Dos familias de Sevilla piden que se paralice el derribo de sus casas, previsto para este miércoles. Las casas se encuentran en una urbanización de Alcalá de Guadaíra y sobre ellas pesa una orden de demolición, en ejecución de una sentencia de hace catorce años que condenaba a los propietarios de las viviendas por un delito urbanístico. El derribo de las viviendas, advierten, supone dejar en la calle a una familia con dos menores de edad.

Las casas están construidas en un terreno rústico, a pesar de que los propietarios de las mismas están pagando impuestos al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra como si estuvieran en suelo urbano. Las casas pertenecen a dos hermanas, Sara y Mónica Ramos. La primera reside en Madrid. Mónica, sin embargo, tiene su residencia habitual en esta vivienda. Ningún miembro de la familia tiene trabajo y viven de una pensión del marido, Jesús. La semana pasada, cuando atendió a este periódico, Jesús trataba de obtener algún aplazamiento del derribo mientras su mujer y sus hijos estaban confinados por tener covid-19.

Las viviendas están ubicadas en la urbanización La Ruana Baja, entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas pero dentro del término del primero de los municipios. La paradoja del caso es que, con la nueva ley andaluza de impulso para la sostenibilidad del territorio (Lista), de diciembre de 2021, sí se podría construir en el terreno sobre el que ahora se levantan las casas. Sin embargo, se ven obligados a ejecutar una sentencia anterior que ordena el derribo de las viviendas. 

El afectado señala su casa.

"Es algo surrealista. Tenemos que tirar las casas y, si queremos, levantarlas de nuevo. Pero primero hay que tirarlas", lamenta Sara, una de las afectadas por esta orden de derribo. "Todo es un despropósito", insiste la mujer, que ha acudido a numerosas instituciones sin éxito hasta ahora. Cuando quedan pocas horas para que la piqueta eche abajo su vivienda, ya le quedan pocas esperanzas de poder salvarlas.

Tanto ella como su hermana fueron condenadas en el año 2008 por edificar en terrenos rústicos. La pena era de seis meses de cárcel, donde no tuvieron que ingresar al no tener antecedentes, y al derribo de las construcciones. La sentencia no se ejecutó durante años, hasta que el juzgado de lo Penal 7 de Sevilla instó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a que la cumpliera.

Tras varios recursos, el juez estima que la situación no ha cambiado, el terreno sigue siendo rústico y no se ha recalificado, y no concurre ninguna circunstancia nueva como para que no se ejecute su sentencia. Hace diez días recibieron la notificación que les indica que el día 26 de enero, las casas serán derribadas.

Otra de las casas afectadas.

Distinto es la cuestión administrativa que tendrán que reclamar ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que durante la última década les ha ido cobrando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), como si las construcciones fueran legales. A efectos de impuestos, es como si estuvieran viviendo en una urbanización cercana que sí está urbanizada.

Jesús, el marido de Mónica, asegura que hubo una confusión desde el momento inicial y que van a derribarle una vivienda que es suya sin que a él lo hayan condenado nunca. En los últimos días ha estado haciendo gestiones con el Ayuntamiento de Alcalá y con Asuntos Sociales. "No tenemos ningún lugar a dónde ir. No disponemos de recursos para alquilarlos una vivienda".