El grupo inmobiliario Romero Mejías decide suspender pagos

El Grupo Romero Mejías, especializado en la rehabilitación de casas antiguas para construir apartamentos de lujo, solicitó el pasado jueves un concurso de acreedores voluntario -antigua suspensión de pagos- ante el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla para 8 de las 18 empresas que forman la inmobiliaria, que tiene varias promociones en marcha en Triana.

A estas empresas en procedimiento concursal se suma el propio presidente del grupo, Juan Antonio Romero Mejías, que también se declaró en concurso de acreedores como persona física ya que es administrador único y avalista personal de algunas de estas sociedades a través de su estudio de arquitectura. El pasivo de todas las empresas acogidas al concurso de acreedores más el personal acumulado por Juan Antonio Romero Mejías asciende a un total de 138.058.253,98 euros según los datos a los que ha tenido acceso este periódico. El juzgado dictó un auto en el que aceptó la apertura del procedimiento, permitiendo que los gestores actuales conserven "las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio". No obstante, estarán sometidos a la intervención del administrador concursal nombrado por la titular del juzgado.

En una de las memorias que acompañan a la petición, el grupo explica que las causas de la insolvencia son "la paralización casi absoluta de la actividad inmobiliaria, la negativa generalizada de bancos y cajas de ahorros a atender las necesidades de financiación y tesorería de la entidad, y el excesivo endeudamiento". "A pesar de la situación descrita, la entidad tiene activos suficientes para superar las actuales dificultades siempre que repunte la situación económica para el próximo año", asegura el escrito.

El presidente de la firma recalcó ayer en declaraciones a este medio que la petición se presentó por iniciativa propia "para mantener la actividad y salir fortalecidos". "Teníamos dos opciones: dejar que los bancos se comieran las empresas o intentar garantizar el pago a los acreedores con un concurso voluntario", manifestó Romero Mejías, que incidió en que esta opción "es mucho más dura por cuestiones de imagen a pesar de que la ley concursal es una garantía de tranquilidad para nuestros acreedores".

El dirigente explicó que el concurso de acreedores afecta a ocho promociones que están acabadas o en la fase final de construcción, que no especificó. "En principio sólo eran cinco, pero hemos decidido ampliarlo porque son las más endeudadas", manifestó Juan Antonio Romero Mejías, que achacó la situación a que los bancos han cerrado todas las vías de financiación para la inmobiliaria a partir de principios de 2008. "A pesar de que tenemos un patrimonio multimillonario, se han negado a renovarnos las pólizas de crédito, lo que nos ha dejado sin liquidez para el día a día", señaló. Romero Mejías explicó que las entidades financieras se han negado a subrogar los préstamos a los compradores a la hora de escriturar sus pisos. "De las 200 viviendas que tenemos, el 65% de ellas estaban vendidas, pero después el banco se negó a subrogar a muchos compradores, y sólo hemos podido vender un 10%", manifestó el presidente del grupo, que aseguró que sólo cuenta ya con "ocho empleados", frente a la plantilla de 40 trabajadores en su época de máxima expansión.

Juan Antonio Romero Mejías señaló que las promociones afectadas están muy avanzadas ya que a principios de 2008 decidieron no iniciar varias obras que iban a ejecutar en la corona metropolitana. "Nuestra idea es entregar las promociones en marcha antes del verano", manifestó.

Sevilla es la segunda provincia andaluza después de Málaga que ha registrado más procesos concursales desde que se modificó la legislación en el tercer trimestre de 2004. En este periodo, el juzgado de lo mercantil de Sevilla ha gestionado 136 concursos de acreedores, según el Registro de Economistas Forenses.

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