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Un economista niega que elaborara una cláusula para favorecer a Sando

  • José Antonio Ripollés asegura que no recibió instrucciones en ese sentido y rechaza que participara en la realización del pliego de condiciones.

Un momento de la jornada del jucio de Mercasevilla

Un momento de la jornada del jucio de Mercasevilla / M.G.

El economista José Antonio Ripollés, uno de los técnicos acusados por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, se ha desmarcado de cualquier intervención en la elaboración del pliego de las condiciones del concurso y, en concreto, de la polémica cláusula de limitación alza que según la Fiscalía fue introducida junto a otra para favorecer a la empresa Sando. El acusado ha aseverado que “bajo ningún concepto” recibió instrucciones para que se favoreciera a esta empresa a la hora de realizar la valoración de las ofertas. “Nuestra intención era hacer el trabajo lo mejor posible y no perjudicar ni favorecer a nadie”, ha declarado.

Ripollés, que ha declarado en la séptima sesión del juicio, ha insistido en que no tuvo ninguna participación en la elaboración del pliego de condiciones, dado que sólo se le contrató expresamente para valorar las ofertas presentadas en dos únicos aspectos, relativos a la opción de compra y al índice de revalorización. Su testimonio contrasta con el de otro acusado, el ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, quien declaró recientemente que Ripollés intervino en el pliego en lo que se refiere a las cuestiones económicas. Preguntado por el fiscal sobre por qué algunos de los acusados le atribuyen esa intervención en el pliego que él niega, Ripollés ha dicho que lo ignora. “Lo desconozco, me imagino que sería el miedo”, ha manifestado el acusado.

El economista ha indicado que sí le solicitaron que informara sobre la valoración de las ofertas, sobre los puntos 5.1 y 5.2 del pliego, y en este sentido ha señalado que el punto 5.1 tenía una “complejidad extrema”, por lo que encargó al departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla la elaboración de una fórmula matemática para su aplicación.

Ripollés, que ha ratificado la valoración que realizó en su día, ha insistido en que no se le encargó “nada del pliego” aunque con anterioridad, el 8 de julio de 2004 Mercasevilla ya le habían encargado un informe sobre el valor de los terrenos, para lo cual propuso cinco empresas y tras encargarse dos tasaciones a firmas especializadas, él realizó un informe en el concluía que un “precio atractivo” de salida para la enajenación para el mercado mayorista estaría entre 104 y 105 millones de euros.

El procesado ha insistido igualmente en que no tuvo ningún papel en la “fijación del precio” de 105 millones que se determinó en el pliego –lo que no quita que se tuvieran en cuenta sus informes, según ha admitido-, y ha señalado que cuando estuvo presente en la apertura de los sobres con las ofertas de las ocho empresas “no hubo ningún comentario” sobre quién podría ganar.

El acusado, que al igual que los otros investigados se enfrenta a dos años de prisión por un delito de fraude y exacciones ilegales, ha indicado que todas las empresas que concurrieron al concurso tenían “libertad absoluta para ofertar” y hasta de “autoexclusión”, y en este punto se pregunta cómo fue posible que la empresa Noga ofreciera 158 millones de euros, con un desvío del 39% de la media total de las otras, cuando existía la cláusula de limitación al alza, que penalizaba aquellas ofertas que superaran en un 10% la media total de las ofertas.

Ripollés ha negado que fuese él quien redactó la cláusula de limitación al alza, que según ha afirmado “no es muy habitual” aunque sí aparece en otros concursos públicos, y ha destacado que en la mesa de contratación estaba también el vicepresidente primero de la sociedad estatal Mercasa Ángel Gil.En la sesión de hoy también ha declarado el acusado José Luis Miró, que fue director del área inmobiliaria de Sando entre los años 2004 y 2010, y quien ha defendido la legalidad de las operaciones en las que intervino la empresa.

Miró ha reconocido que telefoneó al entonces director general de Mercasevilla Fernando Mellet, interesándose por los suelos que “iban a quedar libres”, porque Sando tenía “mucha voluntad de estar presente en Sevilla” en el negocio inmobiliario, donde hasta ese momento no había entrado.

Sobre la adquisición del derecho de superficie de Larena 98, por el que Sando pagó 1.080.000 euros, el economista ha explicado que era una “negocio claramente rentable” y distinto al de la venta de la totalidad de los suelos, dado que en este último caso habían un “problema” porque el nuevo PGOU de Sevilla no estaba aprobado. Así, ha insistido en que ambas operaciones no estaban vinculadas y ha destacado Mellet era “bastante opaco en las conversaciones” que tenía, negando que se hubieran puesto de acuerdo con Mercasevilla para hacer la oferta del concurso público y también ha rechazado que se pusieran de acuerdo con las otras empresas que concurrieron para que éstas hicieran “ofertas de relleno”.

José Luis Miró ha defendido la legalidad de toda la operación. “Si aquí se hubiera encendido la luz roja habríamos parado”, ha señalado el ex director del área inmobiliaria, que ha indicado con respecto al concurso público que “Sando no había concursado nunca para comprar suelo”.

Sobre la polémica cláusula de limitación al alza, ha dicho que era una cuestión “compleja” y que se estudió en Sando, y a su juicio Mercasevilla “marcó el precio más alto de salida” en el concurso para la enajenación de los suelos -105 millones-, por lo que la empresa lo que hizo fue “quedarse cerca de ese valor” en la oferta económica que se realizó y que fue de 106 millones.

Por último, ha declarado que los suelos de la lonja no habrían costado hoy “más de 30 o 40 millones” porque, según ha precisado, “se ha hundido el mundo inmobiliario y los proyectos se han convertido en inviables”.

El juicio por el supuesto amaño en el concurso para la venta de los suelos se reanudará el próximo martes, con la declaración del último de los diez acusados, en este caso la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante.

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