Un coliving junto al Palacio de Dueñas. El servicio de Patrimonio ha otorgado una concesión demanial a favor de Emvisesa del inmueble expropiado a principios de año por la Gerencia de Urbanismo y que albergó la antigua academia de baile de Enrique el Cojo.

La finalidad es poner en marcha en el número 16 de la calle Espíritu Santo un alojamiento cooperativo que ya existe en otras zonas de la ciudad como Sevilla Este. El plazo de utilización de la empresa municipal de viviendas es de 75 años para un inmueble que cuenta con 340 metros cuadrados y una calificación urbanística de Servicios de Interés Público y Social (SIPS). Construida en 1940, cuenta con tres plantas y fue reformada veinte años más tarde.

El modelo a seguir es la promoción inmobiliaria RUE32 de Sevilla Este. Esta experiencia, pionera en Andalucía, tiene como escenario un edificio construido entre las calles Flor de Azalea y Flor de Papel y destinado hasta ahora a alojamiento en alquiler para personas de la comunidad universitaria. En el marco del nuevo Plan Municipal de la Vivienda de Sevilla (PMVS), Emvisesa tiene previsto desarrollar más de 300 plazas de alojamientos en modalidad compartida, ya sea cohousing, coliving u otras.

El alojamiento cooperativo ya existe en otras zonas de la ciudad como Sevilla Este

La empresa lanzó en abril un concurso público dotado con 43,3 millones para que arquitectos y aparejadores con talento proyecten 194 viviendas y 183 alojamientos colaborativos públicos de alquiler (que son viviendas con espacios comunes y de convivencia ya sea modalidad cohousing o coliving) en solares y edificios abandonados de la ciudad, en siete de los once distritos: Casco Antiguo, Nervión, Sur, Los Remedios, Triana, Bellavista-La Palmera y Cerro-Amate.

Los alojamientos colaborativos se destinan a colectivos específicos, que pueden ampliarse: personas pertenecientes a la comunidad investigadora, educativa o deportiva; emigrantes sevillanos retornados; personas que desean permutar su vivienda en la modalidad de realojo simultáneo; personas procedentes de rupturas de unidades familiares; menores de 35 años y mayores de 55 años y, por último, beneficiarios de actuaciones de realojo, rehabilitación o regeneración urbana.