Definitivo varapalo científico al dragado del Guadalquivir que persigue el Puerto de Sevilla para completar la obra de la nueva esclusa recién estrenada y lograr el sueño de que entren buques de mayor calado. "El dragado de profundización se ha demostrado incompatible con la conservación del estuario y, por lo tanto, de Doñana. Recomendamos que se desestime definitivamente...", subraya el dictamen final en su punto segundo, según publicó ayer la agencia Efe.

Si la Autoridad Portuaria de Sevilla mantiene su voluntad de realizar el dragado (ganarle dos metros más de profundidad al fondo), el comité recomienda que inicie un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pero sólo cuando las condiciones en el estuario hayan mejorado con las recomendaciones de los científicos.

Emitido el pasado 12 de noviembre por los 13 científicos y el Parque Nacional Doñana que integran la comisión Doñana 2005, el dictamen rechaza el dragado en la situación actual del estuario. Sin embargo, no es vinculante para el Ministerio de Medio Ambiente, la administración que tiene la última palabra para autorizar esta obra. Sus técnicos ya estaban ayer analizando el documento.

El Puerto de Sevilla, que también integra esa comisión científica, ha mostrado su rechazo a tales conclusiones contrarias al dragado y ha presentado un voto particular defendiendo que puede ganarle ya dos metros más al fondo del río porque cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2003 que autoriza la obra, si se cumplían ciertas condiciones y trabajos de compensación. El Puerto asegura que cuenta con los estudios necesarios para cumplir esos condicionantes.

El dictamen con el que el Ministerio debe tomar ahora una decisión definitiva concluye que el dragado repercutiría "negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y por lo tanto de Doñana, por no mejorar la situación frente a procesos extremos (turbidez y salinidad) y limitar severamente la capacidad de minimizar su duración y sus efectos". Se ha elaborado sobre la base del informe científico del estuario del Guadalquivir que, financiado por la Junta de Andalucía, dirigieron expertos de cuatro universidades andaluzas y del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y cuyas conclusiones adelantó este periódico el pasado septiembre.

En esta ocasión, se trata de expertos de la comisión científica Doñana 2005 en materias como hidrología, zoología o ingeniería, de universidades y centros de investigación, y coordinados por Hermelindo Castro, de la Universidad de Almería. La entidad ecologista WWF también está presente como observador para garantizar la transparencia. En sus nueve páginas tiene en cuenta que el procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental de 2003 (Actuaciones de mejora en acceso marítimos al puerto de Sevilla -en el que se incluye el dragado-) se ha realizado considerando "como situación preoperacional la que existe actualmente".

Los científicos advierten que la situación actual del estuario requiere la intervención rápida y coordinada de las administraciones implicadas en la planificación y gestión del estuario, de la cuenca del Guadalquivir y de la costa, de modo que se revierta la tendencia actual que lleva al colapso al estuario y a la costa que de él depende, y por lo tanto al Parque Nacional de Doñana.

Señala también que deben preocupar otros proyectos con efectos negativos para el estuario y Doñana como la modernización de regadíos de arrozal o la urbanización y construcción de campos de golf en zonas de llanos mareales.

Finalmente el dictamen recomienda que la planificación de intervenciones para la restauración del estuario debe ser abordada de manera integral, para lo cual insta a las autoridades competentes, a impulsar un ente que garantice su conservación y mejora.

El proyecto para mejorar los accesos del tráfico marítimo al Puerto de Sevilla obtuvo declaración de impacto ambiental positiva en 2003, pero los interrogantes sobre el dragado llevaron a que se acordara crear una Comisión Científica en 2004, que se constituyó el 9 de juno de 2005.