La ciudad pierde la única instalación de hidropedales que tenía la dársena

La instalación de hidropedales Pedalquivir, la única que operaba en la dársena del río de la ciudad, desapareció ayer de forma definitiva del muelle del paseo Marqués de Contadero, junto a la Torre del Oro, tras dos décadas de existencia.

La estructura flotante fue remolcada ayer por orden de la Autoridad Portuaria de Sevilla hasta el desguace de embarcaciones de Astilleros del Guadalquivir, y su chatarra será vendida para las fundiciones de la zona.

El Puerto de Sevilla había informado a sus dueños de que la instalación tenía que dejar de funcionar por no contar con título habilitante para ello. Su autorización administrativa había llegado a su fin. El pasado mes de octubre, la Autoridad Portuaria decretó la retirada del pontón y de la decena de embarcaciones de Pedalquivir, y se le advirtió de que, en caso de que no lo cumplieran, se ordenaría su inmediata retirada y traslado al desguace. Y así ha sido.

El Puerto aclaró ayer a este periódico que "siempre que Pedalquivir ha estado operando ha tenido autorización" para ocupar una parte de la lámina de agua. Y agregó que hasta el momento no se ha presentado ninguna otra solicitud formal de autorización, motivo por el cual se iniciaron los trámites para retirar la plataforma.

En la imagen adjunta puede verse la plataforma metálica de Pedalquivir en las instalaciones de Astilleros del Guadalquivir -en el polígono Astilleros-, y la embarcación que sirvió para su remolcado.

Este negocio de hidropedales fue noticia en el año 2000 por un desgraciado accidente en el que falleció un menor de edad y que se resolvió en los tribunales con una sentencia ratificada por la Audiencia de Sevilla. En julio de 2004, el dueño de la instalación fue condenado a 18 meses de cárcel por una "imprudencia grave" con resultado de muerte, así como a pagar casi 116.000 euros de indemnización a los padres del pequeño.

Los hechos tuvieron lugar en agosto del año 2000 en horario nocturno. El fallecido fue un niño que cayó por el hueco existente entre dos plataformas de la instalación que habían sido unidas de forma ilegal con cadenas por el dueño y no tenía medidas de seguridad. El hueco por el que se precipitó el menor carecía de señalización luminosa o de cualquier otra advertencia para evitar el riesgo de accidentes. La familia se había colocado en una mesa lo más alejada posible de las barandillas situadas más cerca del agua, y en un momento dado el niño se levantó, para pedir al camarero un helado y fue cuando tuvo lugar el tremendo suceso.

Las dos plataformas unidas por cadenas no pudieron separarse para buscar al menor caído en el agua hasta que llegaron los Bomberos. Entonces ya era demasido tarde para lograr sacar del agua al pequeño con vida.

La juez del caso reprochó entonces al acusado que para su propio beneficio continuara ejerciendo la actividad de quiosco-bar para la que no tenía autorización, y que en lugar de sustituir una plataforma por otra, las uniera. El fallo judicial dejó claro que el accidente había sido "previsible y evitable" porque tal como estaban dispuestas ambas plataformas se impidió el rápido rescate del menor. La juez agregó que el dueño había unido de forma clandestina la nueva plataforma, que estaba construyendo, con la antigua antes de obtener el certificado de navegabilidad de la autoridad competente.

Siete años después del accidente mortal, el dueño de Pedalquivir aún no había pagado toda la indemnización a la familia del menor. El acusado había abonado algo más de la mitad del dinero (66.000 euros) por la vía de un préstamo hipotecario, pero faltaba el resto. Ante la advertencia judicial de que tenía tres meses más de plazo y si mantenía la deuda ingresaría en prisión, el dueño de Pedalquivir acabó pagando todo lo que debía y las costas procesales.

El Ayuntamiento de Sevilla, la Policía Local y el Puerto de Sevilla también tuvieron que enfrentarse a acusaciones por permitir la existencia de esta instalación. La familia del menor presentó una reclamación patrimonial contra el Consistorio, que negó que tuviera responsabilidad y debiera indemnizar a la familia. Del Puerto de Sevilla se acusó inicialmente al entonces director, que finalmente fue exculpado.

El dueño de Pedalquivir defendió su inocencia en el juicio con el argumento de que ni el Ayuntamiento ni el Puerto le habían requerido en su día que retirara la antigua instalación flotante donde se produjo el accidente. El dueño explicó que en octubre de 1999 recibió autorización para instalar una nueva plataforma flotante, que fue botada al año siguiente. Y que, como no tenía acabado el quiosco-bar de la nueva plataforma, decidió encadenar ambas, ya que había realizado una inversión enorme y llevaba muchos años esperando autorización.

El dueño explicó además en el juicio que en 1997 Capitanía Marítima le había advertido de que la antigua plataforma presentaba irregularidades, al no estar homologada ni reunir las características de una construcción naval. Por esta razón, la Autoridad Portuaria decretó el cierre de la actividad y el Ayuntamiento ordenó su precinto, pero éste no llegó a cumplirse porque la Policía Local no lo ejecutó. El juez exoneró al responsable del cuerpo policial por aquellos años por entender que la Policía no podía cumplir exhaustivamente todas sus funciones respecto a todas las actividades sin licencia.

Después del trágico accidente, el negocio estuvo cerrado cuatro años. Se cumplió entonces el cierre de la actividad que no se había cumplido en años previos, desde la denuncia de 1997 de Capitanía Marítima. Pedalquivir reabrió meses antes del juicio con la instalación renovada y reformada con todas las medidas de seguridad. El perímetro de la instalación, ya legalizada, y las escaleras de acceso fueron protegidos.

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