La crisis sanitaria se traslada a las cárceles de Sevilla

La situación de la atención sanitaria en las prisiones españolas ha alcanzado un punto crítico, según denuncia el sindicato mayoritario ACAIP-UGT, que asegura que el Centro Penitenciario de Sevilla I "es el que mejor ejemplifica la gravedad de la crisis". Según el sindicato, en las últimas tres semanas, se ha registrado un "aumento significativo de la conflictividad", con varios incidentes que han dejado casi una decena de trabajadores lesionados. Entre los casos más graves destaca la agresión a una auxiliar sanitaria por parte del mismo interno que anteriormente había atacado a una funcionaria cuando fue conducido a las dependencias médicas.

El centro sevillano se enfrenta además a la inminente implantación de un sistema de guardias localizadas para la atención médica durante los fines de semana, coincidiendo con el periodo estival, época en la que tradicionalmente aumentan los incidentes regimentales. Esta medida se toma en un contexto en el que, de los nueve facultativos que contempla la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del centro, sólo cuatro permanecen en activo para atender a una población reclusa en constante aumento.

Los datos oficiales del Portal de Transparencia revelan un deterioro sistemático del servicio médico penitenciario, con una tasa de ocupación de plazas médicas que apenas supera el 25%, lo que significa que más de 7 de cada 10 puestos permanecen vacantes en la actualidad. Esta escasez de personal sanitario está generando graves consecuencias tanto para los internos como para los trabajadores de los centros penitenciarios.

La crisis no es nueva, pero la situación continúa empeorando progresivamente. El déficit estructural afecta a todos los niveles de la atención sanitaria penitenciaria, desde médicos hasta auxiliares, pasando por personal de enfermería. El sistema se encuentra en una situación límite que compromete no solo la salud de los reclusos sino también la seguridad dentro de las instalaciones penitenciarias, con un aumento significativo de las agresiones tanto a funcionarios como entre internos en los últimos años.

Ese déficit de profesionales médicos estaría provocando, según remarca el sindicato, "una cascada de problemas en el sistema penitenciario español". En primer lugar, el personal sanitario que continúa en sus puestos sufre una sobrecarga laboral insostenible, viéndose obligado a asumir responsabilidades adicionales para intentar mantener unos servicios mínimos. "Esta presión se traslada desde los facultativos hacia enfermeros y auxiliares, creando un efecto dominó que se agrava especialmente durante fines de semana y periodos vacacionales", remachan.

Otro efecto directo sería "el notable incremento de las salidas de internos a consultas hospitalarias externas". "Estas salidas no solo suponen un mayor coste para el sistema público de salud, sino que también generan riesgos de seguridad adicionales durante los traslados y la custodia de los reclusos en los centros sanitarios", explican. "Además, estas derivaciones externas saturan aún más unos servicios de salud ya de por sí sobrecargados, afectando indirectamente a la atención sanitaria de la población general", añaden.

En consecuencia, el aspecto más preocupante, según alerta el sindicato, "es el impacto directo sobre la seguridad" en los centros penitenciarios. Según los datos aportados por ACAIP-UGT, las agresiones a trabajadores penitenciarios han aumentado un 53,49% desde 2016, pasando de 7,03 a 10,79 agresiones por cada 1.000 internos. Las agresiones entre reclusos también han experimentado un incremento significativo del 26,27% en el mismo período. "Estos datos reflejan un deterioro evidente del clima de convivencia en las prisiones españolas", enfatizan.

El sindicato ACAIP-UGT recuerda que existe una solución legal que lleva dos décadas sin implementarse completamente. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece que los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias deben ser transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los sistemas de salud autonómicos.

"Sin embargo, veinte años después de la aprobación de esta normativa, solo tres comunidades autónomas —Cataluña, País Vasco y Navarra— han asumido estas competencias. El resto del territorio nacional mantiene un sistema fragmentado y en crisis que no logra dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población reclusa. Esta falta de implementación ha contribuido al deterioro progresivo de la sanidad penitenciaria", aseguran.

"La transferencia de competencias permitiría integrar la atención sanitaria penitenciaria en el sistema general de salud, facilitando el acceso a recursos, profesionales y protocolos actualizados. También mejoraría las condiciones laborales del personal sanitario, haciendo más atractivas estas plazas para nuevos profesionales y reduciendo la elevada tasa de vacantes actual", sentencian.