La Fiscalía pide investigar al Ayuntamiento por los vertidos entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra

La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha pedido al juez que se investigue a los responsables del área medioambiental del Ayuntamiento hispalense que han ocupado dichos cargos entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025 por un vertedero de grandes dimensiones ubicado en distintas parcelas pertenecientes a los términos de Alcalá de Guadaíra y Sevilla, en un área delimitada por el río Guadaíra. Además, el Ministerio Público ha solicitado en una denuncia presentada en los juzgados que se encargue un informe pericial al Instituto Geológico y Minero de España para determinar el riesgo y el impacto que el depósito de los residuos existentes en la parcela municipal pudiera provocar en los dos acuíferos sobre los que se asienta el vertedero y en el río Guadaíra.

La Fiscalía abrió el pasado 15 de mayo de 2025 unas diligencias de investigación a raíz de una denuncia presentada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. La “complejidad del caso”, según la denuncia del Ministerio Fiscal, radica en la “multiplicidad de titularidades de las parcelas afectadas” y en la “extensión temporal de los vertidos ilegales”, que se remontan a 2001. Las autoridades medioambientales, reprocha, “han venido realizando inspecciones periódicas durante más de una década sin que se hayan adoptado medidas correctoras efectivas para eliminar el vertedero o impedir su crecimiento continuado a lo largo de estos veinticuatro años de actividad ilegal”.

La investigación realizada por el Seprona se inició mediante una inspección exhaustiva del paraje, donde los agentes comprobaron la existencia de "un trasiego constante de camiones que vertían, con total libertad y sin ningún tipo de control administrativo o vigilancia, residuos de toda clase, incluyendo tanto residuos peligrosos como no peligrosos". En muchos casos, se procedía posteriormente a la quema de estos materiales, generando "humos tóxicos y contaminación atmosférica adicional" que afectaba a las barriadas próximas.

Durante las labores de vigilancia y seguimiento desarrolladas por los agentes medioambientales, se llevó a cabo la identificación de algunas empresas y particulares que, durante los meses de noviembre de 2024 y enero de 2025, habían realizado vertidos en parcelas distintas a la de titularidad municipal, donde sí se constató que almacenaban las cubas y contenedores con residuos.

Asimismo, se procedió a la identificación exhaustiva de las distintas parcelas catastrales afectadas y de sus respectivos propietarios, tanto personas físicas como jurídicas y administraciones públicas. El atestado policial remitido a la Fiscalía se acompaña de un completo estudio, que permite examinar mediante imágenes aéreas la evolución del vertedero desde 2001, evidenciando "el crecimiento progresivo e ininterrumpido de la acumulación de residuos a lo largo de más de dos décadas".

Lo más grave es que hay antecedentes a esta investigación. Un informe de 2022, elaborado por la delegación territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, constató que el volumen de residuos superaba los 200.000 metros cúbicos. Además, se puso el acento en la falta de limpieza desde el año 2020, constituyendo una montaña artificial de residuos visible desde varios kilómetros de distancia.

En paralelo, un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) confirmó, en 2024, que el vertedero reside sobre "un suelo de alta permeabilidad y vulnerabilidad a la contaminación, lo que significa que cualquier sustancia tóxica o contaminante depositada en superficie puede filtrarse con relativa facilidad hacia las capas freáticas, comprometiendo la calidad del agua subterránea y, por extensión, del agua que posteriormente pudiera utilizarse para consumo humano o para riego agrícola en la zona".

Siete investigados por la Guardia Civil

La Guardia Civil investigó, el pasado agosto, a siete personas por vertidos y quema de residuos entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra, convertidas desde hace años en un vertedero ilegal “de grandes dimensiones con quemas descontroladas” que originaban columnas de humo y suponían un “grave riesgo” para la salud. Según las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, en las zonas afectadas existía una red de gestión de residuos al margen de los canales autorizados. El modus operandi consistía en que los investigados, a cambio de una contraprestación económica y actuando como particulares o en nombre de empresas, recogían distintos tipos de residuos de otros puntos transportándolos al lugar afectado.

Una vez allí, almacenaban los residuos sin control alguno, abandonándolos en el terreno. En otros casos, quemaban los residuos para liberar espacio o extraer materiales de valor como metales procedentes de componentes eléctricos o neumáticos usados con el objetivo de ampliar el beneficio económico.

Esto generaba, según recalca la Guardia Civil, un elevado riesgo de combustión, insalubridad y contaminación del suelo y el agua, así como contaminación del aire a consecuencia de los gases nocivos derivados de la quema de materiales tóxicos o de la descomposición orgánica de los elementos: "Todo ello creaba un impacto medioambiental y amenaza contra la salud pública de los vecinos".