La Intervención estalla con las horas extras de la Policía Local de Sevilla

La fiscalización de los casi cinco millones de euros que Recursos Humanos quiere abonar a la Policía Local y a los Bomberos por productividades atrasadas de Semana Santa y Feria hizo estallar a la Intervención municipal. En un informe de 15 páginas expone, que las productividades y gratificaciones que afloran en estos expedientes carecen de cobertura jurídica dentro de la estructura legal de las retribuciones de los funcionarios. Esta práctica habitual desde la llegada a la Alcaldía de José Luis Sanz será trasladada al Tribunal de Cuentas.

En el documento al que tuvo acceso este periódico, Sara Hernández Ibabe sostiene que, en la práctica, se están modificando a través de los calendarios las normas jurídicas que regulan las retribuciones de la Policía Local. “En la práctica se está produciendo una desnaturalización del complemento de productividad, haciéndolo funcionar como una retribución complementaria fija y periódica, siendo esta práctica contraria al derecho”. Como punto de inflexión, pone de ejemplo el ejercicio 2024. Antes de terminar el primer trimestre ya estaba agotada la partida para todo el año. Pone el foco en la imposibilidad de planificar, concretar y contener ese gasto que no ha parado de crecer en los últimos años.

La Interventora destaca en el informe la evolución del gasto en horas extras, pasando de los diez millones en 2023 a unos treinta este año (suma los pagos ya efectuados y la proyección hasta final de año). “Este crecimiento se considera alarmante en cuanto a que no se le identifica un fin temporal ni cuantitativo”. Explica que es una concatenación de acuerdos repartidos y mantenidos en el tiempo, lo que ha devenido en un sistema insostenible, jurídica y económicamente.

En el informe se plantea que el problema que afloran los expedientes es mucho más complejo. “Estamos, por tanto, ante un problema poliédrico” en el que la funcionaria identifica tres vertientes. En la jurídica, asegura que las productividades y gratificaciones que aparecen en los expedientes carecen de cobertura jurídica dentro de la estructura legal de retribuciones de los funcionarios y superan los límites legales. “Mención aparte merecería el hecho de que los límites máximos de productividad y gratificaciones por horas extraordinarias determinados para el conjunto del colectivo de funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla es consumida en su práctica totalidad (las autorizaciones se sitúan en el 78% del total) por las unidades afectas a la policía y bomberos. Procede revisar, por tanto, el concepto de homogeneidad en este caso”.

Propone un plan estratégico para “eliminar la fricción” en el medio plazo

En la vertiente económica, la Interventora argumenta que los créditos presupuestarios para el ejercicio 2025, que sí estaban amparados por los límites de la masa retributiva, se agotaron el pasado mes de abril, “por lo que nos encontramos con un segundo problema, puesto que los servicios prestados por la Policía local y Bomberos se han venido haciendo sin contar con consignación presupuestaria, y por tanto no siendo autorizados por el servicio de Recursos Humanos”. En la vertiente del procedimiento administrativo, en el informe se apunta que los servicios se prestaron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Las conclusiones de la Intervención son variadas. Sobre la transgresión de los límites de la productividad y gratificaciones por encima de lo establecido, se formula un reparo suspensivo. Repite la fórmula con la ausencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la realización de los servicios extraordinarios. Por último y en cuanto a la ausencia de un procedimiento de forma total y absoluta en la tramitación de los expedientes de las horas extras, la funcionaria considera que estamos ante un supuesto de omisión de la función interventora. “En consecuencia, no se podrán reconocer obligaciones ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se subsane la omisión de dicha fiscalización”. Todo será trasladado al Tribunal de Cuentas.

El documento finaliza con unas recomendaciones, entre las que se encuentran elaborar un plan estratégico que incluya una alineación rigurosa con el marco legal, una planificación anual, la optimización de la planificación de los servicios, el refuerzo de los principios de control, y una estrategia poliédrica de soluciones. “La implementación de estas medidas nos permitirá normalizar en el medio plazo la tramitación de los expedientes de la Policía Local, eliminando la fricción, la incertidumbre y aumentando la seguridad jurídica”, expone Sara Hernández Ibabe para cerrar el informe.