Un comienzo precipitado y que no cuenta con el beneplácito de las universidades públicas. Así lo ha avanzado este lunes el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, al referirse al inicio de las clases de Medicina en la universidad privada Loyola antes de que acabe 2023. Castro ha realizado tales declaraciones en el consejo de gobierno de la institución académica, en el que se ha anunciado la creación de una comisión para adaptar los estatutos de la Hispalense a la LOSU.

En dicha cita, el rector de la US ha advertido que considera "ilegal" la aprobación e "inmediato" comienzo de las clases del grado de Medicina por una universidad privada. Con tal afirmación, se ha referido al inicio de dichos estudios en el campus sevillanos de la Loyola, ubicados en el término municipal de Dos Hermanas. 

En días anteriores, trascendía el visto bueno de Consejo General de Universidades al plan de estudios del grado de Medicina en la institución jesuita. La Loyola apremiaba a la Junta de Andalucía para agilizar el trámite que quedaba por completar, de modo que estas enseñanzas pudieran impartirse antes de diciembre. Era la fecha límite que maneja la universidad privada para no tener que perder el actual curso (la inversión en las instalaciones que acogerán estos estudios ha superado los 30 millones).  

El traspiés de mayo

Tanto esta carrera como la de Enfermería sufrieron un traspiés la primavera pasada, cuando la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) consideró que sus planes de estudios no cumplían los requisitos. La Loyola recurrió al Consejo General de Universidades (órgano estatal) que se pronunció a finales de verano a favor de Enfermería, lo que permitió poner en marcha esta titulación a mediados de octubre. Para Medicina no lo ha hecho hasta fechas recientes, de ahí que la universidad privada apremie al Gobierno andaluz para aligerar el proceso pendiente. 

El trámite requiere de un informe previo -no vinculante- del consejo de universidades andaluzas, que se celebra este lunes. Y luego de la aprobación definitiva del consejo de gobierno de la Junta. Según el rector de la US, sus homólogos en las instituciones públicas de enseñanza superior se posicionarán en contra de tal aprobación. 

Para Castro, el visto bueno a Medicina por parte del Ejecutivo andaluz es "ilegal" en cuanto que incumple dos preceptos. Por un lado, el artículo 27 del real decreto 822/2021, que establece la publicación obligatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y en segundo lugar, la necesidad de que aparezca en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). El rector de la Hispalense advierte que ambos requisitos no se han cumplido. 

La exclusividad de la US

Hasta ahora, la única universidad que en Sevilla imparte Medicina es la US, en la que cada curso cientos de aspirantes a estudiar esta enseñanza sanitaria se quedan sin lograr plaza, debido a la escasa oferta y a la altísima nota de corte exigida. Desde el Gobierno autonómico se ha insistido estos años en la necesidad de contar con más plazas en dicha formación, ante el déficit de profesionales que padece el sistema público de salud, debido, entre otros factores, al elevado número de jubilaciones. 

La Loyola oferta 60 plazas en este grado, en su campus de Sevilla. En abril, para la prueba específica de acceso que celebró esta universidad, se presentaron 700 aspirantes. El coste de primer curso de esta carrera alcanza los 14.200 euros por alumno. 

La reforma de los estatutos

Por otro lado, Miguel Ángel Castro ha anunciado en el consejo de gobierno de la US la constitución de la comisión de proyectos normativos para abordar el proceso de adaptación del estatuto de la Universidad de Sevilla a la la LOSU, la nueva ley universitaria que se aprobó en el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se cumple, así, lo anunciado en el consejo de gobierno de abril y en el último claustro, cuando se adelantó que dicha reforma se llevaría a cabo una vez constituido el nuevo Gobierno español, el cuya composición se ha conocido este lunes. 

La directora de la comisión será la catedrática de Derecho Administrativo Concepción Horgué. La primera fase del trabajo estará marcada por la recepción de ideas, reuniones y celebración de jornadas en las que participarán expertos internos y externos de la Hispalense. 

Según el rector, "ha de ser un procedimiento en el que participe toda la comunidad universitaria”. Una vez analizadas las aportaciones, se elaborará un anteproyecto de reforma de estatuto, que volverá a ponerse a disposición de la comunidad universitaria. Ha de recordarse que la LOSU incluye como obligación el sufragio universal ponderado para la elección del rector, un modelo que aún no está implantado en la Universidad de Sevilla, donde esta votación compete en exclusiva al claustro.