Los fraudes en la escolarización son ya en Sevilla cosa del pasado. Los datos sobre las familias que engañan para hacerse con una plaza para sus hijos en el colegio deseado van cada vez más a la baja. Especialmente si se comparan con los existentes hace una década, cuando era práctica habitual la contratación de detectives para demostrar que había padres que aportaban datos falsos con el fin de lograr más puntos en la baremación y así conseguir que un menor entrara en el centro educativo elegido como primera opción. La bajada de la natalidad, el nuevo decreto que regula este trámite y el hecho de que el agrupamiento familiar sea el factor que más se valora están detrás de este cambio radical. 

Los datos lo demuestran. Según los datos aportados por la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP a este periódico, para el presente curso sólo se han abierto 12 expedientes en diez colegios por cometer fraude en la escolarización. Dicho resultado significa que una docena de familias se hicieron con una plaza en un centro público o concertado mediante la aportación de datos falsos durante el proceso abierto en marzo. 

La cifra es más elevada que en otras provincias, como por ejemplo en Córdoba, donde sólo se han detectado dos fraudes para este curso. Sin embargo, si se aplica una perspectiva temporal amplia, se puede calificar hasta de "insignificante" ante las que se registraron a mediados de la década pasada. Valga de ejemplo los resultados de septiembre de 2015. Aquel año se habían presentado 181 denuncias por presuntas estafas en la escolarización. De ellas, sólo en 55 se constató engaño. Por tanto, en ocho años el fraude se ha reducido un 78%. 

14 fraudes en 2022

Ya entonces esta situación iba a menos. No en vano, en la primera década del siglo XXI la Consejería de Educación constató una cifra muy alarmante: el 25% de los niños que lograba un puesto escolar sostenido con fondos públicos lo hacía con la aportación de datos falsos. Confluían entonces circunstancias bastante distintas a las actuales que se detallan a continuación. Pero antes, y por ahondar en esta tendencia a la baja, valga también la comparación con los datos del fraude del curso pasado, aportados por el departamento que dirige Miguel Ángel Arauz. En otoño de 2022 se detectaron 14 fraudes en 11 centros. 

En cuanto a los motivos que provocan este descenso, el principal obedece a la importante crisis de natalidad que sufre la provincia desde que se produjo el desplome financiero a finales de 2007. La curva de nacimientos empezó en años anteriores a mostrar un signo negativo que se ha mantenido (con ciertos altibajos) hasta ahora y que ya comienza a ser preocupante. Sirva de ejemplo lo ocurrido en el Distrito Casco Antiguo por segundo curso consecutivo. De ser una de las zonas con más problemas de escolarización (la oferta pública en él resulta reducida frente a la concertada y privada) a quedar una cuarta parte de las plazas del primer curso del segundo ciclo de Infantil sin ocupar.

En este distrito, al problema de la natalidad y de una población cada vez más envejecida, se suma la presión turística, que desplaza a los residentes hacia la periferia de la ciudad o a municipios del área metropolitana. Una especie de exilio que provoca situaciones como las vividas la primavera pasada en el CEIP San Isidoro (en el barrio de Santa Cruz), donde sólo se recibieron 12 solicitudes para 25 plazas para Infantil de tres años. A menos niños, menos competencia entre familias y menos intentos por cometer fraude en la escolarización.

El agrupamiento familiar

También influyen el nuevo decreto de escolarización y los cambios en la baremación. De esta forma, el factor que más puntuación otorga es contar con un hermano en el centro que se elige como primera opción, que se valora más que el domicilio del menor (tanto el familiar como el laboral de los padres). Esta condición era hasta no hace mucho la que predominaba, lo que llevaba a muchos padres a cometer fraude, pues llegaban a empadronar a los hijos en residencias de parientes o, incluso, hasta en direcciones donde sólo había domicilios sin habitar o una parcela baldía, sin construcción alguna. Aquí jugaron un papel fundamental los detectives que contrataban quienes se sentían perjudicados por la presunta estafa de otras familias. Existen, además, otros muchos criterios que otorgan puntuación y que se introdujeron cuando el PP llegó al gobierno de la Junta de Andalucía. 

El proceso para denunciar estos fraudes consta de dos fases. Una primera, que se desarrolla en el centro donde se ha solicitado plaza. Tras publicarse las listas provisionales, las familias cuentan con un periodo de alegaciones. Una vez que ese listado se hace definitivo, las reclamaciones deben presentarse, en forma de recurso de alzada, contra la dirección del colegio en cualquier registro público, aunque lo más habitual es que se haga en la Delegación territorial de Educación. 

Los recursos son recogidos por el Servicio de Planificación y Escolarización, en concreto, por el departamento de Recursos y Reclamaciones, que cuenta con tres meses para resolverlos. Los trámites a seguir son muy variados, aunque el principal protagonismo lo adquieren los informes elaborados por la Policía Local o la autonómica (dependiendo de la ubicación del centro educativo). Su servicio resulta esencial para los domicilios falsos. Con tal fin, los agentes se presentan en la dirección facilitada por los padres en la solicitud de escolarización para comprobar si el menor realmente reside allí. A las familias denunciadas se les otorga un plazo de alegaciones para aportar pruebas que confirmen la veracidad de los datos facilitados en marzo. 

Las consecuencias del engaño

En caso de que la resolución -firmada siempre por el delegado territorial de Educación- demuestre el fraude, el alumno con datos falsos pasa a tener una puntuación inferior, lo que le puede provocar la exclusión del colegio donde fue admitido. En este caso, se le asigna plaza en otro colegio con excedente de puestos, siguiendo siempre el orden de prelación y procurando la cercanía con su domicilio. Aquí acaba la vía administrativa, pero los interesados pueden interponer un contencioso-administrativo en los juzgados. 

Educación advierte que el artículo 46.5 del decreto de escolarización de 2020 establece que en el caso de que los solicitantes de plaza hayan aportados datos falsos, la delegación territorial comunicará al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Instrucción competente los hechos.