Sevilla

La juez envía a prisión al dueño de Contsa imputado por cuatro delitos

  • La Fiscalía pidió su encarcelamiento tras constatar que realizó operaciones sin declarar por importe de seis millones en los meses previos a la suspensión de pagos · Luis Castel compró bienes a la sociedad

El propietario de Contsa, José Salas Burzón, ingresó ayer en prisión, nueve meses después de que se declarara la suspensión de pagos de la inmobiliaria. El espectacular giro del caso se produjo durante el transcurso de una comparecencia del dueño de Contsa ante la titular del juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, que investiga la denuncia presentada por varios inversores, y en la que la Fiscalía le imputó hasta cuatro delitos: estafa, falsedad contable, administración desleal e insolvencia punible.

Salas Burzón compareció ayer por tercera vez ante la juez, en una declaración que fue solicitada precisamente por la Fiscalía hispalense después de que el informe realizado por los administradores concursales designados por el juzgado de lo Mercantil detectase la existencia de un agujero de 86,8 millones en las cuentas de la empresa y que el número de acreedores ascendía a 1.653, casi tres veces más de los que el dueño de Contsa declaró.

A raíz de ese informe y de sendas investigaciones que estaban realizando el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional (Sepblac) y la Agencia Tributaria se averiguó que, en los meses precedentes a la suspensión de pagos, en concreto entre octubre de 2007 y enero de este año, Contsa realizó varias operaciones de venta de activos por importe de al menos seis millones de euros que José Salas no declaró a Hacienda ni tampoco reflejó en las cuentas facilitadas al juzgado Mercantil.

Entre esas operaciones se encuentran dos pagos que realizó el empresario Luis Castel -que se barajó como uno de los posibles compradores del Real Betis- por 3,4 millones. La investigación ha revelado que Castel entregó el 31 de diciembre de 2007 un cheque a Contsa, por tres millones, para adquirir una hipoteca sobre un hotel que se estaba construyendo en el Rocío. Con fecha 30 de enero de 2008, Salas cobró un pagaré de Castel por valor de 400.000 euros, en relación con la venta de dos áticos en la calle Asunción.

El propietario de la inmobiliaria, que hasta su declaración de ayer había negado que recibió este dinero, explicó en su declaración judicial que esas cantidades fueron destinadas a pagar en metálico a cinco acreedores de Contsa, entre los que se encuentra un socio de la misma empresa.

La Fiscalía pidió el ingreso en prisión sin fianza de Salas Burzón, al considerar que con su actuación había "agravado la situación de la empresa", aunque el imputado declaró que fue el "primer sorprendido" por los resultados del informe de los administradores concursales y volvió a culpar a su hermano, que se suicidó en febrero pasado, de la gestión de la contabilidad.

Esta misma respuesta es la que dio Salas Burzón cuando fue interrogado por la existencia de pasivos ocultos -Contsa no declaró deudas por valor de 65 millones correspondientes a un millar de personas-, la ausencia de un saldo de caja declarado de 19 millones o la realización de ventas falsas por importe de otros cinco millones en 2007. Con respecto a estas ventas, la Administración concursal detectó la existencia de 6.316 facturas, cada una por importe de 550 euros en concepto de estudio de expedientes informativos sobre propiedades en subastas públicas, unas maniobras que Salas atribuye supuestamente a su hermano, encargado de la contabilidad de la empresa. Muchos supuestos clientes que figuraban en estas facturas confirmaron que no habían recibido servicios ni pagaron ningún importe, lo que podría suponer un fraude a la Hacienda Pública por un montante de más de medio millón, al no haberse declarado el hipotético IVA aplicado a estas facturas.

El responsable de la inmobiliaria también mostró su aparente "sorpresa" cuando se le interrogó por unos inmuebles en Miami que son propiedad, en un 70%, de una empleada de Contsa que actuaba como posible testaferro.

Salas Burzón abandonó los juzgados sobre las 16:30, custodiado por la Guardia Civil y la Policía, en dirección a la prisión.

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