Sevilla

La Junta pasa página sobre la Corrala y devuelve la "pelota" al Ayuntamiento

  • El Consejo de Gobierno no aborda la crisis ni un adelanto electoral. Marcha atrás: sin sospecha ahora de ilegalidad ni conflicto por la lista de espera. Los servicios sociales municipales decidirán.

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PSOE e IU quieren espantar cuanto antes las consecuencias del choque vivido la semana pasada por el realojo de los ocupas de la Corrala Utopía de Sevilla que tambaleó el pacto de Gobierno en la Junta. Ambos partidos y los miembros del Ejecutivo tratan de "pasar página", en palabras ayer del portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, pero sin una explicación coherente de los motivos que precipitaron las mutuas desautorizaciones, incluido un inédito decreto de retirada de competencias por parte de la presidenta Susana Díaz, y sin lograr ahuyentar la posibilidad de un adelanto electoral que Díaz admite que barajó y que ninguno de los dos partidos desmiente como solían antes de la polémica. Tan difícil es descifrar los intereses que llevaron a un desencuentro evitable como predecir la estabilidad de un pacto que ahora mismo depende de un soplo. 

A despejar estas sombras poco contribuyó ayer el portavoz del Gobierno andaluz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras más de una veintena de preguntas. Sorprendentemente, el asunto no fue tratado en la primera reunión en la que volvían a verse las caras los consejeros de PSOE e IU, aseguró Vázquez. No obstante, el portavoz informó de la petición de Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, de explicar en el Parlamento el realojo de los ocupas. 

Tras el acuerdo alcanzado entre ambos partidos el viernes de madrugada, ocho familias siguen realojadas provisionalmente (las que tienen niños y discapacitados) y a otras nueve se les ha suspendido ese alojamiento. El destino de las 17 competerá a los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, a quienes Vázquez reclamó "rigor, profesionalidad y rapidez". "La pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Sevilla. Si los servicios sociales comunitarios demuestran que esas familias están en riesgo real de exclusión , actuarán", señaló el portavoz. 

El Ayuntamiento las baremará, sin plazo y sin prioridad. El PP siempre ha entendido que la Corrala es un colectivo afín a IU y ha subestimado su emergencia en una medida diametralmente opuesta a la que entiende la Consejería de Fomento y Vivienda dirigida por la izquierdista Elena Cortés. Fomento pidió algunas de las 528 viviendas públicas deshabitadas y el equipo de Zoido se negó. El Ayuntamiento apeló a que la propia Junta fue la que aprobó unos registros municipales de vivienda por la que ordenan las solicitudes de vivienda. En la capital sevillana un demandante puede estar hasta tres años inscrito en el registro. 

Sin embargo, la normativa que regula estos registros (decreto ley 149/2006) distingue entre una adjudicación de una vivienda por medio del registro y un alojamiento temporal en caso de emergencia. Esta urgencia fue la que interpretó la Consejería de Fomento después de que los desalojados por la policía de los bloques de Ibercaja acampasen en la plaza Nueva de la capital hispalense. El decreto se lo permite. Dice en el artículo 12.5 que en casos excepcionales de realojos no será exigible la concurrencia. 

Pero el anuncio de Fomento de dar una respuesta a las 22 familias provocó las dudas de la parte socialista en el Gobierno andaluz y fue la propia presidenta quien frenó la medida. Fomento se saltó la desautorización y en el PSOE saltaron las dudas de a quiénes se les habían dado llaves de las viviendas. Vázquez no cuantificó ayer cuántas se dieron. 

El portavoz aludió a un informe del gabinete jurídico (que no se ha facilitado) en el que se analizó la normativa y en el que, según el portavoz, primaría el auto del juez en el que se urge a "proveer lo necesario" a familias con menores o en riesgo de exclusión social. 

La parte socialista reclamó expedientes para comprobar la situación de exclusión y "con la mejor voluntad de no sembrar ningún tipo de duda ante la ciudadanía en la concesión de ayudas o asistencia social a familias en riesgo de exclusión", apuntó Vázquez. 

Hasta ahí todo comprensible. Pero lo que los socios no han explicado es por qué esta diferencia técnica no se solventó antes de una decisión drástica que a punto estuvo de derribar el pacto de Gobierno. 

Aquí entra la vertiente política. En la vorágine, la parte socialista dudó de la legalidad de la actuación, algo a lo que no alcanzó ni el Ayuntamiento de Sevilla, e incluso fuentes socialistas deslizaron la denuncia de prevaricación. 

Vázquez negó que algún miembro del Gobierno hablara de "ilegalidad" y subrayó que siempre se habló de "defensa de la legalidad", lo que debiera ser obvio para un poder público. Si no se habló de ilegalidad, se sembró la sospecha de una actuación al margen de la ley de una Consejería propensa a la polémica, una diana fácil. Susana Díaz por ejemplo vinculó la retirada del decreto a la "recuperación de la normalidad legal". Ahora el PSOE se retracta de esa denuncia, sin explicar por qué aludió a la legalidad y por qué no ha tomado medidas como el cese de los responsables de esa actuación. 

Igual deriva tomó otro argumento utilizado por Díaz, prestado del Ayuntamiento. "Tengo a 12.000 familias en Sevilla y a otras en Andalucía esperando una vivienda", dijo Díaz. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, aclaró ayer: "Hay que diferenciar entre las personas que son demandantes, las que tienen el Ayuntamiento en el registro y las personas que tuvieron un desalojo en un momento determinado, que es lo que da lugar a la situación de conflicto. Estamos hablando de las personas que se han visto afectadas por la situación de realojo y desalojo". 

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, dijo ayer compartir con el portavoz "que no ha habido ilegalidades, que es lo que IU siempre ha defendido y creo que algo queda meridianamente claro; que Fomento ha actuado en todo momento de una forma totalmente impecable" para dar por zanjado el asunto. 

La similitud de argumentos entre Zoido y Díaz deja al PP con pocos argumentos. El hueco que ha encontrado es el de intentar minar la figura de la presidenta por aprobar y derogar un decreto en 24 horas. "Qué ha cambiado para se haya pasado de vulnerar la legalidad a respetarla", preguntó ayer el portavoz popular, Elías Bendodo.

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