La empresa promotora (Faetón capital) del nuevo restaurante de Río Grande a la orilla de la dársena del río, en la calle Betis 69, ha seguido adelante estos días con las obras de construcción, pese a la orden de suspensión de licencia y paralización de las obras ordenada por el Ayuntamiento de Sevilla el pasado 1 de marzo y comunicada a la Comisión Ejecutiva de Urbanismo el 7 de marzo. Así lo han denunciado esta semana los vecinos de las viviendas cercanas (Plaza de Cuba).

Según el testimonio vecinal, todos los días desde que se dio la orden municipal la promotora, ligada al empresario Miguel Gallego que compró la parcela, ha continuado estas obras y recalcan que estas no han cesado ni un solo día desde las 6.00 de la mañana. Y añaden que ven hay una media de 10 a 12 albañiles en la zona de obras y muchos más dentro de las instalaciones.  

Los vecinos explican que la Policía Local de Sevilla lleva dos días (este miércoles y hoy jueves) presentándose en la parcela en obras a requerimiento vecinal. Y agregan que precisamente en esta jornada del jueves se ha personado de nuevo la Policía Local para trasladar lo que está sucediendo a la dirección de Urbanismo de la ciudad y que a las dos de la tarde se podía ver aún a algunos obreros saliendo de la parcela.

Un operario con casco en las instalaciones. Foto tomada este jueves.

Operarios en Río Grande estos días.

Las imágenes que ilustran esta noticia muestran que en efecto hay actividad constructora (trabajadores mezclando cemento en carretillas y manejando ladrillos, etc). Sin embargo, el Ayuntamiento de Sevilla lo niega ciñéndose a lo sucedido este jueves. "La Policía ha constatado que lo que están haciendo en el día de hoy [este jueves] es meter mobiliario. En el caso de que se retomen las obras sin licencia, se procederá al precinto policial", ha respondido el Ayuntamiento a este periódico.

Este periódico intentó sin éxito obtener la versión de promotora Faetón. El grupo Larrumba, que instalará un restaurante en Río Grande, aseguró este jueves que hasta el día 8 de marzo hizo obras en la parcela porque no se le notificó suspensión alguna por parte del Ayuntamiento.

"La Gerencia es quien debe levantar esa suspensión"

Grupo Larrumba, la empresa que va a instalar en Río Grande el restaurante Carbón Negro, señaló este jueves, respecto a las obras que denuncian los vecinos, que estos días atrás ha ejecutado obras para acabar el muro de la terraza hasta que “este miércoles la Policía Local nos paró la obra” mostrándoles la notificación del 7 de marzo de Urbanismo.

Descarga de material en Río Grande este jueves.

El grupo defiende que podía ejecutar obras en la parcela hasta el 8 de marzo porque “no tenía constancia de la resolución anterior, del 1 de marzo, aprobada por Urbanismo”. Mantiene que no ha seguido adelante con las obras una vez paralizadas por los agentes y que desde este jueves lo único que ha hecho es recolocar 100 palés que le han llegado de Bruselas y mover artículos de cocina para dejarlos a buen recaudo.

En relación a la Gerencia de Urbanismo, el Grupo Larrumba señala a Urbanismo como responsable para levantar esa suspensión de licencia, ya que aprobó la licencia de obra de Río Grande sin el informe preceptivo de Costas, lo que ha obligado a suspender la licencia. El grupo lamenta que esta suspensión le ha llevado a dejar en la calle a 120 personas y a tener que contratar a un vigilante por las noches hasta que se resuelva la autorización de Costas. Río Grande ha aclarado este viernes que "no culpa a Urbanismo en ningún momento" que sólo le hace responsable del trámite de la documentación de Costas que debe tramitar la consejería de Medio Ambiente.

Las causas de la paralización de las obras

El abogado Alberto Donaire es quien lleva este caso a los vecinos denunciantes. Donaire, que es también profesor de la UPO y miembro del Consejo Asesor de la Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico (ADEPA), explica que la clave del incumplimiento que ha motivado la paralización de las obras es que la parcela linda con la lámina de agua de la dársena, que pertenece al dominio público marítimo-terrestre, que no se puede ni vender ni transmitir ni embargar. Señala Donaire que no se ha deslindado de la parcela la parte que corresponde al dominio público marítimo-terrestre ni se han contemplado las servidumbres de protección y tránsito a que está obligada la propiedad.  

La licencia otorgada por Urbanismo se ha suspendido hasta que se aporte la documentación necesaria porque las obras "carecen del correspondiente título habilitante para su ejecución", reza la orden. El afectado dispone de dos meses, a contar desde el día siguiente de la notificación, para legalizar las actuaciones. Y si incumple este plazo se le impondrán multas coercitivas. La comisión ejecutiva de Urbanismo conoció tal resolución esta semana, el pasado 7 de marzo.  

Ese título habilitante que falta para proseguir con las obras es el que marca el Reglamento General de Costas (2014) para "obras, instalaciones o actividades en zona de servidumbre de protección en tramos de costa no deslindados", según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Es la comunidad autónoma (consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul) el órgano competente para la tramitación de esa autorización una vez reclame a la Dirección de Costas "la definición provisional de la línea probable de deslinde y la extensión de la zona de servidumbre", según dejó claro el Ministerio competente en Costas (el de Transición Democrática y Reto Demográfico) por escrito a principios de febrero tanto a la Gerencia de Urbanismo como a la Junta.    

Esta ausencia de deslinde por parte de Costas afecta a la situación registral de las dos parcelas desde 2018. El Registrador de la Propiedad dejó señalado en la escritura de compraventa de las dos parcelas de Río Grande que el Servicio Provincial de Costas de Sevilla certificó en febrero de 2018 que no se había hecho tal deslinde. 

El deslinde permite que la orilla siga siendo pública y que los ciudadanos de Sevilla puedan pasear por el río en esta zona.