Las personas desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales al habitar sin título alguno estas viviendas propiedad de Ibercaja han defendido, este martes, que todas ellas sufren "riesgo de exclusión social" y que su situación socioeconómica "incluso ha empeorado". Mientras el realojo provisional del colectivo, hecho efectivo ya en nueve casos, está sujeto a una nueva evaluación por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento, estas personas alegan que las evaluaciones previas elaboradas tanto desde el Consistorio como desde la Junta de Andalucía prueban el "riesgo de exclusión social" que sufrirían "todos" ellos. 

Cuestionada sobre su conocimiento acerca de los trámites acordados por las administraciones después de que la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por IU-CA, entregase viviendas públicas a nueve de estas personas, extremo que desencadenó un desencuentro entre IU-CA y PSOE como socios del Gobierno andaluz, María, miembro del colectivo, se ha encogido de hombros esta misma mañana a los pies del edificio Noga. "Lo que sabemos es que el Ayuntamiento montaría otra vez un dispositivo con sus trabajadores sociales y que ellos nos avisarían", ha dicho explicando que esta fue la información que les trasladó la Administración autonómica en cuanto a la nueva evaluación de su situación socioeconómica. 

Esta joven, en ese sentido, explica que desde aquella comunicación "no ha pasado nada", si bien estas personas son conscientes de que, en el marco de su solución, "lo que nos queda es que nos vuelvan a ver los servicios sociales del Ayuntamiento". "Será la enésima evaluación social. Un mes antes del desalojo, ya hubo una evaluación social más por los trabajadores sociales de la Junta de Andalucía y quedó claro que todos estábamos en riesgo de exclusión social", dice esta joven asegurando que tal extremo ha quedado "también" reflejado en los exámenes realizados por los servicios sociales del Consistorio hispalense, que de su lado sólo reconoce a dos personas de este colectivo en su baremo social, concretamente en los puestos cien y 122 de un total de 388 casos. 

"Todos estamos en riesgo de exclusión social y desde la última evaluación social (la previa al desalojo, a manos de los técnicos de la Junta de Andalucía), nuestra situación incluso ha empeorado", ha manifestado mientras Toñi, otra de las mujeres del colectivo, ha dicho que las administraciones cuentan con "todos los papeles" relativos a la situación socioeconómica de estas personas. Toñi, en ese sentido, no ha ocultado que tras la entrega de viviendas públicas a nueve de estas personas, "estamos muy bien. Bastante contentos todos".