Una división en la comunidad educativa que se ha convertido en batalla política. La prueba de la polémica que ha suscitado la nueva reforma educativa se vivió este miércoles en el Congreso, donde la ministra de Educación, Isabel Celaá, defendió que la Lomloe sí reconoce la Constitución Española y los estatutos de autonomía, así como la libertad de enseñanza. Celaá respondió de esta manera al diputado popular Óscar Clavell, que le preguntó a la ministra sobre qué entiende por dar cumplimiento a los artículos 3 y 27 de la Carta Magna.

El primero de ellos establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. El artículo 27 preserva el derecho a la educación y reconoce la libertad de enseñanza.

La ministra, según informó Europa Press, explicó que dar cumplimiento a ambos artículos significa “garantizar la aplicación efectiva de lo contenido en ambos, no como hace en este momento la Lomce, todavía vigente”.

"Cercena la libertad de los padres"

Clavell insistió en que la ley Celaá “cercena el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos atacando la libertad de enseñanza y de elección de centro, firmando el acta de defunción de cierta enseñanza, entre ellas, la especial”. Para el diputado popular, la reforma educativa supone un “claro ejemplo de totalitarismo”, pues “niega a los padres un derecho” cuando la ministra lo ejerció “al llevar a sus hijas a un colegio concertado y católico”.

Este debate en el Congreso se ha trasladado a la calle y se ha convertido en otro frente político entre el bipartito que conforma el Gobierno de España y la oposición. Los populares han anunciado que a partir de este jueves, cuando está previsto que el Congreso apruebe la reforma educativa, comenzarán “una ofensiva en toda España” contra esta norma que incluirá actos de sus cargos con los sectores implicados en cada provincia y recogida de firmas. Todo ello servirá de base al recurso que la formación va a presentar ante el Tribunal Constitucional.

176 votos para ser aprobada

Y mientras el debate está mas avivado que nunca,el Congreso debate este jueves dicha ley y las enmiendas presentadas a su texto original, tras ser aprobadas por la comisión de Educación y FP después de diez horas de votación el pasado viernes. El apoyo que consiguió entonces del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País sería suficiente para el Ejecutivo, ya que el dictamen deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), al tratarse de una reforma de una ley orgánica. Una cifra que coincide con los diputados de estas cinco formaciones.

Si en la votación se consigue la mayoría absoluta, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario. En caso de no obtenerse la mayoría requerida, el proyecto será devuelto a la comisión de Educación para que emita un nuevo dictamen.

Enmienda de última hora

PNV y JuntsxCat presentaron a última hora de ayer una enmienda transaccional a la la Lomloe en la que piden que se garantice la “existencia suficiente de plazas” en la educación concertada. Los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Vox la respaldarán hoy durante el pleno del Congreso en el que se votará la ley.

La enmienda recoge que las administraciones programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia suficiente de plazas públicas y la prestación del servicio público de la educación, “especialmente en las zonas de nueva población”.

El dictamen que se aprobó el viernes pasado daba esta garantía exclusivamente a los centros públicos. Con el texto de PNV y JxCat se abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan garantizar la existencia de plazas más allá de la educación pública.

Los puntos más polémicos

El dictamen que se lleva hoy al Congreso recoge enmiendas que han generado fuertes críticas, como la consideración del español y los idiomas cooficiales como lenguas vehiculares. El texto incluye el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; prohibir que los colegios concertados segreguen por sexo; ceder suelo público exclusivamente a centros de titularidad pública; la “excepcionalidad” de la repetición de curso; una cuarta modalidad de Bachillerato más general; o la derivación de alumnos de colegios de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de diez años.