La deuda contraída por la construcción del Estadio de la Cartuja, una gran hipoteca que ascenció a 120 millones de euros después de varios desvíos presupuestarios, ya está más que amortizada. De hecho, ya en 2017 se alcanzó el equilibrio entre el activo y el patrimimonio neto. Han transcurrido dos décadas, pero el estadio cinco estrellas de Sevilla sigue percibiéndose en la memoria ciudadana como un auténtico monumento al despilfarro, una percepción que se apoya en el escaso uso que ha tenido esta instalación, que todavía no ha logrado ser rentable. En dos décadas, el gran coliseo, una instalación cinco estrellas, apenas ha acogido un centenar de eventos y no todos de carácter deportivo, el fin para el que fue levantado.

Cuando el interior del recinto se clausuró a mediados de 2018 se truncaron también algunas esperanzas que habían depositados sus gestores, pues el cierre llegó justo cuando la deuda se había saldado. Entre 1997, cuando la sociedad que lo gestiona echó a andar, y 2007, cuando se elaboró un plan estratégico para reflotar el recinto, el estadio sólo fue soportando pérdidas, situación que, además se ha agravado con la suspensión de la actividad en su interior, que sumará pronto dos años. Las últimas cuentas que constan en el Registro Mercantil, las de 2018, recogen un resultado negativo de 3.017.563,05 euros. Y ello, a pesar de que las ventas fueron algo superiores a las de 2017, cifrándose en 1,7 millones de euros. La plantilla aumentó además en una persona (8 trabajadores) en el último ejercicio registrado, en el que poner en funcionamiento el estadio cada día supuso un esfuerzo de casi 5 millones de euros.

Hace doce años fue necesaria una ampliación de capital para saldar las deudas pendientes con los constructores, que, una década después, ascendía a 20 millones de euros y añadía unos intereses más que llamativos. Varias operaciones financieras y un fuerte plan de ajuste permitió que la balanza se equilibrase y que el recinto empezara a autofinanciarse con el negocio inmobiliario. En los peores años de la crisis, las cuentas se mantuvieron a duras penas con el alquiler de los locales situados en las cuatro torres y fue necesario cambiar el concepto para ofrecer al mercado “mucho más que un estadio”, abierto a todo tipo de eventos.

Las administraciones públicas ya invirtieron mucho dinero en el estadio y ahora tampoco parecía el momento oportuno para que ampliasen el patrimonio. De hecho, el Gobierno central participa del accionariado a través de Patrimonio del Estado, o sea, que el recinto está adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, no a la cartera de Deportes, como ocurre en el caso de la Junta de Andalucía. Y los clubes de fútbol, que también forman parte del consejo, no se han mostrado nunca dispuestos a asumir la gestión. Ambos han rechazado siempre traslado a la Cartuja.

En resumen, el estadio se ha convertido en los últimos años en un marrón difícil de gestionar. Por ello, la solución anunciada ahora, el acuerdo con la Federación Española de Fútbol, se vislumbra como un buena salida que evita recurrir a la iniciativa privada para salvar el recinto. La taquilla de las finales ya previstas permitirán una reinversión que ayudará a mejorar un recinto que sigue cumpliendo años.