La confirmación del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, de que el dinero de los convenios urbanísticos del Plan General (PGOU) de 2006 se ha usado para construir equipamientos en "la ciudad ya construida" -en lugar de urbanizar las zonas de crecimiento futuro- encendió ayer aún más a la patronal de constructores y promotores de Sevilla (Gaesco).

Ante las declaraciones hechas el miércoles por Monteseirín, quien defendió la legalidad del uso dado al dinero que entregaron los empresarios para el desarrollo del PGOU, el gerente de la patronal dijo ayer que tales afirmaciones confirman que esos fondos se han empleado ilegalmente y, por tanto, servirán al gremio para denunciar al Consistorio ante la Justicia. Más de 100 millones de euros de los 240 que entregaron los empresarios han ido a parar a la Encarnación, la red de carril bici, la Alameda, el Plan de Barrios, el bulevar de Bellavista y zonas verdes, entre otros,

"Ese dinero estaba previsto para el desarrollo del PGOU, y no para atender los gastos de conservación o mejoras de los suelos ya desarrollados. Tal afirmación aclara nuestras dudas sobre la manifiesta ilegalidad de su uso, y facilitará el estudio y valoración jurídica de las actuaciones", declaró Manuel Sillero, gerente de Gaesco, en una nota enviada a la prensa.

Sillero recalcó que los empresarios han sido "engañados" desde que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla porque desde entonces el Ayuntamiento viene manteniendo que el dinero estaba guardado para ser invertido en el desarrollo de los sistemas generales de la ciudad futura: canalizaciones, carreteras, calles y demás elementos claves para construir sobre estos suelos. "Desde el año 2006, hemos venido solicitando reiteradamente al Ayuntamiento información sobre el uso que se estaba dando a esos fondos, a lo que éste siempre ha respondido que no se había hecho curso alguno de las cantidades entregadas en virtud de los convenios urbanísticos y que estaban a buen recaudo esperando su inversión para el desarrollo de los sistemas generales", lamentó Sillero.

Los constructores y promotores critican que el Ayuntamiento les ocultara dónde invertiría el dinero. "Resulta inadmisible que se reconozca con absoluta indiferencia que se ha destinado el dinero recibido en virtud de los convenios urbanísticos para equipar la ciudad construida. No cabe ninguna duda de que ése no era su destino legal y, además, se evidencia una decisión e intención previa a la firma de los distintos convenios que, de haberla manifestado en su momento, hubiese provocado la negativa de los empresarios a llegar a acuerdo alguno con el ayuntamiento".

La patronal también lamenta que el alcalde esté satisfecho del destino dado a los fondos. "Es preocupante que ante un hecho tan grave como es gastar el dinero que estaba destinado a posibilitar el desarrollo económico y productivo de nuestra ciudad, no sólo no se muestra preocupación o responsabilidad, sino que se expresa la satisfacción por la gestión realizada". Según Sillero, también se ha engañado a los sevillanos al prometer un desarrollo de la ciudad, una oferta de viviendas protegidas y unos empleos, que no se van a hacer realidad, y, para colmo, en el Ayuntamiento lo sabían" .