Los colegios concertados de Sevilla se han echado a la calle. Lo han hecho de forma silenciosa y sin aglomeraciones. Respetando las medidas sanitarias establecidas en esta época de pandemia. Han guardado un minuto de silencio vueltos de espaldas como forma de protesta contra la Ley Celaá, la reforma educativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez que supone un "ataque frontal" a este tipo de enseñanza, al otorgar prioridad a la educación pública y "privar" a las familias de su derecho de elección en el tipo de escuela que quieren para sus hijos. 

No será la última manifestación que se lleve a cabo contra la Lomloe. Todo apunta a que se sucederán más actos de este tipo, como la marcha en vehículos prevista para el domingo, a las 11:30, en la Avenida de la Palmera. 

Y todo ello, según las escuelas, mientras se tramita una ley en pleno estado de alarma y sin el consenso de los agentes de la comunidad educativa, algo que ya ocurrió con otras reformas que han durado poco en el tiempo y que se circunscriben al periodo de mandato del partido que las promueve. Una situación que aleja cualquier posibilidad de acuerdo en este pilar de la sociedad. 

Por tal motivo, los centros concertados han secundado este miércoles una protesta, a las 11:30, con la que han advertido al Gobierno estatal y a la sociedad en general de la gravedad que supone que esta reforma salga adelante, pues, además de atentar contra uno de los principios de la Constitución -el de la libertad de elección de los padres-, aboca a los titulares de estos colegios a su cierre, ya que muchas familias no podrán permitirse pagar una plaza privada. 

El manifiesto de la protesta

En todas las protestas se ha leído un manifiesto en el que se describen los ataques de la Ley Celaá y se defiende la necesidad de mantener los conciertos. La razón principal de este oposición es la pérdida de "pluralidad" que supone la entrada en vigor de la nueva orden, ya que dicho valor democrático sólo es posible "si existe una diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios y autonomía de los centros para dotarse de ellos y ponerlos en práctica".

Por tal motivo, el manifiesto alerta de que la Lomloe crea un "escenario de desigualdad de oportunidades" para las familias que desean una enseñanza plural "asequible" a todos, pues, de lo contrario, bastantes centros pasarían a ser privados, un coste que no pueden sufragar muchos hogares, especialmente en aquellos barrios donde estas escuelas llevan a cabo una auténtica labor social. 

En este punto, los centros muestran su repulsa a que las autoridades públicas "impongan" la distribución del alumnado basada en una "planificación arbitraria" de la administración, sin tener en cuenta las necesidades reales de escolarización de las familias, es decir, que se priorice la escuela pública para todos los padres y no se atienda a sus preferencias en el tipo de enseñanza que desean para sus hijos. Esto conduce, en su opinión, "al dominio sistemático del Estado", que se lograría también a través de los cambios introducidos en el nombramiento de los inspectores educativos. 

Una gratuidad "real"

También inciden en la obligación del Estado y las autonomías (que tienen delegadas las competencias educativas) de financiar "adecuadamente" los centros públicos y concertados para garantizar la gratuidad real en ambos. Una financiación que debe cubrir todas sus necesidades materiales y de recursos humanos "en igualdad de condiciones". Una demanda que alude a la cada vez más mermadas ayudas públicas que reciben los colegios concertados, un acuerdo que resulta bastante rentable a las administraciones públicas.

Para los titulares de estos centros, la reforma educativa entraña también "una agresión a la libertad de conciencia", que se ejemplifica en la asignatura de Religión, la cual, según el manifiesto, "se cursa con absoluta normalidad en casi todos los países europeos". Defienden que es "una opción mayoritaria de las familias españolas, cuya voluntad debe ser respetada" y que devaluar esta enseñanza supone aplicar "un laicismo impropio".

Otro de los aspectos en los que ponen la voz de alarma concierne a la Educación Especial, al entender que la Lomloe incluye un concepto de "inclusión radical", que supone la desaparición de este tipo de colegios, pese "al alto grado de satisfacción de las familias" que escolarizan en ellos a sus hijos. Frente a ello, exigen una "mayor dotación de recursos" para atender a este alumnado. 

La implicación de las familias

El manifiesto concluye que una identificación de las familias con el proyecto educativo de los colegios contribuye a una mayor implicación de los padres en la formación académica de sus hijos y, a la postre, un mejor rendimiento escolar de los menores, "especialmente de los más desfavorecidos". 

Por todos estos motivos, alumnos, directores y asociaciones de padres de la concertada exigen la retirada inmediata de la Ley Celaá y abogan por una reforma educativa definitiva que nazca del verdadero consenso, con el fin primordial de mejorar la calidad en la enseñanza.