El grupo popular en el Ayuntamiento recibió ayer un espaldarazo a su estrategia de denuncia de corrupción en el Grupo Socialista practicada en las pasadas elecciones municipales. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la magistrada-juez Mercedes Ayala Rodríguez, ha decretado el sobreseimiento provisional de la querella interpuesta por el Grupo Socialista en el Consistorio contra tres dirigentes del PP, Juan Ignacio Zoido, Luis García Navarro y Beltrán Pérez, que denunciaron la existencia de una trama de corrupción en dicho Grupo Socialista para obtener financiación ilegal. Los populares denunciaron el caso durante la campaña de las pasadas municipales, cuando el candidato del PP, Juan Ignacio Zoido, en pleno debate televisado por la cadena Localia, entregó al candidato socialista, Alfredo Sánchez Monteseirín, la fotocopia de un fax remitido desde el Grupo Socialista en el que se daban instrucciones a la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad sobre cómo elaborar una factura falsa. Aquella acción de Zoido supuso un auténtico revuelo en la campaña y marcó en buena medida la actualidad municipal incluso después de los comicios. Los socialistas no tardaron en calificar los hechos como una "calumnia".

La juez realiza una aseveración tajante en el auto: "Del contenido del fax se deducen datos objetivos indicativos de la probabilidad de que los hechos imputados fueran ciertos. Podrían interpretarse como instrucciones por parte del Grupo Socialista para elaborar facturas falsas o infladas, pues en dicho fax se recoge el importe de la factura y el gasto real, sensiblemente inferior al primero, y que lo anterior pueda servir para para la financiación ilegal de dicho grupo, pues se indica en dicho fax que parte se envíe en un sobre al Ayuntamiento y el resto se meta en una caja fuerte".

La magistrada también afirma en el auto que el polémico fax se corresponde con el auténtico según el informe testimonio del informe pericial aportado. De esta forma despeja las dudas sobre la autenticidad del documento presentado por Zoido en aquel debate electoral. La querella del PSOE, además de poner en tela de juicio la veracidad de dicho fax, reclamaba el pago de 6.000 euros por el daño moral causado por las "calumnias" del PP con su denuncia sobre la corrupción en el grupo municipal de los socialistas.

Los socialistas defendieron hace un año de que del análisis de documento aportado por Zoido en aquel debate electoral podía colegirse que el fax estaba "manipulado" y era "falso" con la intención de "crear la apariencia de su efectiva remisión desde el grupo municipal socialista del Ayuntamiento, ya que en el mismo se hace figurar el número del fax del grupo".

Este caso no deja de ser una derivación del caso de las facturas falsas que sacudieron el distrito Macarena y que terminaron por forzar la dimisión del concejal José Antonio García (PSOE). Con la exhibición del polémico fax remitido desde el Grupo Socialista hasta la Federación de Vecinos Unidad, el PP trató de estirar el caso lo máximo posible hasta sacarlo a relucir en la recta final de la campaña de las pasadas elecciones.

Los populares realizarán hoy una declaración pública sobre este auto que entienden como un aval a su estrategia electoral.