La mafia del taxi cobraba un "impuesto revolucionario" a la encargada de un bar del aeropuerto de Sevilla

La mafia del taxi cobró durante meses un "verdadero impuesto revolucionario" a la encargada de un bar del aeropuerto de Sevilla. Se trataba de una colaboración que el presidente de la asociación Solidaridad del Taxi, Antonio Velarde, pidió a esta hostelera en concepto del alquiler de unas sillas y meses que le cedió esta entidad. Cuando ésta se negó a pagar alegando que no era un trato justo y que ella ya abonaba a AENA unos 2.700 euros cada mes, sus dos coches aparecieron con las ruedas rajadas en las inmediaciones de su casa.

Así consta en el sumario de la causa de la mafia del taxi, al que ha tenido acceso este periódico. El juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla mantiene investigados a más de una treintena de taxistas como presuntos autores de los delitos de amenazas, coacciones, daños y pertenencia a organización criminal. Todos ellos pertenecen a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, que durante más de dos décadas detentó el monopolio de la parada de taxis en el aeropuerto de San Pablo. Entre los investigados está toda la cúpula de esa entidad, con su presidente y sus más estrechos colaboradores al frente.

El pasado mes de enero, el Grupo VI de la Brigada de Información de la Policía Nacional detuvo a 18 taxistas e imputó a otros ocho por mantener dicho monopolio mediante sabotajes y coacciones. Fue la llamada operación Aertase. El juez los dejó en libertad imponiéndoles la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del aeropuerto. En una segunda fase de la operación, la Policía detuvo a otros ocho miembros de Solidaridad. Este golpe policial a la llamada mafia del taxi facilitó al Ayuntamiento la implantación de un turno rotatorio del servicio de taxi en el aeropuerto de San Pablo, liberando así una parada que llevaba más de veinte años secuestrada por un grupo de taxistas.

Estos conductores no sólo coaccionaron presuntamente a sus compañeros que pertenecían a otras asociaciones, a los que impedían recoger clientes en la terminal. También hacían lo propio con otras personas que no eran del gremio pero que trabajaban en el aeropuerto. Una de ellas es una mujer que se hizo cargo del bar que hay en la zona conocida como el Palenque, donde los taxistas cuentan con una zona de esparcimiento mientras esperan las llegadas de los vuelos. El local pertenece al ente público AENA, que lo arrienda a particulares.

La encargada del bar firmó un contrato de diez años con AENA a mediados de 2023. Fruto de ese acuerdo pagaba al ente público 1.150 euros al mes, a los que hay que añadir los gastos de luz y agua, que elevan la cifra mensual hasta los 2.700 euros aproximadamente. En su declaración ante la Policía, a la que ha tenido acceso este periódico, la mujer aseguró que se hizo cargo del establecimiento animada por varios taxistas, ya que había trabajado durante diez años como cocinera a las órdenes del anterior presidente de Solidaridad, Enrique Filgueras, ya jubilado.

Una colaboración de mil euros

Antes de que abriese el negocio, el actual presidente de la asociación, Antonio Velarde, "le sugirió que debía aportar un dinero a la asociación en concepto de colaboración". Supuestamente, este dinero era por el alquiler de unas sillas y mesas que la asociación le cedió, y que además era utilizado únicamente por los propios taxistas, que tienen allí su oficina. Concretamente, Velarde le dijo que debía aportar 1.000 euros al mes. La hostelera se quejó, pues "no le pareció justo" y mostró su disconformidad a través de un chat grupal de WhatsApp que comparte con los taxistas del aeropuerto, donde manifestó que su acuerdo era con AENA, a la que debía pagar mensualmente los 2.700 euros citados.

Esto provocó que, en el mismo chat, comenzara a recibir críticas por parte de los usuarios habituales de esta cantina, que le dijeron que "no iban a consumir en el bar" y que se llevarían su propia comida y bebida. Tras una discusión con miembros de Solidaridad, al día siguiente "encontró sus dos vehículos particulares con todas las ruedas rajadas en su domicilio, sin que a los vehículos contiguos les hubiera pasado nada". La mujer manifestó a la Policía su "gran temor" a denunciar a los taxistas porque "tiene varios hijos y nietos".

Para la Policía, queda claro que la asociación Solidaridad del Taxi y, actuando en su nombre, su presidente "cobran una cantidad abusiva en concepto de alquiler de efectos, tratándose en realidad de un verdadero impuesto revolucionario". El atestado de la Brigada de Información apunta que la negativa de colaborar con la asociación al principio "tuvo las consecuencias de la no afluencia de los taxistas al bar, cosa que cambió una vez que la hostelera aceptó pagar la cantidad de 1.000 euros, estando ambos hechos relacionados".

En su declaración, la encargada de la cantina relata que en el exterior del edificio había una toma de agua, así como una caseta con luz del bar, donde algunos taxistas arreglaban sus autocaravanas. "Debido a los gastos tan enormes derivados de agua y luz, habló con AENA para que anulasen la toma de agua y quitaran la caseta". En los tres meses siguientes, "bajó la clientela de modo exponencial". Incluso la mujer tuvo la intención de hablar con Velarde para pedirle que le bajara el alquiler de los mil euros. El informe policial refleja que, cada vez que la mujer tomaba una decisión que iba en contra de la asociación, "sus actos tienen consecuencias, comprendiendo de esa manera el miedo que tiene a declarar lo que ocurre realmente".

