La Diputación niega a José Luis Sanz: los gastos del grupo del PP no están fiscalizados

La Diputación de Sevilla no fiscaliza los fondos que asigna a los grupos políticos; entre éstos, el PP, cuya cuenta sirvió para pagar un mitin de la campaña electoral de Juan Ignacio Zoido en 2011. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, y el alcalde, José Luis Sanz, han indicado este lunes que este gasto es legal porque estaba fiscalizado por la intervención de la Diputación, y no es así.

La Diputación de Sevilla ha emitido un comunicado en el que explica que la intervención no actúa y que toda la responsabilidad es de los grupos. "Anualmente, en las Bases de Ejecución del Presupuestaria, según normativa vigente, se recoge un artículo específico sobre las Asignación a los Grupos Políticos (62) sobre las limitaciones del destino de las asignaciones. En él se recoge que en ningún caso las asignaciones podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial".

La cantidad que la Diputación entrega cada año a los grupos políticos para su funcionamiento corresponde a un asignación, no a una subvención, motivo por el cual la intervención no entra a fiscalizarlos. Tal como está regulado en esta institución provincial, cada partido tiene la obligación de anotar sus gastos en una contabilidad por si estos documentos son solicitados por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas o la propia Diputación.

Las dudas suscitadas sobre la legalidad residen, por tanto, en la utilización y en la cabida en la ley electoral. El gasto de 35.000 euros en los 70 autobuses para llenar el palacio de congresos en el penúltimo día de campaña electoral de 2011 se cobró, directamente, de la cuenta corriente del grupo en la Diputación. Esto en sí también es anómalo, del mismo modo que el sobresueldo que cobró la concejala popular Asunción Fley, cargado a la cuenta de la institución provincial, no a la del grupo municipal en el Ayuntamiento de Sevilla. Los cobros de Juan Bueno, entonces delegado de Movilidad y hoy de Hacienda, también salieron de esta bolsa.

Tal como indica el comunicado de la Diputación, la responsabilidad de la gestión de "esas asignaciones corresponde a los grupos políticos, quienes deberán llevar una contabilidad específica de la dotación, que están sometidas al control externo del Tribunal de Cuentas o del órgano autonómico equivalente, Cámara de Cuentas, según establece la Ley Orgánica de Financiación de Partidos".

Los grupos políticos de la Diputación destinan una parte del dinero de la asignación al partido, pero no pagan gastos de funcionamiento de la organización, directamente, desde la cuenta de la institución, sino que lo envían a la sede. En el caso del grupo socialista, estos envíos están reglados mediante un protocolo. No así en el del PP.

En el Parlamento andaluz también se envía dinero desde los grupos políticos a las sedes de los partidos. Es un porcentaje fijo que conoce la intervención de la Cámara, pero que tampoco fiscaliza. Es decir, controla los gastos del grupo parlamentario, pero no el uso que hace el partido de la parte que recibe. Esto último corresponde al Tribunal de Cuentas.