A menos de cien días para que se ponga fin al histórico peaje de la autopista Sevilla-Cádiz (AP-4), los empresarios celebran que esta conexión quede liberada definitivamente. La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) mostró ayer su “satisfacción” porque hemos entrado en los últimos días hasta la finalización del peaje entre Cádiz y Sevilla, el 31 de diciembre 2019.

El Gobierno licitó en agosto el mantenimiento de la vía, un paso decisivo

En una nota, el presidente de la confederación gaditana, Javier Sánchez Rojas, tras una reunión de su junta directiva, destacó el inminente final “de un agravio para la provincia que se prolonga desde 1972”. “Estamos cerca de llegar a un final muy deseado por nuestra organización, que lleva años reclamando este hito”, expresó.

En este sentido, recordó que la web de la CEC, www.empresariosdecadiz.es tiene un marcador de tiempo puesto marcha atrás “porque es algo que ansiamos desde hace muchos años: el final del peaje”. “Hoy ese indicador ya marca menos de cien días hasta la llegada de una fecha muy esperada”, destacó.

La organización empresarial aseveró que restan aún metas en relación con las infraestructuras, un elemento esencial para que la provincia de Cádiz pueda competir en equidad frente a otros territorios. “Este factor es fundamental para aprovechar nuestra privilegiada posición geográfica como punto logístico para el comercio internacional”, afirmó Sánchez Rojas.

En este sentido, defendió que el desdoblamiento de la Carretera Nacional IV y la Vejer-Algeciras, la conexión ferroviaria del Campo de Gibraltar con los corredores europeos y la solución de nudos de comunicación como Tres Caminos son los siguientes retos que, en materia de infraestructuras, deben encontrar solución inmediata por parte de las instituciones públicas.

El Gobierno central dio un importante paso adelante para la supresión del peaje de la autopista AP-4 a partir del 1 de enero del próximo año. Y ese paso fue la aprobación por parte del Consejo de Ministros el pasado agosto de la licitación del mantenimiento de esta infraestructura, clave para la conexión entre las dos provincias, por un importe de 24,7 millones de euros.

Este contrato entra en vigor en el momento en el que la infraestructura revierta el Estado tras caducar el próximo 31 de diciembre la concesión que actualmente explota Abertis.

El pliego de condiciones incluye la subrogación del personal que actualmente realiza las labores de conservación en la autopista. La licitación abarca el mantenimiento de la AP-4 desde el kilómetro 13,5 –la bifurcación de la N-IV en Dos Hermanas– hasta el kilómetro 105,4, en el término municipal de Puerto Real (Cádiz), donde la autopista desemboca en la CA-35 que conduce al Puente de la Constitución de 1812 sobre la Bahía de Cádiz.

La licitación también incluye el ramal de tres kilómetros de la la AP-4 (a) que se dirige a Dos Hermanas y que quedó fuera del itinerario principal una vez que entró en servicio la variante de Bellavista en 1999.

La tramitación del contrato de conservación de la autopista Sevilla-Cádiz constituye un paso imprescindible de cara a la supresión del peaje. Estas labores correspondían hasta el momento a la empresa concesionaria y se sufragan mediante los peajes abonados por los usuarios en el tramo Jerez-Dos Hermanas y la aportación presupuestaria de la Junta de Andalucía, que financió en 2005 la supresión de la barrera de Jerez a cambio del pago de 10,8 millones de euros anuales a Abertis.

La concesión es de las más antiguas de España

La concesión de la autopista AP-4 es una de las más antiguas de España, después de la Barcelona-Mataró y el tramo Barcelona-Granollers de la AP-7. Ha sido objeto de controversia ya que tanto PSOE-como PP prometieron rescatar el peaje mientras estaban en la oposición, compromiso que quedaba en el tintero al llegar a La Moncloa. La autopista entró en servicio en 1972, aunque la concesión fue adjudicada en 1969 por un periodo de 24 años. Sin embargo, en 1977 fue prorrogada por primera vez hasta 1999 por el Gobierno de UCD presidido por Adolfo Suárez. En 1986, la concesión fue ampliada por segunda vez por el Ejecutivo de Felipe González hasta 2006. La tercera prórroga llegó en 1997, cuando Aznar decidió ampliar la explotación hasta el 31 de diciembre de 1999.