La juez archiva la causa contra tres jefes de la Udyco acusados de ocultar el robo de la droga

La juez de Instrucción número de 19 de Sevilla ha decretado el archivo de la causa abierta contra el ex jefe de la Udyco, Francisco T. P., y otros dos jefes de grupo de esta unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, en relación con la investigación en la que se les atribuía presuntamente un intento de ocultar la sustracción de los 154 kilos de cocaína y heroína del calabozo de la Jefatura Superior de Policía y ocultar las evidencias del robo.

Esta decisión se conoce tan sólo un día después de que la juez Ana Escribano haya decidido procesar al ex agente de la Udyco Lars Sepúlveda Madsen y a otras tres personas como presuntos responsables de la sustracción de la droga, con la que obtuvieron unas ganancias de más de cuatro millones de euros.

El auto señala que procede el sobreseimiento de las investigaciones, una vez que la Fiscalía manifestó que "a su juicio no está debidamente justificada la perpetración del delito de omisión del deber de perseguir delitos" y solicitara precisamente el archivo, por lo que acuerda archivar la causa al decaer el principio acusatorio, dado que la acusación pública no plantea ninguna responsabilidad penal de los agentes investigados.

La Fiscalía de Sevilla presentado hace unos días un escrito en el juzgado de Instrucción número 19, en el que solicita el archivo al entender que no había "pruebas ni indicios suficientes de que la actuación de alguno de los funcionarios imputados tuviera por finalidad desviar la investigación por caminos distintos a los que en definitiva se siguieron".

El Ministerio Público afirmó en dicho dictamen que "si bien en principio hubo sospechas y algún indicio" de que eso pudiera haber ocurrido, con lo que los agentes habrían cometido un delito de omisión del deber de perseguir delitos, una vez "agotadas todas las vías de investigación, no puede afirmarse que haya motivos suficientemente razonables para mantener una acusación en este sentido".

El escrito del fiscal Antidroga de Sevilla, Alfonso Demetrio Sánchez, sí que puso de manifiesto que la investigación sacó a la luz "las deficiencias del lugar dónde se almacenaba y custodiaba la droga aprehendida por la Policía, no sólo por las dificultades de almacenamiento que presentaba el lugar, sino por los escasos medios de seguridad que tenía". Pero estas circunstancias, aclara el fiscal, "podrán dar lugar a una responsabilidad administrativa, pero no de carácter penal".

La Fiscalía relata en su informe que los hechos investigados se remontan a la petición que el propio Ministerio Público realizó el 23 de mayo de 2008 al juzgado para que se practicada un segundo análisis de una sustancia intervenida en una operación en el área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. La juez contactó con uno de los policías que estaban imputados, el jefe del grupo II de la Udyco, José R. G., para comprobar si ya se había destruido la droga, informando de que la sustancia no había sido destruida y se hallaba en las dependencias policiales.

La droga fue llevada el 5 de junio al área de Sanidad y, al abrir el paquete, se comprobó que había sólo cinco paquetes -debían de ser seis- y el aspecto y color de la sustancia no era el mismo que la cocaína que había sido intervenida, ya que los análisis pusieron de manifiesto que sólo uno de los paquete llevaba trazas pero de heroína.

Ese mismo día, el jefe del grupo II, continuaba el fiscal, llamó por teléfono al juzgado para solicitar autorización para la destrucción del alijo y aunque esto pudiera considerarse un indicio de que "quería hacer desaparecer la prueba de que la cocaína había sido sustituida por otra sustancia, tal indicio no tiene suficiente consistencia para mantener una acusación". Así, el fiscal recuerda que el funcionario dio una explicación sobre su forma de actuar, "achacando a los nervios del momento no haberse expresado con perfecta claridad", pues acaban de descubrir que el paquete que llevaron no contenía la cocaína, pues la destrucción que solicitaba era la del verdadero alijo que creía podría localizar en el depósito y trasladarlo a Sanidad para un nuevo análisis.

Tras descubrirse que en realidad no era cocaína, comenzaron una serie de gestiones para averiguar "si se había producido algún error en la cadena de custodia o en el almacenaje de la sustancia intervenida", por lo que el 11 de junio se reunieron los responsables de los distintos grupos de la Udyco y otros funcionarios de Policía Científica. Una vez descartado el error en la toma de muestras, la recogida, el traslado a Sanidad y en el lugar de depósito, el 12 de junio -una semana después de que conocieran la desaparición-, el entonces jefe de la Udyco y el jefe del grupo II se personaron en el juzgado informando a la instructora de lo ocurrido en el almacén de drogas de la jefatura.

El tiempo transcurrido desde que los funcionarios tienen "la certeza" de que no ha habido un error en la etiqueta o almacenaje de la droga hasta la comunicación al juzgado de la desaparición "no puede considerarse excesivo si se tiene en cuenta la actuación que realizaron los funcionarios para averiguar lo ocurrido". Y tampoco hay pruebas ni indicios suficientes de que la actuación de alguno de los funcionarios imputados "tuviera por finalidad desviar la investigación por caminos distintos a los que en definitiva se siguieron".

El antiguo calabozo donde se guardaban las sustancias intervenidas tenía cuatro llaves, dos de las cuales -de la entrada a la zona donde se ubican los calabozos y la primera de las puertas del mismo- estaban a disposición de "múltiples personas", no sólo de los miembros de la Udyco, y las otras dos eran las de sendos candados de las últimas puertas de entrada. El juego completo de llaves sólo lo tenía el inspector jefe Francisco T. P.

En el interior de una de las cerraduras de acceso a los calabozos se encontró un pequeño trozo de cinta de embalar, pero según la Fiscalía "no se ha podido acreditar quién la puso allí, ni con qué finalidad, pues no ha quedado suficientemente probado que aquel pequeño trozo impidiera el funcionamiento de la cerradura, de la que, por otra parte, existiría más de una llave".

El Ministerio Público advierte de que "no se ha llegado a ninguna conclusión fiable en relación con estos hechos, pues no se ha aclarado quién pudo poner el trozo de cinta -que pudo ser colocado con la puerta abierta o cerrada-, tampoco se ha concretado cuándo fue colocado, ni que realmente esa supuesta manipulación impidiera el juego de la llave".

Sobre los perfiles genético de los imputados entre los paquetes almacenados, tampoco se considera un indicio suficiente, dado que aparecieron perfiles de otras personas que teóricamente no debían haber tocado esos paquetes.

Por todo ello, la Fiscalía pidió el archivo de la causa contra el ex jefe de la Udyco Francisco T. P. y los jefes de grupo José R. G. y Víctor O. F., al considerar que de todo lo actuado "no resultan motivos suficientes para estimar justificada la perpetración de un delito de omisión del deber de perseguir delitos".

La Audiencia de Sevilla ya absolvió, en julio de 2011, al inspector jefe Francisco T. P. de otro delito de omisión de perseguir delitos por favorecer a un clan de narcotraficantes conocido como Los Barriga. La sentencia fue rotunda al afirmar que no existía la menor prueba de que el ex responsable de la Udyco hubiese cometido ningún delito.