Sale a licitación el local de uno de los referentes de la hostelería tradicional de la ciudad. El servicio de gestión urbanística y patrimonio municipal del suelo ha comenzado el procedimiento abierto para arrendar el bar Laredo, finca municipal ubicada en la planta baja del edificio Laredo. En el informe elaborado por el arquitecto técnico se detalla que la renta del contrato (60.882 euros sin IVA) se fija como tipo mínimo de licitación, que podrá ser mejorada al alza. En el pliego se establece que el precio del contrato de arrendamiento será al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso podrá ser inferior al tipo de licitación mínimo.

La empresa que logre la explotación del local ubicado en el número 90 de la calle Sierpes esquina con las calles Granada y General Polavieja y que se encuentra libre de cargas y gravámenes, contará con un plazo de arrendamiento de quince años desde la formalización del contrato prorrogable por otros cinco. Sobre la finca, que cuenta con 63 metros cuadrados útiles, tiene la firma de hostelería Robles un contrato vigente hasta el 29 de mayo. El actual arrendatario cuenta con un derecho preferente contemplado en la ley de arrendamientos urbanos para continuar en el local si el Ayuntamiento (como en este caso concreto) pretendiese celebrar un nuevo contrato con distinto arrendatario antes de haber transcurrido un año a contar desde la extinción legal del arrendamiento.

La firma cuenta con un derecho preferente contemplado en la ley de arrendamientos

La empresa Robles pagó en abril de 2007 algo más de 300.000 euros por hacerse con este establecimiento a los históricos adjudicatarios de este bar, los hermanos Rodrigo y José Díaz de la Roza. Pero ambos no recibieron la totalidad de esta cantidad, ya que el Consistorio se quedó con el 50% del pago. El Ayuntamiento pudo haber sacado a concurso público la adjudicación del local, pero optó en su momento por avalar el acuerdo entre los entonces adjudicatarios -que garantizaron así su jubilación-y Robles. Este acuerdo fue aprobado en su momento por el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo, que ingresó en sus arcas 90.000 euros. Un dato de importancia es que Robles tenía limitado a diez años (se cumple ahora) el tiempo de explotación del negocio, que era el periodo que restaba para que expirara la concesión del Consistorio a los anteriores adjudicatarios.

La reforma practicada para reabrir el establecimiento estuvo fuertemente marcada por la polémica. La Comisión Provincial de Patrimonio, organismo de la Junta de Andalucía que tutela la conservación del conjunto histórico declarado de la ciudad, decidió intervenir e inspeccionar el resultado de la reforma. El dictamen consistió básicamente en la reposición del antiguo rótulo y poco más, puesto que las reformas realizadas en los muretes exteriores -de los que se suprimió el pretil- demostraron que lo que habían conseguido, precisamente, fue recuperar la estética originaria del establecimiento.

A principios de este año, la firma de hostelería logró que la Gerencia le concediera el alquiler del local colindante -fue la única empresa que presentó oferta- por quince años prorrogables por otros cinco a razón de 38.400 euros anuales (IVA no incluido). Pasado el plazo de veinte años, el Ayuntamiento recuperará la gestión de un establecimiento que adquirió el 19 de noviembre de 1997 y que se encuentra abierto bajo esta firma de hostelería con la denominación comercial La Bodeguita de Sierpes.

El local está incluido en el denominado Patrimonio Municipal del Suelo y había sido objeto de un contrato de alquiler de renta antigua desde el 1 de enero de 1940 hasta el 20 de diciembre de 2015, fecha desde la cual no rige ningún contrato tras menos de un año en manos de Robles. El gobierno de Juan Espadas optó por sacar a subasta un nuevo contrato de alquiler con el objetivo de mantener el uso hostelero. El establecimiento tiene una superficie de 54,65 metros cuadrados. Se trata de una ubicación privilegiada, en el arranque de la calle Sierpes, a la vera de la Plaza de San Francisco.

El Ayuntamiento se quedó con la mitad de los 300.000 euros que abonó Robles en 2007

El edificio en el que se ubican ambos negocios hosteleros fue adquirido por el Ayuntamiento hace poco más de un año después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estipulara que el importe de la retasación de la expropiación del inmueble regionalista quedara fijado en 2,2 millones de euros y los intereses de demora ascendieran a 1,5 millones. A esto se sumó el justiprecio que fijó la Comisión Provincial de Valoraciones hace siete años. 2,3 millones de euros que ya fueron abonados en su integridad bajo el mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Al equipo de Juan Espadas no le quedó otra solución que cuadrar los números y sacar de sus primeros presupuestos municipales cuatro millones para cumplir con el último pronunciamiento del Alto Tribunal.

La primera tasación oficial fue de 113 millones de pesetas (679.143 euros) y llegó de la mano del Tribunal Provincial de Expropiación. El Ayuntamiento depositó el justiprecio fijado y firmó un acta de ocupación para asumir la propiedad legal a todos los efectos. Los planes municipales pasaban por abordar el proyecto de consolidación de un inmueble que contaba con unas estructuras muy deterioradas que necesitaban una urgente intervención de resanado. La anterior propietaria, la empresa Rosma, presentó, una vez fijada esa primera tasación, varios recursos en los que se cuestionaban tanto la legalidad del proceso de expropiación llevado a cabo en su día como la valoración final del justiprecio.