Un policía local jubilado que actualmente está fugado de la Justicia admitió a este periódico que rompió la pulsera telemática que tenía puesta como "un acto de rebeldía", puesto que no cree en el sistema de justicia social de España. El agente, que estuvo destinado en Alcalá de Guadaíra y fue condenado por atentar contra los policías nacionales que lo detuvieron tras el secuestro de sus hijos, sostiene que fue condenado por "la ideología de género" y que está sufriendo una persecución que él no ha visto a otros presos con delitos más graves.

Este policía jubilado reconoce que cometió un error cuando secuestró a sus hijos y atentó contra los agentes que lo fueron a detener, pero que ya le quedaba apenas unos meses de condena. Se encontraba actualmente cumpliendo su pena en el Centro de Inserción Social (CIS), pues tiene trabajo. Tenía colocada una pulsera telemática en el tobillo, que ha decidido romper. Actualmente está fugado y sobre él hay una orden de búsqueda y captura dictada a principios de marzo por el juzgado de Instrucción 9 de Sevilla.

El agente ha recurrido este auto al entender que ha cumplido íntegramente la pena privativa de libertad, por lo que ha solicitado al juzgado que dicte otro auto para que deje sin efecto al primero, así como que declare la extinción de sus condenas.

El agente jubilado citó los ejemplos de José Antonio Griñán, que fue condenado a una pena mayor que la suya y sin embargo no ha entrado en prisión, y de Carles Puigdemont, fugitivo como él que ahora, por motivos políticos, volverá a España sin ninguna consecuencia penal. 

Este policía también mantiene actualmente un pleito con su ex mujer, pues no ve a sus hijos desde hace ocho años. En este periodo asegura que no ha dejado de pagar ni un solo mes la pensión de manutención de los menores, y que la administración penitenciaria no le ha permitido salir de la provincia de Sevilla para poder visitarlos, pues residen en Granada.

El agente acusa a su ex mujer de un delito continuado de sustracción de menores, de otro delito continuado de desobediencia grave a la autoridad y de un delito contra la integridad moral, por los que le solicita más de ocho años de prisión.