El fraude a la Seguridad Social en Sevilla llega a los 55 millones de euros. Este tipo de engaño sólo supone una parte de la economía sumergida en la provincia, ya que a dicha cantidad hay que sumar la evasión de impuestos, que afecta a las cuentas de la Agencia Tributaria. Se trata, sin duda, de la cifra más alta de Andalucía y una de las más destacadas del territorio nacional. De hecho, sólo la superan Barcelona y la comunidad uniprovincial de Madrid, con 136 y 131 millones, respectivamente. El volumen de las sanciones impuestas por los inspectores de Trabajo rebasa los 10,5 millones de euros anuales. La crisis del último lustro ha provocado que más de la cuarta parte del dinero que se mueve en la provincia sevillana se escape del control del Fisco. Sirva como ejemplo un dato, en un año la Inspección constató la existencia de casi 2.500 empleos sin cotizar, lo que lleva a pensar que son muchos más los que desempeñan una labor en tales condiciones.

Cifras de la economía sumergida.

Peluquerías clandestinas, talleres mecánicos que trabajan sin licencia o establecimientos hoteleros al margen de la ley. Los años de penuria económica han relanzado la economía sumergida, es decir, aquellas actividades que no se declaran y no constan en la Seguridad Social. Para controlar este fraude, el Gobierno cuenta con dos vías de inspección: la de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, y la de Trabajo. Este último Ministerio elabora anualmente un informe en el que se detalla que en 2015 (último año del que se tienen datos más actualizados) se llevaron a cabo en la provincia de Sevilla 43.510 actuaciones para perseguir las actividades fraudulentas. Se trata del segundo dato de actividad más importante de la Inspección de Trabajo en Andalucía, tras el de Málaga, donde se realizaron 44.508 inspecciones en ese ejercicio. Madrid (89.947) y Barcelona (74.711) copan la lista de provincias donde el trabajo de estos funcionarios alcanzó el mayor volumen, por lo que Sevilla es la cuarta en dicho ranking.

Sevilla es la tercera provincia donde más se defrauda a la Seguridad Social

Esta labor conllevó a que se levantaran 3.086 actas en la provincia sevillana. De ellas, 199 competían a las relaciones laborales, 868 a la seguridad y salud laboral, 44 a empleo y extranjería, 99 a obstrucción y el grupo más numeroso pertenece a las irregularidades con la Seguridad Social, que se elevaron a 1.876. El valor económico de las sanciones interpuestas al descubrirse tales fraudes fue de 10.659.836,36 euros, una cantidad que se ha incrementado en tres años un 20%.

Las inspecciones desarrolladas por estos profesionales permitió detectar que dichas actividades en la provincia suponían un fraude de 55.289.437,82 euros a la Seguridad Social. Se trata de la cantidad más alta de la comunidad autónoma, seguida de Málaga, donde el dinero que escapó del control del Ministerio de Trabajo rozó los 45,5 millones de euros. La provincia andaluza con el fraude económico más bajo fue Huelva, con 9,8 millones. Sevilla se sitúa, en este sentido, como la tercera de España en la que la economía sumergida causa mayores estragos en la arcas de la Seguridad Social. Se coloca detrás de Barcelona y Madrid, donde los trabajos no cotizados superaron en más de 80 millones la cifra sevillana.

El volumen defraudado en Sevilla se ha incrementado un 7,78% en dos años, crecimiento que refleja que dichas actividades irregulares lejos de menguar siguen en auge. Este informe evidencia, por tanto, las dos caras de una misma realidad: por un lado, que la tan pregonada salida de la crisis está lejos de llegar a muchos hogares sevillanos, cuyos integrantes se ven obligados a aceptar trabajos que no cotizan para llevar un dinero a casa y, por otro, que la economía sumergida se ha convertido en una vía consolidada a la que recurren empresas y autónomos para evadir impuestos. De hecho, en 2015 se detectaron en la provincia 2.500 empleados que no estaban dados de alta en la Seguridad Social, la segunda cifra más alta de Andalucía, detrás de Málaga (2.849). Este dato resulta aún más sorprendente si se compara con el que se registró sólo tres años atrás: 960, por lo que el crecimiento entre 2012 y 2015 ha sido del 160%, porcentaje que avala la tesis de muchos expertos económicos, quienes consideran que este tipo de actividad se ha convertido en la tabla de salvación para salir de la crisis. A ello se añade una mayor labor inspectora que destapa más casos, que antes permanecían encubiertos.

En cuanto a las infracciones por la falta de permisos de trabajo para los extranjeros, la Inspección detectó 42 casos. Este tipo de fraude ha provocado que la Seguridad Social dejara de ingresar casi 348.000 euros en un año. Dicha cifra, sin embargo, se ha reducido considerablemente respecto a la de 2012 (el ejercicio más tardío del que se tiene esta información). En aquella ocasión el Ministerio de Trabajo descubrió 108 empleos desarrollados por extranjeros que no contaban con el debido permiso, lo que provocó un fraude de 1.039.504 euros. Un trienio después esta cantidad se ha reducido un 66,53%, una caída que va pareja al regreso de muchos inmigrantes a sus países de origen o a otros destinos debido a la falta de oportunidades laborales que les brinda este país, que aún se resarce de las heridas de la debacle financiera.

Otro dato a destacar concierne a las infracciones por desempleo. Las actuaciones de la Inspección han puesto al descubierto que 237 empresas habían ocultado total o parcialmente sus pagos de diferentes formas. Bien a través de contratos fraudulentos, irregulares o con una plantilla integrada por empleados que no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Dentro de estas inspecciones, cabe señalar los 795 empleados que estaban trabajando por cuenta propia o ajena y al tiempo percibían una prestación por desempleo. Ambas cifras también han experimentado un ligero aumento desde 2012. Las empresas que cometían algún tipo de fraude se han incrementado un 33,15%, mientras que el de los trabajadores que engañaban con el cobro del paro se ha duplicado en sólo tres años.

Recientemente la ministra de Empleo, Fátima Báñez, recordaba que desde que en 2012 se puso en marcha el plan de lucha contra este tipo de fraude han aflorado en España 420.000 empleos irregulares, se han detectado 6.000 empresas ficticias y se han convertido en indefinidos más de 253.000 contratos indebidamente temporales. Estas cifras hacen pensar que el hecho de que los datos del último informe constaten un crecimiento en la economía sumergida se debe a que se han intensificado las inspecciones para perseguir los engaños.