Salieron de Ghana y Nigeria hace varios años. Cruzaron el Estrecho en patera y lograron asentarse en Sevilla. Charity y Stephen han creado aquí una familia con sus dos hijos de cuatro y un año. Han logrado insertarse socialmente. Alquilaron un piso en el Polígono Norte, donde pagaban mensualmente el arrendamiento. Sin demora alguna. Un cumplimiento estricto que no ha impedido que hoy tengan que residir en una vivienda compartida. El motivo: el banco los puso en la calle debido a que la titular del inmueble ("la casera") no abonaba la hipoteca. 

No es la única familia que sufre una situación de tales características. La asociación de padres (AMPA) de la Escuela Argote de Molina (de las pocas que quedan en Sevilla que sólo tienen el segundo ciclo de Infantil) ha dado la voz de alarma. En este centro, situado en la barriada del Rocío, hay varios alumnos que también se ven en riesgo de desahucio o que viven en condiciones de infravivienda. 

Para ello, ponen el ejemplo de un menor "cuya única opción" estos meses está siendo dormir con su madre en un colchón en el suelo del salón de unos familiares. "No tienen espacio ni para guardar la ropa", señalan desde la AMPA del Argote de Molina. "Nadie les alquila, con requerimientos extremos como aportar avales de personas con viviendas en propiedad", subraya la asociación de padres, que hace hincapié en que "hay empleadoras que se aprovechan de la situación administrativa de estas personas para incumplir la legislación laboral". 

Todo el esfuerzo se ha ido al traste

El caso de Charity y Stephen ha llevado a la AMPA de este centro educativo a exigir "una política pública que dé respueta adecuada a la falta de acceso a la vivienda que sufren muchas familias". "De nada ha servido que estos padres cumplieran puntualmente con el pago del alquiler, pues al no abonar la hipoteca su casera, la vivienda pasó a manos del banco, que finalmente los ha puesto en la calle", detalla la asociación, que incide en los informes de vulnerabilidad y arraigo emitidos por los servicios sociales para que no se ejecutara el desahucio. "Todo el esfuerzo de esta pareja por trabajar, adaptarse a un nuevo país y buscarse un futuro digno como familia se ha ido al traste", abunda. 

Ya deshauciados, la pareja con sus dos hijos ocuparon la habitación de un hostal, desde donde el Ayuntamiento de Sevilla los derivó a una empresa privada que gestiona los casos más graves. Para ello, les ofrecieron residir en un piso compartido con otras familias por "un periodo transitorio". Aunque se trata de una medida de urgencia y temporal, la AMPA del Argote de Molina entiende que "un hostal no es un hogar, ni tampoco un piso compartido por varias familias". 

Por todo ello, la asociación de padres de alumnos de esta escuela infantil exige una mayor inversión pública municipal que permita contar con un cupo de viviendas sociales, una mayor coordinación entre las administraciones con competencias en viviendas a diferentes niveles, y en tercer lugar, una labor conjunta que ofrezca una mirada integral sobre este problema: desde la regularización de las personas migrantes a la garantía de sus derechos laborales al margen de su situación administrativa. En este punto recuerdan que "las administraciones les dificultan la regularización en el caso de las familias migrantes, sin papeles no pueden acceder a un trabajo con garantías y sin contrato no consiguen un alquiler, por lo que el resultado es una espiral permanente de la que difícilmente pueden salir".