La testigo protegido se retracta y dice que implicó a una acusada por las presiones de la Policía

Una testigo protegido ha asegurado este miércoles en el juicio por el robo de los 154 kilos de cocaína y heroína en la Jefatura que la acusada María Violeta Sánchez no le confesó que su marido y un policía estaban implicados en la sustracción de la droga, algo que, según ha dicho, declaró por supuestas presiones de la Policía.

La testigo, que ha declarado este miércoles a puerta cerrada en el juicio, ha asegurado que todo lo que contó en su declaración es "mentira", según han explicado los abogados de la defensa. Según su testimonio, en su comparecencia afirmó que la acusada le había confesado que su marido y un policía estaban implicados en el robo de la droga, porque los investigadores le "amenazaron con meterla en la cárcel si no decía lo que ellos querían".

La testigo añadió que lo único que María Violeta le dijo es que tenían un problema y estaban investigando a su marido, pero no que tuviera relación con el robo de los estupefacientes en la Jefatura. La mujer, que supuestamente contó lo mismo a una vecina suya que también era funcionaria de la Policía, ha explicado a este respecto que no se acuerda de lo que le contó a este otro agente porque ha pasado mucho tiempo.

Un sindicato se querellará contra Lars Sepúlveda

El Sindicato Profesional de Policía (SPP) anunció ayer que presentará una querella por calumnias e injurias contra el ex agente de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Lars Sepúlveda por sus manifestaciones en el juicio, en las que vertió "gravísimas acusaciones" contra el jefe de la Udyco, Francisco T. P., al que culpó de haberle ordenado que elaborara los paquetes falsos con los que se dio el cambiazo a la droga en la Jefatura. El SPP envió ayer un comunicado en el que asegura que estas acusaciones son "manifiestamente falsas y obviamente en el ejercicio de su derecho de defensa", pero anuncia que las mismas "tendrán una respuesta contundente" por parte del jefe de la Udyco y afiliado de este sindicato, que emprenderá acciones legales. "El derecho de defensa no permite calumniar gratuitamente a nadie y las afirmaciones realizadas en el plenario ponen en entredicho el buen nombre de nuestro afiliado y del Cuerpo Nacional de Policía", concluye.