Una asociación de abogados pro bono, el Comité René Cassin, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la situación que se vive en el Polígono Sur, donde decenas de familias llevan meses sin luz eléctrica en sus casas. El gran apagón se produjo después del incendio de un transformador el día 26 de febrero. Esa instalación daba servicio a 256 hogares.

"Para las viviendas de los pisos altos de los bloques se añade la carencia del suministro de agua, al carecer de potencia elevadora al no disponer de energía eléctrica para ello", apunta el escrito del Comité René Cassin. Esta asociación recuerda que un mes después del primer incendio, salió ardiendo otro transformador, pero este sí se reparó inmediatamente porque es el que daba servicio al parque de bomberos, "en clara muestra de discriminación con los otros transformadores".

Los abogados señalan que los apagones afectan a la zona más deprimida del Polígono Sur. Los bloques sin luz están en las calles La Eneida, Utopía, Edipo Rey y Novelas ejemplares. Las viviendas son propiedad de la Junta, en concreto de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). "Lo descrito guarda relación con el funcionamiento del sistema de distribución y también con el impacto, que deseamos realzar desde el inicio, en el sistema de distribución de la extracción no autorizada de electricidad. La situación en la barriada afectada refleja problemas de más calado de privaciones económicas, laborales y culturales, y muy determinadamente, de pobreza energética".

El comité apunta que tanto AVRA como Endesa y las autoridades gubernativas autonómicas y municipales "parecen tender a abstenerse como si la situación no les afectara en sus competencias y en sus obligaciones sociales y políticas".

La ausencia de suministro comenzó en pleno invierno y sigue con las altas temperaturas actuales. "No es posible conservar los alimentos. Inutiliza los mecanismos de camas articuladas de los numerosos impedidos que habitan en los bloques. Imposibilita la utilización de aparatos de ayuda a la respiración que funcionan con corriente eléctrica. Impiden hasta extremos insoportables el lavado de la ropa de cama y uso personal. Anulan el uso de calefactores y otros aparatos de calor ambiental".

Los abogados lamentan que las autoridades gubernativas, como el delegado y el subdelegado del Gobierno, de quienes dependen los cuerpos de seguridad, "sortean las exigencias de efectuar informaciones y denuncias de los pisos en los que se cultiva marihuana y cuyas necesidades energéticas se cubren con enganches ilegales, que averían los transformadores y deterioran el suministro ordinario a las restantes viviendas".

Cuando se ha intentado plantear esa necesaria tarea policial en coordinación con fiscales y jueces, añade el comité, "se alza la muralla de las garantías procesales, la necesidad de denuncias pormenorizadas de particulares expuestos a las coacciones, amenazas y palizas y extorsiones de clanes perfectamente conocidos por los servicios policiales, frente a los que la impasibilidad de los mismos es pareja a otras desidias funcionariales".