El colegio de Triana mantiene a los menores implicados en la agresión

Los menores implicados en la agresión a un niño de 7 años ocurrida el pasado jueves en el Colegio José María del Campo (Triana) continuarán en el centro educativo. Así lo acordó ayer la Delegación territorial de Educación tras la reunión mantenida con el equipo directivo de este colegio y las familias de la víctima y los supuestos agresores. La decisión no ha contentado a la madre del menor agredido, Bárbara Martín, que denunciará al José María del Campo por no haber expulsado a quienes supuestamente le propinaron una paliza a su hijo, cuyas consecuencias provocaron su ingreso hospitalario. La Junta de Andalucía, por su parte, asegura que este "conflicto" se resolvió de forma "satisfactoria" en el comedor.

Las razones de la Delegación de Educación para que estos alumnos sigan conviviendo en el aula es la apertura de un procedimiento, motivo por el cual, hasta que no se obtenga toda la información la dirección del colegio no tomará una decisión. "El centro tiene activadas las acciones que garantizan absolutamente que todos los niños estén en el mismo centro", añadió la delegada territorial de Educación, María Francisca Aparicio.

En función de cómo el equipo directivo catalogue este "incidente" se establecerán distintas medidas. Tras la reunión de ayer, según Aparicio, sólo existen versiones distintas por parte de las familias, por lo que la Administración educativa ha descartado tomar partido por alguna y mantener a los menores en el centro hasta que se "esclarezcan" los hechos. Eso sí, cuando concluya el procedimiento y se cuente con toda la información, la delegada de Educación ya se ha comprometido a elevar este caso a la Fiscalía de Menores para que lo investigue.

Pese a las declaraciones que realizó Aparicio en la puerta del colegio, resulta evidente que Educación desea aminorar la alarma generada al respecto, de ahí que ayer enviara un comunicado en el que daba a conocer la versión de la monitora del comedor escolar sobre lo ocurrido el pasado jueves. Según el testimonio de esta trabajadora, durante la hora del almuerzo se produjo un "conflicto" entre dos alumnos que se resolvió "satisfactoriamente" por los monitores que se encontraban al cargo. "Al día siguiente se activó el protocolo de acoso escolar y la directora se reunió con la familia afectada para recabar información sobre la denuncia. Así consta en un acta firmada del encuentro", explica el comunicado de la Junta.

Este relato no coincide con el que ha expuesto la madre del niño que recibió la supuesta paliza, según la cual su hijo sufrió dos agresiones aquel día: una en el patio de recreo por parte de tres compañeros de 8, 9 y 10 años y otra en el comedor. La responsable de Educación en Sevilla subrayó en este punto que "todo sucedió en el comedor", donde la monitora "aplicó el protocolo de mediación". "Como es normal en estos casos, los dos alumnos se entendieron y acabaron la disputa", apostilló Aparicio.

Otro aspecto en el que la versión de la Junta tampoco coincide con la de la madre son los años que el menor lleva sufriendo el supuesto acoso escolar. Según Bárbara Martín, esta situación la denunció en el colegio hace dos años, sin que desde entonces se le haya dado ninguna solución. La madre asegura que el menor ha cambiado durante este tiempo de actitud y permanece con las persianas bajadas de su dormitorio. Por contra, Educación defiende que "desde 2013 no se registra ninguna incidencia en conductas gravemente perjudiciales para la convivencia escolar, tampoco de la familia denunciante". La Administración autonómica pone como ejemplo de la normal convivencia el proyecto de mediación que el José María del Campo lleva a cabo con el Ayuntamiento y la Universidad Pablo de Olavide.

La delegada pidió prudencia antes de calificar este caso como acoso escolar, pues ha de activarse el protocolo establecido por la Junta para comprobar las actuaciones y "verificar" si se ha llegado a tal extremo. "Hay que contrastar todo antes, por lo que aún no se puede considerar como tal", afirmó Aparicio, quien se puso a disposición de las familias implicadas en la agresión.

El que sí ha decidido tomar ya cartas en el asunto ha sido el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maztu, que ha abierto una queja de oficio, dirigida a la Delegación de Educación, tras haber tenido conocimiento del ingreso hospitalario del menor de 7 años. Maeztu considera que existen "datos preocupantes" que necesitan un "análisis". "Una vez estudiada la información que se nos remita, se considerará si es necesaria una intervención más profunda", indicó el Defensor.

La intención de Maeztu es "analizar" el seguimiento del protocolo contra el acoso escolar y comprobar si el colegio adoptó con anterioridad algún tipo de medida, motivo por el cual se pedirá a la Delegación de Educación el informe de este caso.