Hostilidad en el aeropuerto

La investigación surgió después de que la Policía tuviera conocimiento de la "situación insostenible de hostilidad" que venían padeciendo desde hace mucho tiempo atrás los taxistas, muchos de los cuales "preferían no denunciar y quedar en el anonimato por miedo a posibles represalias". En la parada del aeropuerto, los taxistas que no pertenecían a Solidaridad sufrían "todo tipo de vejaciones, coacciones y amenazas", entre ellos daños en sus vehículos de trabajo. Esto creaba un "enorme perjuicio económico" entre los afectados, que se veían "muy limitados" cuando desarrollaban su actividad laboral con normalidad, "por miedo a los constantes ataques y acoso" por parte de los taxistas de Solidaridad.

Este tipo de acciones ilícitas, constata la Policía en su informe, originó "una gran sensación de inseguridad y alarma social" en el gremio, a cuyos miembros "se les vulneró el derecho a trabajar de forma libre, impidiéndoles usar con normalidad la parada del aeropuerto". Los sospechosos actuaban "de forma coordinada y perfectamente estructurada", con acciones que causaron "terror" en el resto de taxistas. Con estas prácticas, los taxistas del aeropuerto actuaban con "ánimo de lucro", buscando eliminar la competencia laboral y originando un "conflicto latente que perdura en el tiempo y que rompe con ello las normas básicas de convivencia laboral en todo el colectivo del transporte de personas".

El atestado del Grupo VI de la Brigada de Información recoge una serie de testimonios y denuncias de taxistas, que dan una idea del modus operandi de los miembros de la llamada mafia del taxi. En todas las declaraciones existe una "total similitud de hechos denunciados, así como del lugar en el que se producen los mismos, el citado aeropuerto". Pese a que la parada en teoría era libre y en ella podían trabajar todos los taxistas, la Policía constata que Solidaridad "monopoliza con sus afiliados la recogida de viajeros, que les supone unos elevados ingresos", pues tienen una tarifa fija de 24,98 euros de lunes a viernes y 27,84 las noches, fines de semana y festivos, y "no tienen que estar gastando combustible en busca de pasajeros o esperando en otra parada cuyo destino difícilmente llegará a ese precio por trayecto".

El mantenimiento de ese estatus proporciona una "alta rentabilidad" a los presuntos miembros de la mafia del taxi, y la previsión de llegada de vuelos implica un "aseguramiento de carreras en las horas señaladas". La Policía también constata que en ocasiones se realizan "cobros abusivos", dado que muchas veces las personas que utilizan el servicio son de origen extranjero, que en un alto porcentaje no presentan reclamación alguna.

Las escuchas telefónicas

El juzgado autorizó una serie de escuchas telefónicas a los principales integrantes de la asociación Solidaridad del Taxi. A través de ellas, los investigadores tuvieron un conocimiento exhaustivo del funcionamiento de la organización y como los propios directivos de la entidad hablan del monopolio que tienen en el aeropuerto con frases como "guardar el cortijo", "con el beneplácito que tenemos", "lo que nos hemos ganado" o "quién va a ir a trabajar allí", en referencia a que el Palenque es un territorio dominado por ellos.

La Policía incluso diseña un esquema de la estructura de la organización criminal, de la que considera líder absoluto a Antonio Velarde. Junto a él, están dos de sus más estrechos colaboradores, Jorge N. R., y Abraham R. M. Al primero es a quien Velarde propuso "darle una lección" a un taxista que había denunciado ante la Guardia Civil que les habían pinchado las ruedas de su coche. "Tenemos que coger una noche, gente que trabaje de noche, siete u ocho, buscarlo y... que se tenga que ir a su casa, porque esto ya no es normal, tío, le tenemos que decir cucha, te vamos a amargar... las noches y buscarlo por todos lados e irnos para allá y, cucha maricona, tú ya no hablas más de Solidaridad y te juro que le voy a dar cuatro tortas nada más, porque es un hijo de puta...", figura en una de las escuchas. Igualmente, Velarde también recomendó a su número dos que le cobrara cien euros por un trayecto a un cliente turco.

La causa de la mafia del taxi sigue abierta en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, donde quien ejerce de acusación es la asociación Elite Taxi, que está afrontando en solitario los enormes costes económicos del proceso judicial. El juez acaba de prorrogar la instrucción de la misma por otros seis meses más, hasta el 24 de abril de 2026. Uno de los miembros más destacados de la organización fue detenido de nuevo el pasado mes de octubre, después de que amenazara de muerte a uno de los testigos, con el que coincidió en un taller mecánico. Se le imputa también una simulación de delito, pues denunció en falso al testigo en aras de, presuntamente, crear su propia estrategia de defensa ante una posible acción policial.

El presidente de Solidaridad del Taxi está también investigado por presuntamente saltarse la medida de alejamiento, después de que fuera grabado recogiendo a una clienta en la parada de la terminal. El viernes, declaró ante el juez.