Llegó el día. El Ayuntamiento de Sevilla activó ayer por la mañana la ampliación del sistema de estacionamiento de pago o zona azul que ha suscitado polémica entre los grupos políticos de la oposición, vecinos y trabajadores de las zonas afectadas. Entre ellas, se encuentran por primera vez enclaves como Bami (1.726 plazas), Macarena (229), Pirotecnia (772) y Luis Montoto (786), así como el incremento del número de plazas existentes en Viapol y el Centro. Y la medida provocó nuevas protestas en su primer día de funcionamiento, en el que muchos de estos estacionamientos se quedaron vacíos al desplazarse el tráfico hacia otros puntos para evitar el pago.

Si las primeras protestas se centraron en Bami, donde los afectados salieron esta semana a la calle para manifestar su rechazo a la medida, en los últimos días han ido surgiendo nuevos frentes de oposición. Ayer, quienes alzaron la voz fueron los trabajadores de Telefónica, empresa que suma casi 1.200 trabajadores repartidos en sus tres sedes: central San Bernardo (calle Jiménez Aranda), central Oriente (calle Luis Montoto) y central Murillo (calle La Florida). El primer movimiento realizado por los empleados de la multinacional fue reportar a la responsable territorial la nueva situación generada por la implantación de la zona azul para que medie con el Ayuntamiento. "Los trabajadores no pueden estar bajando para sacar un nuevo ticket cada dos horas cuando gran parte del personal se encarga de la atención telefónica", explicó Raquel Díaz, trabajadora y Secretaria General de CCOO en Telefónica Sevilla, quien aseguró que ahora será la empresa la que decidirá qué acciones tomar para paliar el problema.

En paralelo, los trabajadores están recogiendo firmas entre el personal de la empresa, comerciantes y vecinos para solicitar al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, la paralización de la normativa y la posibilidad de "abrir nuevas opciones" para solventar los problemas de estacionamiento. Junto a la recogida de firmas, los empleados preparan un acto simbólico el día 26 a las puertas de la central de San Bernardo (en ella trabajan más de 800 empleados) junto con vecinos, comerciantes y trabajadores afectados en Nervión, Bami y la Cartuja.

Respecto al primer día de la implantación de las plazas de aparcamiento reguladas, los trabajadores aseguraron que la medida para ahuyentar a los gorrillas, como expresó en su día el gobierno de Zoido, está provocado que estos se acumulen en calles cercanas donde las plazas de aparcamientos brillaban por su ausencia. "Hemos tenido que aparcar al lado de la Estación de Santa Justa. Era la jungla, hasta cuatro gorrillas se peleaban por conseguir aparcar un coche", afirmó Díaz. La avenida de Luis Montoto y la Buhaira son las calles donde es más caro aparcar, con una categoría MAR (de alta rotación y con un tiempo establecido de estacionamiento de un mínimo de 36 minutos y un máximo de 60). Un patrón que también se repite en Luis de Morales, en el tramo comprendido entre Luis Montoto y Eduardo Dato.

La principal queja de los trabajadores es que el Consistorio no ha contado para nada con ellos para implantar la zona azul. Por ahora, el único que esta negociando con el gobierno municipal es el comité de empresa del Hospital Virgen del Rocío para que los empleados del centro tengan descuentos y bonificaciones similares a la de los residentes (80 euros al año). El Ayuntamiento, por su parte, afirma que está abierto a negociar estos bonos como cualquier colectivo que se interese. La secretaria general de CCOO en Telefónica Sevilla aseguró que las tarjetas para los vecinos no son adaptable a los trabajadores. Para que sí lo fueran, se tendría que modificar la ordenanza municipal.

En paralelo, el portavoz municipal de Izquierda Unida, José Manuel García, presentó ayer ante el Registro General del Ayuntamiento un recurso de reposición contra la ampliación de la zona azul, al considerar que el procedimiento seguido para imponer esta medida "en modo alguno se ajusta a la legalidad". Al igual que ya argumentó el PSOE, IU explica que no sólo se ha adoptado esta medida sin ningún tipo de debate, consenso ni participación ciudadana, sino que "encima hablamos de una decisión nula de pleno derecho", ya que la relación de calles afectadas por esta tasa debería haberse aprobado en el Pleno municipal y no a través de una resolución de la Delegación de Movilidad, como finalmente ha ocurrido. "El PP ha mostrado su verdadera cara con la cuestión de la zona azul", apuntó García, quien precisó que su grupo municipal no está de acuerdo "ni con el fondo ni con la forma" de esta medida, ya que Zoido no persigue con ella mejorar la movilidad o solucionar los problemas de aparcamiento de la ciudad, sino simplemente "hacer caja" y saciar su "enorme voracidad recaudatoria".

Mientras, el PSOE sigue recibiendo quejas ciudadanas. Y la organización de consumidores Facua anunció que recurrirá por la vía contencioso administrativa, al no recoger las ordenanzas fiscales la nueva relación de calles afectadas, aspecto que sí figura en una resolución ya publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Facua recomendó a los usuarios "que guarden los tickes" para reclamar la devolución de los importes "si el juez da la razón a Facua".