La Oficina Antifraude rechaza la denuncia por supuestas incompatibilidades de la gerente del Alcázar

La Oficina Andaluza Antifraude ha rechazado la denuncia presentada contra la gerente del Alcázar, Ana Jaúregui, por suspuestas incompatibilidades al ostentar además el cargo de vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos a nivel estatal y del Colegio de Ingenieros Técnicos de Sevilla (Cogiti), al estimar que los hechos relatados en la misma "adolecen de carencia manifiesta de fundamento en los términos en los que está configurada, no siendo posible proyectar su actuación".

La denuncia relataba que la gerente está "infringiendo" el régimen de incompatibilidades de altos cargos y aseguraba que según los estatutos del Colegio "se perciben retribuciones por el desempeño de este puesto/cargo". De la misma forma, el denunciante afirmaba que "debe existir un conflicto de intereses en la gestión del Real Alcázar y se pregunta si ha primido en la gestión de creación de puestos de ingenieros en detrimento de arquitectos u otras titulaciones, en la elaboración de los pliegos de contratos de servicios".

Así, la oficina asegura que "atendiendo a los hechos denunciados y sin prejuzgar la legalidad de los mismos, ha de señalarse que, en los términos en que está configurada la denuncia, no se aprecia ningún elemento sobre el que esta oficina pueda proyectar su actuación", asevera.

Dice Antifraude que el patronato del Real Alcázar tiene la condición de agencia pública administrativa local y como tal goza de personalidad jurídica propia, y en su estructura de administración contempla la Gerencia, cuyo titular es nombrado por el Consejo Rector del Patronato. De esta forma, "el control sobre la posible incompatibilidad en que pudiere estar incurriendo la persona titular de la gerencia por desempeñar las vicepresidencias de los colegios oficiales correspondería a este máximo órgano de gobierno del Patronato, sin que esta Oficina en los términos en los que se configura la denuncia pueda acometer actuación alguna", por lo que remite dicha resolución al Consejo Rector "a los efectos oportunos".

Por último, la Oficina asegura que tampoco puede ejercitar sus potestades de investigación en relaicón con supuestos conflictos de intereses en la gestión porque se trata de "meras hipótesis o sospechas". En este sentido, aclara que "no es posible acometer investigación alguna al margen de hehcos concretos que pudieran ser constituvos de fraude y/o corrupción", todo ello sin perjuicio de que se formule una nueva denuncia.