Una funcionaria niega que Marchena ordenase paralizar una licencia

La subjefa del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urbanismo, Emilia Barrial, aseguró ayer ante la juez que investiga las presuntas irregularidades en la venta de los terrenos de Mercasevilla que no recibió ninguna orden del entonces gerente Manuel Marchena para que paralizase la licencia que había solicitado una empresa que tenía un derecho de superficie para construir unas naves y oficinas.

La funcionaria de Urbanismo, que declaró como imputada hasta bien entrada la tarde de ayer en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, rechazó que hubiese recibido del entonces gerente o de sus superiores alguna instrucción para que no se adoptase ninguna decisión definitiva en el expediente de licencia de obras que solicitó la inmobiliaria Larena 98. Emilia Barrial afirmó que "no recibió ninguna instrucción, de ningún tipo".

La juez Mercedes Alaya imputó a esta funcionaria de haber realizado una "continua dilación" del procedimiento, al requerir supuestamente a Larena de forma "cansina" la subsanación de defectos menores para la concesión de la licencia para la construcción de unas naves, a pesar de que a la vez se estaba tramitando otro expediente sobre los mismos terrenos de la empresa Sanma -a la que la magistrada considera que se adjudicó de forma fraudulenta el concurso para la venta de los suelos-.

La juez entiende que la solicitud de edificación de Sanma, a pesar de subsistir los mismos problemas por la ausencia de infraestructura eléctrica, "corrió distinta suerte que la de Larena, pues existía indiciariamente interés por parte del Ayuntamiento y por ende del Gerente de Urbanismo Manuel Marchena de que dicha licencia se otorgara". La magistrada cree incluso que ese interés se lo pudo comunicar directamente Manuel Marchena a la funcionaria o bien a través de mandos intermedios, y que Emilia Barrial "lo llevó a la práctica", según recoge el relato de la imputación que hizo la juez con carácter previo a la declaración.

La magistrada añade que los hechos que se imputan a la funcionaria pueden ser constitutivos de dos delitos de prevaricación porque la funcionaria "a sabiendas de su injusticia y obviando la normativa urbanística vigente, y conociendo los problemas de suministro eléctrico, informó favorablemente de la concesión de la licencia provisional" a Sanma.

Emilia Barrial negó cualquier ilegalidad en su actuación, al asegurar que no vio "ningún inconveniente a la tramitación y viabilidad de la licencia" que se concedió a Sanma y, en cambio, no se concluyó en el caso de Larena porque, a su juicio, esta empresa fue la responsable de la dilación del expediente porque no presentaba la documentación complementaria que se le requirió.

En cuanto a que la licencia fuese provisional a pesar de que 14 naves y un edificio de dos plantas tienen vocación de permanencia, la subjefa de Licencias Urbanísticas entendió que "para salvaguardar los intereses patrimoniales municipales, es decir, que no se le pudiera exigir al Ayuntamiento o a la Gerencia responsabilidad por una hipotética demolición, la fórmula más adecuada era la licencia provisional, aunque no era consciente de que estaba incumpliendo la ley y además no fue rebatido por Sanma".

La acusación particular que ejerce el Partido Popular preguntó a la funcionaria si el entonces gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, pidió al responsable de la oficina del nuevo PGOU, Manuel Ángel González Fustegueras, que la redacción fuese favorable al Mercado. Barrial explicó que "no le consta que Mellet diera instrucciones a Fustegueras para que el PGOU quedara redactado en términos favorables para Mercasevilla y para que Sanma pudiera construir las naves industriales".