El acuerdo entre la dirección de Lipasam y la plantilla está, por ahora, lejos de lograrse. El Ayuntamiento se niega a volver a sentarse con los representantes de los trabajadores mientras continúen los actos vandálicos que se han producido desde que se inició la huelga de basura, que han provocado pérdidas valoradas en 7.000 euros. "No podemos sentarnos a negociar con esta situación de chantaje al gobierno local y a los ciudadanos", afirmó el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente durante su comparencia con los medios de comunicación en la que lamentó la quema de contenedores, los sabotajes a los camiones y el esparcimiento de basura por las calles. 

El edil de Medio Ambiente criticó duramente la actitud que mantuvieron varios empleados de la empresa pública de limpieza el pasado martes -entre los que aseguró se encontraban miembros del comité de empresa- cuando arrojaron papeles delante del Consistorio. Según fuentes municipales, desde la noche del pasado domingo han ardido 15 contenedores.

A este frente se une ahora el que ha abierto el gobierno local con la Junta, a la que solicitó el martes que ampliara los servicios mínimos del paro. Como se recordará, éstos son del 30% durante las dos primeras semanas para la recogida de residuos sólidos urbanos, porcentaje que pasará a ser del 40% en la tercera semana. En cuanto a la limpieza viaria, los servicios decretados también son del 30% durante los  primeros 14 días y del 35% a partir de esta fecha. 

Sin embargo, el Ayuntamiento se queja de que en determinadas áreas, como la de los mécanicos, se han establecido los mismos servicios que para la huelga de basura que sufrió Granada hace dos semanas. "Nos han dejado con dos mecánicos para 470 vehículos, mientras que en Granada había también dos, pero con una flota de 160. Esto supone un claro trato descriminatorio para la capital hispalense", aseguró Vílchez. Este "agravio" es el que ha motivado al equipo de Zoido a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se concedan medidas cautelares para aumentar los servicios mínimos en el área de mecánicos.

Por ahora, no se ha recibido ninguna contestación por parte de la Delegación provincial de Empleo de la Junta a la solicitud registrada el martes. El consejero del ramo, Antonio Ávila, declaró a este respecto que el Gobierno andaluz dará a la huelga de basura en Sevilla "el tratamiento normal de cualquier otro conflicto laboral". En este sentido, Ávila ha aclarado que el establecimiento de los servicios mínimos "no está sujeto a decisiones políticas, sino que tiene sus cauces normales". 

A este cruce de declaraciones también se sumaron las palabras del portavoz socialista en el Ayuntamiento, Juan Espadas, quien lamentó que la intervención de Vílchez haya añadido "más tensión" al conflicto creado con Lipasam. "Son declaraciones de línea dura", señaló Espadas tras recordar que el comité de empresa desautorizó el martes los actos vandálicos.

Mientras continúa el enfrentamiento político por este paro, las calles de Sevilla acumulan después de tres jornadas de huelga 1.500 toneladas de basura, según informó a Efe el presidente del comité de empresa, Antonio Bazo. Los barrios y el extrarradio de la ciudad son las zonas que más están sufriendo la falta de recogida de residuos. En el centro, donde este miércoles no quedaba rastro de los papeles y desperdicios arrojados el martes, también empiezan a verse contenedores desbordados. Según Bazo, el comité ha presentado una denuncia en la Delegación del Gobierno al tener constancia de que efectivos de Protección Civil han recogido la basura depositada fuera de los contenedores, extremo que el Ayuntamiento niega.

Por su parte, el representante de UGT en Lipasam, Fernando Castilla, alerta de que los trabajadores que acuden a las movilizaciones -como la convocada ayer ante las instalaciones de Lipasam en el Parque de los Príncipes- son "perseguidos" por la Policía con constantes identificaciones. En cuanto a las negociaciones, lamenta que aún no han recibido una llamada del gobierno local desde el domingo.