El cierre de un colegio en Sevilla pone en pie de guerra a las familias: "Aquí hay tema político"

Educación

Advierten que no matricularán a sus hijos en el nuevo centro si la Junta no garantiza la continuidad de la Educación Especial

Las explicaciones de la consejería sobre la bajada de la natalidad no las convence

La Junta cierra un colegio en Sevilla por falta de niños

Protesta en Sevilla por el cierre del CEIP San Ignacio de Loyola / Redacción Sevilla

"El San Ignacio no se cierra". Es el grito de guerra que las familias proclaman a las puertas del centro educativo público que lleva este nombre en el Polígono de San Pablo, en Sevilla. La AMPA del colegio ha convocado la protesta a la hora en la que los menores entran a clase, en una fría mañana de febrero y tras conocerse ayer lunes que la Junta de Andalucía ha decidido fusionarlo con el CEIP San Juan de Ribera, donde se creará una nueva escuela. Para los padres y madres allí concentrados esta medida supone una afrenta para la enseñanza pública, especialmente en un distrito donde la mayoría de menores con tres años se matriculan en colegios concertados.

Más allá de que hayan sido las instalaciones del San Juan de Ribera las elegidas para crear el nuevo colegio, las familias muestran su preocupación al no tener "garantías plenas" por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de que los servicios de Educación Especial se mantengan en el centro que empezará a funcionar en septiembre. El San Ignacio de Loyola, en este sentido, se ha convertido en un modelo de escuela inclusiva, donde acude un buen número de niños con el síndrome del espectro autista.

David Rodríguez es padre de dos alumnos del San Ignacio. Uno de ellos, el de menor edad, presenta necesidades educativas especiales (NEE). Pide que el profesorado especializado en este ámbito se mantenga. "Hemos luchado durante muchos años por que estos servicios se cubrieran. Ahora hay que partir, de nuevo, de cero", lamenta Rodríguez, quien "no entiende" que siendo este colegio el que más niños tiene escolarizados (más de 100 frente a los 60 del San Juan de Ribera) sea el que se cierre. "No veo que ésta sea la solución", expresa.

"Mi mujer y yo llevamos toda la noche sin dormir pensando en el futuro de mi hijo. Empezar desde el principio, en un nuevo colegio, no es fácil para él". Un temor, el de David Rodríguez, que se extiende a otras familias con alumnado NEE. Todas hacen idéntica advertencia: "Si no me garantizan que mi hijo tendrá su profesorado, no lo matriculo".

Un referente en inclusión

Julia López es una de las portavoces de la AMPA del San Ignacio de Loyola. Admite que la posiblidad de fusionar ambos colegios es un tema del que se viene hablando desde años atrás. "Si movilizan al alumnado, que lo hagan con todo el profesorado, porque en este colegio se ha conseguido una convivencia increíble", afirma esta madre mientras los menores entran, a las 9:00, en el centro público, a escasos metros de la parroquia del mismo nombre.

López desconfía de las explicaciones dadas por la consejería para tomar esta decisión. El departamento que dirige María del Carmen Castillo recuerda, en un comunicado emitido a esa hora, que el censo de niños con tres años de edad en el distrito educativo San Pablo-Santa Justa ha pasado en 13 cursos de contar con 323 menores a 179, un 55,4% menos. Una zona en la que el número de plazas vacantes en el primer curso del segundo ciclo de Infantil llega este ejercicio académico a 42, todas ellas en colegios públicos, mientras que los dos concertados -el Santo Ángel y el San Agustín-tienen sus 125 puestos cubiertos.

"En este distrito hay cinco guarderías que nutren a todos los colegios. También existen otros centros con pocos niños que no se cierran. No me vale ese argumento. Aquí hay tema político", alerta esta representante de la AMPA, quien reconoce que, ante la falta de inversión de la Junta y del Ayuntamiento de Sevilla en las infraestructuras educativas públicas, muchas familias de la zona se decantan por matricular a sus hijos en los centros concertados, que presentan "mejores condiciones". "Como sigamos así, la educación pública desaparece", abunda.

"Muchos alumnos con necesidades educativas especiales vienen al San Ignacio por ser un referente en este tipo de enseñanza. Si no se les asegura que todo el profesorado continuará en el nuevo, las familias no matricularán a sus hijos", advierte López.

Las explicaciones de la Junta

Ante estos temores, la consejería asegura que mantendrá los servicios de Educación Especial en el nuevo colegio público que se ponga en marcha en septiembre, fruto de la fusión entre el San Ignacio y el San Juan de Ribera. "Va a disponer de mayores recursos de los que tienen cada uno de los dos centros por separado y, por tanto, facilitará una mejor atención al alumnado", afirman desde Educación. Para cumplir tal fin, dispondrá de dos aulas de integración, "cuando lo habitual en un centro de estas características es poseer sólo una".

El nuevo colegio estará formado por 10 aulas entre Infantil y Primaria. La ratio media de cada una será de 17 alumnos -muy lejos del máximo establecido, que es 25- , con lo que se garantiza una atención individualizada. En quinto de Primaria habrá desdoble para que las clases no tengan más de 14 estudiantes. La consejería ha elegido las instalaciones del San Juan de Ribera después de realizar un estudio técnico, en el que se ha tenido en cuenta la bioclimatización de este edificio, donde se han invertido 270.000 euros. La Junta pretende que el centro donde se encuentra el San Ignacio siga teniendo función educativa, un futuro que habrá de acordar con el Ayuntamiento hispalense, titular del mismo.

La AMPA del CEIP San Ignacio seguirá con la campaña de protestas e iniciará una recogida de firmas hasta que se les garantice al 100% la continuidad de los docentes en el nuevo colegio, sobre todo, los de Educación Especial.

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