La odisea de un técnico del 061 atrapado entre el dolor y la burocracia: "Me están obligando a elegir entre mi salud y mi trabajo"

Jaime Castro conoce bien el sonido de las sirenas. Pero el verdadero desafío de este técnico de emergencias sanitarias del CES 061 en Sevilla no está ahora en las ambulancias. Lo atraviesa un dolor crónicó por una lesión y un laberinto burocrático que amenaza su salud y su trabajo. Tras la retirada de su adaptación laboral el pasado julio, asegura sentirse "obligado a elegir" entre su salud y el empleo, mientras la empresa insiste en que ha seguido todos los procedimientos médicos.

Su caso pone en tensión la frontera entre la salud laboral, la gestión administrativa y la seguridad asistencial. Castro sufrió una fractura de estrés en el pie derecho en junio de 2022, que derivó en una intervención quirúrgica en 2023. Aunque el INSS le denegó la incapacidad permanente en 2024, los informes médicos confirmaban dolor crónico, pronación del pie y necesidad de ortesis plantares. El servicio externo de vigilancia de la salud de la empresa recomendó en octubre de 2024 una adaptación "según tolerancia al dolor", y Castro fue reubicado en la Unidad de Soporte Vital Básico de Sevilla. "Fue un alivio. Podía seguir contribuyendo, sin cargar peso ni pasar horas de pie. Trabajaba con dignidad", recuerda.

La estabilidad duró hasta julio, cuando, según Castro, el director provincial del CES 061 le comunicó telefónicamente el cese de su adaptación basándose en un informe erróneo que describía una lesión en "miembro superior y muñeca izquierda", una patología que no correspondía a su caso. A partir de aquí se inició un calvario burocrático.

Tras múltiples reclamaciones, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales reconoció el "fatal error", y el técnico denuncia que le pidieron destruir el documento por contener datos ajenos. "Fue indignante. Me trataron como un número mal archivado, no como una persona con un problema real", lamenta.

Aunque la empresa corrigió la situación dos meses después, el nuevo informe emitido en septiembre declaraba a Castro "apto con limitaciones" y ordenaba su reincorporación a la UVI móvil, según el afectado, "sin documentación alguna que recoja una mejoría clínica". Es más, seguía bajo tratamiento con opioides y ansiolíticos, incompatibles con la conducción de vehículos de emergencia. "Volver a una ambulancia en esas condiciones es una temeridad. Estoy medicado, tengo dolor y ansiedad. No puedo garantizar la seguridad de nadie", advierte.

En septiembre recibió una baja por trastorno adaptativo de ansiedad, y días después la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (UMVI) le envió un alta por SMS, sin valoración presencial.

Recientemente, durante una reunión a tres bandas ante la Inspección del Trabajo con la UVMI y un inspector del INSS, según Castro, el inspector reprochó a la empresa el trato recibido."Se estaban conculcando mis derechos" y añadió que "esto se gana en los tribunales". Para él, fue un punto de inflexión. "Por primera vez alguien del sistema reconocía que lo que me estaban haciendo era una injusticia", afirma.

Consultado por este medio, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 sostiene que "sigue siempre los procedimientos establecidos" por los organismos competentes. "El CES 061 siempre sigue todos los procedimientos e indicaciones que señalan estos órganos y ha realizado en cada momento las adaptaciones contempladas en el informe del servicio de vigilancia de la salud para este profesional", admite la empresa, que remarca que el trabajador "está destinado actualmente en una base con menor carga asistencial y mayor descanso entre turnos, a propuesta consensuada". Castro, sin embargo, niega que exista constancia escrita de la reubicación.

Mientras tanto, desde el comité de empresa del 061, su presidente, José Ortega, denuncia que la situación de Castro no es un caso aislado. "Hay un patrón preocupante. Cuando un técnico necesita una adaptación, en lugar de buscar soluciones, se le castiga con la incertidumbre o la sobrecarga burocrática", señala. "Jaime lleva meses en un limbo, sin notificaciones claras ni un puesto adaptado real", sostiene Ortega que confirma que, al respecto, el comité ha enviado numerosas comunicaciones a Prevención de Riesgos Laborales y Recursos Humanos, sin obtener respuesta. "Es evidente que hay una indefensión", lamenta.

También desde el sindicato CCOO en Sevilla, la delegada Esther Roca ha acompañado al trabajador desde hace más de un año en todo el proceso. Para ella, el problema trasciende lo personal. "Se está comprometiendo la seguridad asistencial", sostiene. "La empresa lo reincorpora a una UVI móvil con un informe que dice que no puede cargar más de diez kilos. Sólo una botella de oxígeno ya supera ese peso", explica. "No hay nuevos medios técnicos ni apoyo adicional. Eso implica que otro compañero asuma sus tareas o que él se arriesgue a lesionarse de nuevo", denuncia.

La asesoría jurídica del sindicato ha presentado una alegación ante el Comité de Seguridad y Salud de la empresa y una demanda por vulneración de derechos fundamentales, responsabilizando al CES061 y al SAS de las consecuencias de esta decisión. Antes, le ayudó con una denuncia previa ante la Inspección de Trabajo. "No se trata sólo de un caso individual, sino de un precedente muy grave en la gestión de la salud laboral en los servicios de emergencias", concluye Roca.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la queja presentada por Castro. Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, el caso se encuentra en fase de estudio y el organismo ha expresado su intención de evaluar la actuación del CES061 y las medidas adoptadas para garantizar la salud laboral del técnico.

Ahora, el caso entra en una fase crítica. Jaime Castro ha recibido una notificación oficial que le concede el alta médica con fecha del 31 de octubre, día en que deberá reincorporarse a su puesto. Sin embargo, asegura no haber recibido ninguna comunicación de la empresa sobre dónde ni en qué condiciones deberá hacerlo. "No tengo información oficial. No sé si volveré a una UVI móvil o si mantendrán la adaptación. Solo sé que ese día me obligan a volver", explica con angustia.

A pesar de todo, su petición sigue siendo la misma. "No quiero una pensión ni una baja indefinida. Solo pido trabajar desde un puesto adaptado. Me gusta mi trabajo, pero no puedo hacerlo si cada turno me pone al borde de una recaída o una crisis", sentencia.