La funcionaria de Urbanismo pide la nulidad de las actuaciones

La funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, que está imputada en el caso Mercasevilla, ha pedido la nulidad de la causa que investiga el juzgado de Instrucción número 6, al entender que hay que esperar a que la Audiencia de Sevilla resuelva sobre otra denuncia "por los mismos hechos" que ha sido archivada por otro juzgado.

La petición fue planteada por el abogado defensor José María Calero en un escrito presentado en el juzgado el pasado día 2, previo a la citación como imputada de la funcionaria de Urbanismo, que finalmente se acogió a su derecho constitucional a no declarar. El abogado pidió a la juez Mercedes Alaya la nulidad de las actuaciones ante la existencia de otra denuncia presentada por la inmobiliaria Larena 98, que con anterioridad había traspasado un derecho de superficie a Sando a cambio de 1.080.000 euros. Esta denuncia fue investigada por el juzgado de Instrucción número 10, que decidió archivarla con un informe a favor del fiscal.

La inmobiliaria madrileña Larena 98 renunció en el año 2005 a construir unas naves de alquiler previstas en las últimas cinco hectáreas de suelo que quedaban libres en el mercado central y traspasó el contrato a Sanma, la filial del grupo Sando que finalmente se hizo con la adjudicación del derecho de compra de los suelos en un concurso público que la juez entiende estaba "predeterminado" para que ganase, al haberse introducido dos cláusulas que la favorecían "claramente". Además del millón de euros abonado a Larena, la constructora Sando tenía que pagar un canon anual de 700.000 euros a Mercasevilla una vez que se pusieron en funcionamiento las naves.

La denuncia presentada por Larena 98 está pendiente aún de que la Audiencia de Sevilla resuelva sobre un recurso presentado contra el auto de archivo. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, tras conocer la existencia de este proceso, elevó al decanato una cuestión de competencia que fue resuelta a su favor, en una decisión gubernativa del juez decano, Federico Jiménez Ballester, contra la que no cabe ninguna posibilidad de recurso, confirmaron fuentes judiciales.

La defensa pedirá ahora que se aporte el informe del decano sobre esta cuestión de competencia, al objeto de descartar que no se ha producido ninguna vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, ya que de acreditarse que los hechos que ahora se investigan son los mismos que ya analizó el juzgado de Instrucción número 10, sería este órgano judicial el competente para continuar con la investigación -en caso de que la Audiencia no confirmara el sobreseimiento-, ya que conocía el asunto con anterioridad a la causa abierta por las presuntas irregularidades en Mercasevilla.

Fuentes del caso indicaron que la cuestión de competencia quedó zanjada con el informe del decanato, de lo que se desprende que la juez Mercedes Alaya podría rechazar la petición de nulidad planteada por la defensa de la jefa del Servicio de Vía Pública de la Gerencia y también consejera de Mercasevilla, María Victoria Bustamante.

La juez Mercedes Alaya continuará hoy la instrucción del caso con la declaración del funcionario policial a quien la técnico de Urbanismo entregó la semana pasada su ordenador del trabajo después de que le comunicaran que iban a proceder a retirárselo, en el marco de un proceso de renovación de equipos informáticos.

El policía relató en un atestado remitido a la juez que la funcionaria le comentó que cuando comunicó al asesor jurídico de Mercasevilla y también imputado en el caso, Jorge Piñero, que se negaba a firmar el informe con sus valoraciones sobre las ofertas presentadas al concurso porque habían sido cambiadas, éste le manifestó que "si seguía ganando la empresa Sando, que los firmase".