Dos ex consejeros del consejo de administración de Mercasevilla, el ex secretario del Ayuntamiento de Sevilla Venancio Gutiérrez Colomina y el abogado del Estado Arturo Cortés de la Cruz, han coincidido este lunes en considerar “legal” la cláusula de limitación al alza que favoreció a Sando en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.

En la décima sesión del juicio, el ex secretario del Ayuntamiento Venancio Gutiérrez Colomina –que ocupó este cargo entre 1999 y 2007- ha explicado que dicha cláusula le parece “legal”, aunque ha admitido que “él no la hubiese puesto” en el pliego de condiciones, pero “prevalecieron los intereses políticos” para tratar de evitar la “especulación”, recordando la polémica suscitada con la venta de las cocheras de Tussam.

En cualquier caso, ha dicho que, en su opinión, esa cláusula “no es usual y se debería haber motivado” su inclusión en el pliego de condiciones, pero “no se le ocurrió ningún motivo de ilegalidad” de la misma.

El ex secretario, que ha declarado como testigo en el juicio contra los diez acusados por un delito de fraude y exacciones ilegales en relación con la venta de los terrenos del mercado mayorista, ha indicado que era un “consejero técnico” en la lonja –el resto eran los de procedencia política- y ha reiterado en varias ocasiones que él era partidario a la hora de enajenar los suelos por la “subasta pura y dura”, porque entiende que la Administración, como los particulares, tenía que “intentar ganar el máximo dinero posibles” con la operación.

Aunque era partidario de la subasta, Mercasevilla optó finalmente por el concurso público, un concurso en el que “se cumplió con los criterios de publicidad y concurrencia”.

Preguntado sobre la posible participación del ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos en el concurso, ha señalado que no le consta que éste interviniera en la elaboración del pliego de condiciones, ni que formara parte de la mesa de contratación y tampoco intervino en la valoración de las ofertas presentadas.

El testigo ha negado que participara en una supuesta reunión con el interventor del Ayuntamiento y la funcionaria municipal María Victoria Bustamante, en la que supuestamente le habrían dicho a esta acusada que no les nombrara durante la investigación judicial de este caso.

Por su parte, el ex vocal del consejo de administración de Mercasevilla en representación de la sociedad pública estatal Mercasa, el abogado del Estado Arturo Cortés de la Cruz, ha asegurado que no les pareció un “razonamiento descabellado” la introducción de la cláusula de limitación al alza que penalizaba aquellas ofertas que superaran en un 10% la media aritmética de la totalidad de las ofertas.

El testigo, que entró en el consejo de la lonja en octubre de 2005, ha explicado que analizó un primer borrador del pliego de condiciones del concurso público para la enajenación de los suelos de Mercasevilla, del que desconoce quién lo redactó aunque entiende que era “legal y correcto”, y ha dicho que aunque le pareció “sorpresiva” la introducción de esa cláusula entre el borrador que fue presentado el 8 noviembre de 2005 en la Comisión Ejecutiva de la lonja y el que fue aprobado en la reunión del consejo de administración del 30 de noviembre de ese mismo año, no les llamó la atención y no les pareció “anómala o totalmente anómala”.

Arturo Cortés ha indicado que en las reuniones de los órganos de la sociedad se les dio una explicación en la que predominaban los “criterios políticos” sobre los propiamente mercantiles, en el sentido de que la cláusula de limitación al alza se introdujo porque Mercasevilla “no podía ser una entidad especulativa”, tratándose además de una “empresa pública”, aunque ha reconocido que tendría “más sentido haber ligado esa cláusula al precio de salida y no a la media total de las ofertas”.

El testigo ha concluido diciendo que no advirtió que ninguna cláusula podría “favorecer” a alguna de las empresas ofertantes, y ha señalado que si hubiera observado que alguna de las cláusulas era ilegal “lo habría comentado y no habría votado a favor” del pliego.

A la décima sesión del juicio han acudido sólo dos de los diez acusados –el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y el ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos-, dado que la juez ha exonerado a todos los encausados de asistir a las sesiones hasta la fase de conclusiones.