José Salas Burzón, dueño de la inmobiliaria Contsa, ha presentado 265 alegaciones al informe de los administradores judiciales sobre la suspensión de pagos de su empresa, que presenta un "agujero" de 86 millones de euros.

Fuentes del caso han dicho hoy a Efe que el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, una vez cerrado el plazo de impugnaciones, ha recibido 265 del propio empresario, 17 procedentes de alguno de los 1.653 afectados y una de la esposa del empresario, que pretende que no se embargue una de sus propiedades para responder por las deudas de Contsa.

Las alegaciones de los afectados se refieren a discrepancias sobre el valor de sus inversiones en Contsa y las del empresario se centran en la valoración de sus activos y en discrepancias sobre la lista de deudores, han añadido las fuentes.

El informe de los administradores judiciales de la inmobiliaria, presentado en julio pasado, apreció un "agujero" de 86,8 millones de euros entre el activo de 28,4 millones y el pasivo de 115,2 millones, y fue uno de los detonantes para que la juez decretase el pasado 3 de octubre el ingreso en prisión incondicional del empresario.

La empresa, que captaba pequeños ahorradores con la promesa de intereses desorbitados, sólo ha reconocido ante el Juzgado de lo Mercantil 609 acreedores y unas deudas de 49.399.202 euros.

Las fuentes han explicado a Efe que, a la vista de estos "incidentes concursales" presentados, la juez de lo Mercantil puede optar por celebrar un juicio individual para cada uno de ellos o acumularlos y convocar un macrojuicio al que deberían ser citados los abogados de Consta y de los 265 inversores afectados por la impugnación.

La decisión de la juez sobre la realidad patrimonial de Contsa es susceptible de recurso ante la Audiencia de Sevilla.

Una vez aclarada la cantidad objeto de polémica, debe ser incorporada al informe oficial de los administradores judiciales y servirá de base para llegar a un convenio de acreedores o a la liquidación de la empresa.

La esposa de Salas, M.L.B.D., ha presentado una sóla alegación al informe de los administradores apelando a la llamada tercería de dominio, pues a su juicio le pertenece uno de los dos bienes embargados como patrimonio de Contsa.

Esta mujer está citada el viernes como imputada ante la juez de instrucción 17 de Sevilla como presunta cooperadora necesaria en los delitos de estafa piramidal, falsedad contable, administración desleal e insolvencia punible de que se acusa al empresario.