadas o "en inmuebles de patrimonio cultural". Esta tesis permitiría, por ejemplo, usar el dinero del Patrimonio Municipal de Suelo para rehabilitar iglesias (Santa Catalina, por poner un caso) y contratar proyectos en determinados barrios.

Sin entrar a evaluar la idoneidad de tales medidas -cuyo impacto político es evidente- lo cierto es que cualquier disminución de los fondos de suelo dejaría con menos recursos la construcción de VPO o iniciativas de urbanización como el Plan Impulsa, que adelantaba a los promotores privados la urbanización de terrenos a cambio de obtener pisos sociales. Además, supone una evidente contradicción con el discurso político del PP, que en la oposición censuró a Monteseirín que el dinero del Patrimonio de Suelo se utilizase para fines distintos a los que fija la legislación urbanística de Andalucía.