A veces las cuestiones que se ponen sobre la mesa son tan evidentes y claras que cuesta llegar a entender el caos y la confusión que algunos se empeñan en generar sobre ellas. Y parece que nuestro país está demostrando ser especialista en ello. Estamos llegando a un colapso mundial que a la vista está: cambio climático, enfermedades, guerras, incendios, contaminación…, tristeza, pérdida de identidad y vacío. Y a pesar de todo ello muchas personas siguen dando la espalda a la realidad, poniendo en riesgo el futuro de nuestra propia especie, simplemente por interés cortoplacista bañado en pura codicia.

La UE ha dado un carpetazo sobre la mesa y apuesta por un futuro digno y la oportunidad nos la proponen hoy con la nueva reforma de la PAC (Política Agraria Común) apostando claramente por una PAC verde que rompa con este sistema destructivo que hemos creado. Contribuir a la mitigación del cambio climático; promover la gestión eficiente de los recursos naturales (agua, suelo y aire); contribuir a la protección de la biodiversidad, de los hábitats y paisajes son tres objetivos básicos que específicamente se priorizan en la elaboración de los planes estratégicos de la nueva PAC (2023-2027) e inexplicablemente nuestra Consejería de Agricultura junto a las Organizaciones Profesionales Agrarias (Asaja, COAG, UPA y cooperativas agro-alimentarias) se niegan rotundamente al cambio aun sabiendo que esto supondría la ruina total de la ganadería extensiva y de la agricultura de montaña, incrementando el alarmante despoblamiento.

La PAC actual se basa en unos derechos históricos que corresponden al pasado, en una productividad que en su día se midió y que apostaba por la cantidad a costa de lo que fuese, generando así unos pagos básicos discriminatorios y descompensados que no se ajustan a las necesidades reales de cada producción y que son los responsables de la desigualdad territorial que sufre hoy nuestro país.

Ahí se quedó el reparto de las ayudas (pago básico) que en la actualidad sigue vigente. Cómo explicar un reparto que, dependiendo de la región, recibes más o menos cuantía aun produciendo el mismo producto como es el caso del olivar: uno de montaña recibe una media de 137,54 euros por hectárea de Pago Básico y uno intensivo, 503,81 euros por hectárea. Y cómo explicar que la diferencia entre los distintos cultivos sea tan abismal, llegando a recibir algunas hectáreas productivas intensivas más de 1.000 euros y otras como los pastos de la ganadería extensiva apenas 70. Todo ello alimenta ferozmente la desigualdad territorial, cosa que desgraciadamente sólo sucede en nuestro país.

Y cómo no poder ver que muchas situaciones han cambiado, que los jóvenes productores se encuentran todo viciado y que muchos antiguos productores ya no están vinculados directamente al territorio y no tienen como actividad principal dicha profesión pero sí mantienen los derechos históricos. Y a los datos nos remitimos, ya que los mayores perceptores de la PAC viven en las grandes ciudades y esto empobrece el territorio, invitando al abandono de las pequeñas y medianas empresas, agudizando así el alarmante despoblamiento ya existente. La PAC actual no contempla de manera especial y diferenciada a los sistemas productivos sostenibles y respetuosos con el medio y sin embargo sabemos que hoy a la sociedad sí que les importa la sostenibilidad y el bienestar general.

Cuando la Comisión habla de reforma, aunque a la consejera no se lo parezca, se trata de un cambio, no de unos simples consejos, sino de un cambio real acorde con los objetivos establecidos. Y claro que no es brusco, ya que España tiene dos años de adaptación para desmontar la desigualdad existente, cosa que se agradece ya que los cambios requieren algo de tiempo y los productores y productoras deben adaptarse y reinventarse si fuese necesario.

En el caso de las organizaciones profesionales agrarias, con su no rotundo a la tarifa plana muestra el rechazo al cambio por un bien común, rechazo que vendrá avalado por el miedo y por el alboroto comprensivo que todo ello pueda causar, porque a fin de cuentas estamos hablando de cambiar la forma de repartir una ayuda, y seguro que en las mesas de debate se crispará bastante el ambiente cuando se hable de dinero, y existirán presiones que ni podemos sopesar. La postura de las organizaciones y de la Consejería lo único que crean es malestar y enfrentamientos, dejando en evidencia la incapacidad de unión que están mostrando, cuando lo único que ha pedido Europa es coherencia y justicia a la hora de repartir dicha ayuda para poder afrontar de la mejor manera posible el futuro venidero.

Y lo que sí hay que tener en cuenta, es que tarde o temprano el cambio se hará, les guste o no, puesto que si no la Comisión Europea, tras la revisión del funcionamiento de la nueva PAC (2023-2027) seguramente de una forma u otra sancionará a nuestro país por ser incapaz de llevarlos a cabo, y sería algo muy decepcionante y triste que nos perjudicaría terriblemente. De ahí el fomentar desde ya un reparto equitativo que rompa esa desigualdad y que incentive las buenas prácticas ambientales, porque sería lo justo para todos ya que ese equilibrio a corto y a largo plazo revertiría positivamente en nuestra sociedad causando un gran bienestar en todos sus niveles.

La Sierra Norte de Sevilla, al igual que el resto de las sierras andaluzas, se encuentra totalmente desprotegida y no tienen ningún tipo de representación en las mesas de decisiones, porque somos menos y para las organizaciones agrarias no somos rentables a corto plazo, pero no nos quedaremos de brazos cruzados ante tal barbarie puesto que, esta vez, nos jugamos, todo un futuro.