Por la seguridad ciudadana. Es la principal razón que ha expuesto este martes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sobre la decisión del Ayuntamiento de pedir a la juez que no ejecute la sentencia contra los 44 policías locales afectados por las oposiciones amañadas en 2012 para acceder a este cuerpo. A dicho motivo el regidor hispalense añade el hecho de que el recurrente haya solicitado también la inejecución, por lo que "no tendría sentido" que la administración municipal continuara reclamando su ejecución. 

Sanz ha alertado del grave problema de seguridad que se crearía al tener que prescindir de los 44 agentes locales en una ciudad donde el déficit de estos policías llega a 500. En este punto ha recordado que durante 2023 se han sacado 71 plazas. 

Ésta es una de las razones que ha provocado el cambio de criterio, puesto que el propio alcalde durante este verano aseguró que los policías afectados por la filtración de los exámenes en las oposiciones de 2012 serían cesados en septiembre y que se realizaría una nueva prueba el día 30 de este mes. 

Una situación "chocante"

A dicha justificación se suma el hecho de que el propio recurrente contra las oposiciones haya pedido recientemente la inejecución de la sentencia, que ordenaba repetir las oposiciones, lo que provocaba que los agentes tuvieran que cesar de sus cargos. Según Sanz, "no tiene sentido que si el recurrente solicitaba la inejecución, el Ayuntamiento no lo hiciera también". 

El alcalde incide en que durante todo el proceso judicial estos agentes "ni han estado imputados ni han acudido a declarar como testigos", una situación que califica de "chocante". 

No obstante, como ha recordado el alcalde, la última palabra la tiene la juez. En caso de que aceptara la solicitud de inejecución, no habría que repetir el examen y los policías afectados podrían seguir trabajando en sus responsabilidades actuales.