Con la patata caliente del asunto Monchi encima de la mesa, este lunes se le presenta movido al consejo de administración del Sevilla, puesto que debe recibir la notificación oficial de la petición por parte de José María del Nido Benavente de la celebración de una Junta General Extraordinaria de Accionistas como consecuencia del sentido de la sentencia dictada por el titular del Juzgado número 2 de lo Mercantil, quien la semana pasada dictaminó que el actual consejo cometió la ilegalidad societaria de privar de su derecho al voto en uno de los puntos del orden del día al máximo accionista a título individual y ex presidente de la entidad. Concretamente, el punto que debía decidir por votación de los accionistas la remoción de todos los cargos del consejo y el nombramiento de nuevos consejeros.

Del Nido, según ha podido conocer Diario de Sevilla, instó a ello en un requerimiento notarial firmado el pasado viernes al consejo de administración una vez que la decisión del juez fue otorgarle el derecho al voto en la elección de los cargos o cualquier otro punto en una extensa sentencia de 62 folios en la que no dictaminó el cese de los gestores actuales, entre otras cosas porque no tiene facultad para ello, ya que sólo una Junta de Accionistas tiene potestad para llevarlo a cabo.

A partir de la notificación notarial al consejo del requerimiento presentado por Del Nido, los actuales gestores tienen un mes a contar desde la fecha (desde este lunes) para hacer la convocatoria oficial de la Junta Extraordinaria de Accionistas y otro mes desde que se convoca para su celebración. Quiere decir que si agota los plazos será a mediados de agosto (casi coincidiendo con el comienzo de la Liga y la Supercopa de Europa), fecha que puede significar el final del control de la entidad por parte de José Castro y Del Nido Carrasco, quienes impidieron al ex presidente votar en virtud del pacto de gobernabilidad y por el derecho de agrupación de las minorías que había ejercido previamente con sus acciones.

Eso sería así si ambas partes contaran con los mismos apoyos con los que fueron a la última Junta Ordinaria, en diciembre pasado, cuando el consejo no pudo sacar adelante en la votación ni la gestión ni las cuentas del ejercicio 21-22. Evidentemente, estos apoyos pueden haber cambiado y pueden cambiar de aquí a la celebración de la Junta, que por las fechas que marca la ley de sociedades mercantiles y si el actual consejo trata de demorarla al máximo, sería en agosto. Una parte y otra, con diferente criterio, entienden que ganarían la votación en la próxima Junta en virtud de los apoyos accionariales con los que cuenten.

Eso es algo que determinarán los resultados de la votaciones, pero lo que la sentencia del juez ha dejado claro es que Del Nido podrá votar y que si la presidencia vuelve a impedírselo estaría cometiendo un delito societario tipificado como grave. “Estimo parcialmente la demanda de la representación procesal de José María del Nido Benavente frente a la entidad Sevilla FC SAD y en consecuencia declaro que el Sevilla FC SAD privó ilegítimamente a José María del Nido Benavente de su derecho de voto durante la celebración de la Junta General de Accionistas del Sevilla FC celebrada el 29 de diciembre de 2022 en relación con el punto décimo del orden del día, relativo al cese de los miembros del consejo de administración”, reza el fallo del magistrado que se hizo público la semana pasada, una vez que el juzgado tuvo la deferencia de dejar pasar la final de la Europa League disputada por el equipo de Mendilibar en Budapest y los actos de celebración tras conquistar el título para no enturbiar el ambiente y no distraer al equipo con cuestiones no deportivas.

Castro tiene una segunda patata caliente, junto al caso Monchi, para llevar a la reunión del consejo de administración que se ha convocado para este lunes, mientras la afición espera ansiosa noticias sobre el futuro que puede deparar a la entidad, tanto en materia deportiva con la decisión que se adopte con el director general, como a nivel societario e institucional, con una cuestión de gran calado como un cambio radical en la cúpula de gestión.