El economista Ángel Gil Pascual, ex consejero Mercasevilla como representante de la sociedad estatal Mercasa, ha asegurado este martes en el juicio que se sigue por las supuestas irregularidades en el concurso público para la venta de los suelos que la oferta que realizó la empresa Noga de 158 millones le pareció “disparatada”, lo que provocó que quedara descartada en aplicación de la cláusula económica de limitación al alza, que penalizaba aquellas ofertas económicas que superaran en un 10% la media de la totalidad de las presentadas al concurso.

El ex consejero de Mercasevilla, que ha testificado por espacio de varias horas en el juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, ha afirmado que el pliego de condiciones del concurso “no perjudicaba a los intereses” de la lonja y sobre la inclusión de la cláusula de limitación al alza en el pliego –que según la Fiscalía fue introducida para favorecer a Sanma, la empresa que finalmente ganó el concurso y que ofreció 106 millones por los suelos- ha indicado que “no le preocupó demasiado ni causó sorpresa” porque el pliego era “público y cualquiera podría verlo” y además una de las razones de la introducción de la cláusula es que Mercasevilla entendía que ”no se debía especular” con esta operación, tal y como han señalado varios imputados y otros testigos que han comparecido en sesiones anteriores.

El testigo ha señalado asimismo que, a su juicio, la decisión de realizar un concurso y no una subasta o una adjudicación directa era un hecho consumado que venía desde el Ayuntamiento de Sevilla.

En la sesión de hoy, undécima desde que comenzó el juicio, también ha declarado José Ramón Lacasa, que era asesor jurídico del grupo Noga cuando se celebró el concurso público y quien ha afirmado con rotundidad que la empresa no se planteó impugnar el proceso de adjudicación porque pensaban que el concurso había sido “justo por la diferencia de puntuación” que habían obtenido con la empresa ganadora.

Este testigo negó que Noga hubiese negociado “nada” con Mercasevilla, reconoció que ha visto la cláusula del alza en otras subastas públicas como elemento para “evitar la especulación” y ha concluido que no se consideraron “perjudicados por el concurso”.

Preguntado sobre si la oferta de Noga de 158 millones no podría entenderse como excesiva partiendo de que el precio de salida establecido en el pliego de condiciones era de 105 millones, el testigo ha querido disipar cualquier dura al asegurar que Noga puso “una oferta para quedarse” con los terrenos del mercado mayorista, no para perder tiempo con una oferta desproporcionada.

Un tercer testigo de la sesión ha sido el que fuera subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce Verdugo, quien ha asegurado que no tiene constancia de que el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos participara en la gestión diaria de la lonja, algo que llevaba directamente el director general Fernando Mellet, “salvo en el proyecto de mercados municipales de abastos”, en el que sí estaba tenía una participación activa Torrijos.

El ex subdirector de la lonja ha reconocido que en el año 2002 la empresa estaba en situación de “quiebra técnica”, no había “ni para pagar las nóminas” y había una cantidad de “deudores enormes” porque los mayoristas no pagaban las cuotas, entre otras cuestiones.

Sobre la fórmula para la enajenación de la venta de los suelos, Ponce ha señalado que Mellet le dijo que “prefería” que se hiciera a través de una subasta, si bien luego se optó por el concurso público.

El testigo también se ha referido al responsable de la empresa Larena 98, Antonio Pardal, quien había adquirido un derecho de superficie y del que Ponce ha dicho que “lanzaba cosas muy etéreas, como que estaba en Mercasevilla por hacer un favor... para ver la cara de panolis que se nos quedaba”, ha dicho.

El juicio se reanuda mañana con la declaración de otros testigos, entre ellos el interventor del Ayuntamiento de Sevilla, José Miguel Braojos.