La Guardia Civil limpia el Guadalquivir de barcos anguleros por su uso para el narcotráfico
El instituto armado asegura que las plataformas para la pesca de la angula se utilizan para repostaje y cobijo de los tripulantes de las narcolanchas
La operación coincide con otros golpes a las redes logísticas y de abastecimiento del narco en Almería y Huelva
La Guardia Civil incorpora 640 agentes para la lucha contra el narco en Andalucía
La Guardia Civil ha desmantelado una veintena de barcos y plataformas anguleras del río Guadalquivir, que eran presuntamente utilizadas por los narcotraficantes que operan en la zona. Así lo han anunciado este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Luis Ortega Carmona, en una rueda de prensa.
En la operación, puesta en marcha el 14 de junio, participaron 800 agentes de la Guardia Civil y se utilizaron siete embarcaciones, tanto del instituto armado como de Capitanía Marítima, así como dos helicópteros y varios drones. Con estos medios se peinó el río Guadalquivir desde su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla capital, retirando todas las estructuras que se mantienen fijas en el río para la pesca de la angula.
La pesca del alevín de la anguila está actualmente prohibida en Andalucía y la norma está vigente hasta 2025, de ahí que tampoco estas estructuras puedan ser utilizadas legalmente para la pesca. Son barcos fijos que hay en el río, y que según la Guardia Civil estaban siendo empleadas por los narcos para repostar combustible, cobijarse, cambiarse de ropa y hacer relevos en el personal de las narcolanchas. También se detectó un trasvase de droga desde una narcolancha a una de estas plataformas, que fue grabado por el helicóptero del instituto armado con su cámara de visión nocturna.
En las últimas semanas, la Guardia Civil ha retirado todas estas estructuras en una operación en la que se ha limpiado el río de estas plataformas. Las estructuras eran, según las autoridades, un peligro para la navegación en el río y también un riesgo para la biodiversidad, pues la anguila está considerada en peligro de extinción. Sigue habiendo pesca furtiva en el río, pues el consumo no está prohibido (sólo la pesca) y el animal adulto, la anguila, es muy demandado en China.
Esta operación se enmarca dentro de una serie de investigaciones de la Guardia Civil contra las redes logísticas que abastecen a los narcotraficantes. Como ha explicado el general jefe de la IV Zona, un cambio normativo en el año 2018 prohibió las narcolanchas, con lo que las mafias cambiaron su modus operandi. En vez de tenerlas almacenadas en tierra, pasaron a estar fondeadas en alta mar, generalmente en aguas internacionales tanto en la parte occidental como en la parte oriental de Andalucía y frente a las costas de Almería y Huelva. Así, sólo tocaban tierra para hacer los alijos.
Esto conllevaba la necesidad de poner en marcha una especie de industria para el abastecimiento. Hacían falta estructuras para hacer llevar víveres, ropa y combustible a los ocupantes de las narcolanchas, así como trasladar al personal que iba a hacerles los relevos. De ahí surgieron varias organizaciones criminales que se dedicaron exclusivamente a estas labores.
En las últimas semanas han coincidido tres grandes operaciones contra el narcotráfico. Además de la de las plataformas anguleras, se han desarrollado otras dos en Adra (Almería), en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, y la otra en Isla Cristina (Huelva), con la ayuda de la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa.
En el primero de estos golpes, el 4 de junio, se desmanteló el clan de los Plateros, que se había hecho con el control de un barrio de Adra comprando todos los inmuebles y construyendo narcoembarcaderos. En esta operación fueron detenidas 50 personas, se intervinieron cinco armas de fuego y 700.000 euros que estaban ocultos bajo el suelo, y que hubo que buscar con perros especializados en la búsqueda de moneda. Además, se decomisaron 85 vehículos y 51 embarcaciones y se bloquearon 52 cuentas corrientes.
Los miembros de este clan, asentado en el barrio de Puente del Río, utilizaban diez vehículos que llenaban en las gasolineras con 1.000 litros de combustible, que luego repartían en garrafas de 25 litros. Estas garrafas costaban unos 45 euros y lo vendían luego a otras organizaciones por entre 250 y 300 euros. "En cada viaje que hacían, obtenían unos beneficios netos de 70.000 euros", detalló el general. Luego invertían los beneficios en inmuebles, coches de alta gama y ganadería. Su actividad suponía un grave peligro y de hecho hubo explosiones tanto en el barrio como en alta mar, donde llegó a morir uno de los integrantes del clan. Uno de los líderes dirigía la organización desde la cárcel del Acebuche con un teléfono móvil.
La última operación se desarrolló el 19 de junio en Isla Cristina, junto con la GNR portuguesa. En ella se han intervenido 16 embarcaciones que se utilizaban para el cambio de tripulantes, así como para facilitar ropa y comida a los tripulantes de las narcolanchas. Se han decomisado 5.000 litros de combustible, detenido a dos personas e identificado a otras 108.
El general anunció un refuerzo de 600 guardias civiles en Andalucía e insistió en que el desmantelamiento del OCON Sur fue la respuesta operativa para acabar con una medida temporal que tenía que haber sido para cuatro meses y duró cuatro años. Pero eso, dejó claro, no implica un menor esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico.
El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, destacó que estas tres operaciones en un periodo muy corto de tiempo "denota que hay una preparación profusa y con antelación para que cuando explota la operación esté garantizado el éxito". "No es el trabajo de un día, sino un trabajo permanente y continuo. El resultado es un ataque frontal a las infraestructuras y la logística de las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas y personas. Los narcotraficantes están desconcertados con la presión policial", apuntó el delegado, que estuvo acompañado por Luis Ortega, así como por el teniente coronel José Silva, coordinador de la operación Carteia; José Carlos Arobes, delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,: y Javier Bello, jefe del Servicio de Vigilancia Aduanera.
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