el conflicto del taxi

Filgueras defiende que no se le investiga por el incendio de los coches de VTC

  • El presidente de la asociación Solidaridad del Taxi y otros siete taxistas se acogen a su derecho a no declarar ante la juez que investiga la macrocausa por la presunta mafia del sector.

Uno de los imputados sale de los juzgados de Sevilla Uno de los imputados sale de los juzgados de Sevilla

Uno de los imputados sale de los juzgados de Sevilla / Juan Carlos Vázquez

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Los ocho taxistas de Solidaridad Hispalense del Taxi citados a declarar como investigados en la macrocausa abierta contra la presunta mafia del taxi de Sevilla se acogieron este lunes a su derecho a no declarar ante la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, alegando que tenían que revisar y aportar una documentación nueva a la causa. Entre los taxistas que se negaron a responder a las preguntas están el presidente de la asociación, Enrique Filgueras; el vicepresidente, Cesáreo Román; el tesorero, Antonio Velarde; y el secretario, Francisco Ternero, alguno de los cuales era la segunda vez que comparecían ante la instructora. Filgueras, por ejemplo, ya acudió a los juzgados el 28 de junio, mientras que Velarde lo hizo el 19 de julio.

Filgueras afirmó a los periodistas, antes de comparecer ante la instructora, que "jamás se les ha imputado en ningún caso con algo que tenga relación con el taxi fuera de Sevilla capital", en alusión al incendio durante la pasada Feria de Abril de nueve vehículos de la empresa VTC Cabify en un hotel rural de Castilblanco de los Arroyos la madrugada del 1 de mayo, hechos que no obstante sí se investigan en esta misma macrocausa.

El presidente de la asociación de taxitas que controla el aeropuerto de San Pablo añadió que "no tienen nada que ocultar" y anunció que iban a responder a las preguntas que se le hicieran, aunque finalmente se acogieron a su derecho a no declarar.

El director del aeropuerto y un ex gerente de Tussam declaran como testigos

La juez también había citado este lunes a declarar a varios testigos, entre ellos los ex delegados de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento Francisco Fernández y Blas Ballesteros, respectivamente, quienes no acudieron a declarar por problemas relacionados con la notificación de las citaciones. Quien sí declaró es Manuel Torreglosa, que fue gerente de Tussam en 2012, y quien manifestó en relación con el aeropuerto que no tuvieron que disminuir el número de autobuses por supuestas presiones de los taxistas, sino que dijo que en esa época se "incrementó" la frecuencia de la línea de aeródromo y el volumen de pasajeros, con autobuses de mayor capacidad.

También prestó declaración como testigo el director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, quien fue interrogado por el bar que Solidaridad del Taxi tiene en las instalaciones del aeródromo. Según fuentes del caso, el director del aeropuerto explicó sobre la cámara que graba el túnel de la parada de taxis que se instaló precisamente para que los taxistas controlaran que dicha parada estuviera siempre abastecida de vehículos de este servicio público. La cámara es además propiedad de Aena.

De otro lado, la juez Reyes Flores decidió suspender la declaración de otro testigo, el taxista que regenta el bar de Solidaridad del Taxi en el aeropuerto -en un local alquilado por AENA para el uso de almacén y sala de descanso-, y pidió a la Fiscalía de Sevilla que emita un informe sobre si esta persona debe ser citada a declarar como testigo o en calidad de investigado, si pudiera derivarse de las actuaciones que podría ser finalmente imputado.

En esta causa ya ha declarado como testigo el delegado de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, que fue gerente del Instituto del Taxi.

La juez pregunta a la Fiscalía si el taxista que regenta el bar debe ser también imputado

La titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla reunió en esta macrocausa todas las investigaciones relacionadas con el sector del taxi, entre ellas la que lleva la Guardia Civil por la quema de los nueve vehículos que habían venido a reforzar el servicio de Cabify durante la Feria de Abril.A principios de junio, la Policía Nacional registró la sede de Solidaridad del Taxi en la terminal aérea de San Pablo. La investigación de la Brigada de Información de Sevilla se saldó con cinco taxistas detenidos y más de una treintena de imputados por hasta cuatro delitos distintos: amenazas, daños, coacciones y pertenencia a organización criminal.

La investigación surgió a raíz de las denuncias de las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), que desde finales del año pasado han sufrido reiterados sabotajes y ataques tanto en el aeropuerto como en otros puntos de la ciudad. En ese registro, la Policía halló las copias de más de 60 boletines de denuncia cuyos originales no han sido tramitados por el Instituto del Taxi. Es más, no aparecen ni nadie sabe dónde están. Este organismo permanece a día de hoy sin director y la persona que declaró ante la juez es una funcionaria que llevaba sólo dos meses en el puesto. El local que AENA tiene alquilado a la asociación de taxistas es un almacén de 70 metros cuadrados por el que Solidaridad paga al mes 618,27 euros. AENA no dice nada acerca de la cafetería que tiene abierta la asociación en este local, ni tampoco de la oficina ni del gimnasio que hay en la azotea del mismo y que recientemente ha sido desmantelado. De hecho, no hay ningún otro aeropuerto de España en el que se utilice un local de AENA como cafetería sin que se haya abierto un concurso público para su gestión.

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